Trabajadores mantienen campamento frente a la sede del ente; rechazan rescisión de contratos y redistribución

Antel: guardahilos incumplen acuerdo firmado

Los guardahilos se ocupan del mantenimiento de las líneas telefónicas en el interior del país con excepción de Canelones. Se trata de unas 100 personas, con una remuneración superior a los $40.000 (en la gran mayoría de los casos) a lo que debe sumarse un viático por locomoción que ronda los $15.000. Están vinculados a Antel por un contrato de arrendamiento de servicios.

El conflicto surge a raíz de un estudio del Ente que concluía en la necesidad de disminuir y redistribuir los servicios prestados por los guardahilos lo que incluía una rescisión de los contratos.

En la etapa de negociación que se llevó a cabo Antel se comprometió a conservar el número de personas que desempeñan funciones de acuerdo al actual régimen de contratación y suspender momentáneamente las medidas de reestructura para ese sector. También se comprometió a realizar un llamado abierto de méritos y antecedentes para suscribir contratos según el régimen de la ley 17.556 que implica un contrato de trabajo a término por 12 meses, pudiendo ser renovable por dos períodos anuales, «siempre que el rendimiento haya sido satisfactorio a criterio de Antel». Además se definía una jornada laboral de 8 horas, beneficios sociales, licencia anual, seguro de enfermedad, etc.

En el acuerdo firmado también figuraba que Antel se comprometía a tener en cuenta los antecedentes de servicios prestados a la empresa y que los nuevos contratados recibieran remuneraciones iguales a las que perciben los funcionarios de Antel que realizan tareas similares.

Una precisión importante fue que el Ente ratificó su postura de no reconocer a los guardahilos el carácter de funcionarios o trabajadores dependientes de la empresa y que se debía cambiar el régimen contractual que hasta ahora vincula «a estos contratistas» con la empresa.

Se acordó asimismo sobre la necesidad de suspender los juicios iniciados por los guardahilos con demandas que llegan a los 25 millones de dólares al reclamar por créditos laborales impagos desde 2002.

Según señalara María Simón, presidenta de Antel, no se aceptó negociar el pago de las sumas reclamadas en juicios por «carecer de toda base legal, por lo cual no estamos dispuestos a utilizar dinero público para pagar ningún tipo de indemnización o deuda por créditos laborales que no reconocemos».

Actualmente no existe diálogo entre las partes. Un grupo de guardahilos está acampado junto a la Torre de las Comunicaciones y según fuentes de la empresa, un asesor del Directorio ofreció a los acampantes mantener una entrevista con las autoridades, a lo que se negaron. «Parece que interesa más realizar esta movida que mantener una audiencia de negociación, todo lo cual preocupa porque Antel, que es el buque insignia de las empresas públicas, ha comenzado a ser bombardeado desde varios frentes, que si bien coinciden en el tiempo no parecen estar coordinados ya que, a las críticas por un lado de blancos y colorados, hay que sumarle «manijas» con temas como el asunto de las guías telefónicas, con los gastos en publicidad, con contrataciones de gente, los call center y otros temas. *

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