Justicia penal ya está analizando el expediente de Casinos Municipales

La jueza Fanny Canessa ya analiza el expediente sobre presuntas irregularidades en la administración de los Casinos que la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) le remitió a mediados de semana. En los próximos días, la magistrada resolverá las medidas a tomar para iniciar la instrucción del caso.

El martes pasado, el titular de la IMM, Ricardo Ehrlich, firmó la resolución que concluyó la investigación administrativa en torno a las posibles irregularidades registradas en los casinos de la comuna entre 2000 y 2005, y dispuso el pasaje del expediente a la jueza Penal de 6º Turno, doctora Fanny Cannessa, quien en su sede ya tiene una denuncia sobre el tema.

Según indicaron a LA REPUBLICA fuentes cercanas al caso, la jueza ya comenzó el análisis de la información que le envió el municipio, y en los próximos días, entre el martes y el miércoles, una vez culminado el turno, dispondrá las primeras medidas instructorias de esta causa, no descartándose la posibilidad de solicitar las primeras citaciones.

El informe de la IMM concluyó que si bien no hubo ilícitos en la administraciones de los casinos, la investigación interna señaló que hay «elementos dudosos». La comuna no puede disponer otras medidas inquisitivas sobre el asunto, y por tanto se tomó la decisión de derivar el caso a la Justicia Penal, en el marco de la denuncia iniciada por el edil colorado César García.

La investigación de estas presuntas irregularidades apuntan a la gestión entre 2000 y 2005 que encabezó el ex jerarca municipal Juan Carlos Bengoa, actual director general de Casinos, a quien los funcionarios agrupados Federación Nacional de Juego (Fenaju) acusan de haber realizado una mala gestión deliberada para privatizar las salas municipales en beneficio de privados.

Los cuestionamientos recaen además sobre dos ex asesores de Bengoa: Luis Orestes González (actual director nacional de Loterías y Quinielas) y José Antúnez, responsables de una «nueva estrategia de negocio, basada en la incorporación de nuevas máquinas tragamonedas mediante la modalidad de participación de los cocontratantes en las ganancias producidas por los slots».

En primera instancia, la Asesoría Jurídica de la IMM entendió que los tres jerarcas «habrían incurrido en irresponsabilidad administrativa», aunque se aclaró que la nueva estrategia fue aprobada por el entonces intendente Mariano Arana y que la contratación directa «intrínsecamente no implica ilegalidad o irregularidad administrativa». Bengoa, González y Antúnez, al no ser ya funcionarios municipales, no pueden ser sancionados administrativamente por la administración Ehrlich, por tanto, se deberá aguardar a que la jueza Fanny Canessa y la fiscal Olga Carballo establezcan si efectivamente existieron acciones irregulares que ameriten el accionar de la Justicia Penal. *