El INE no será transformado en una persona pública de derecho privado

Desde hace algún tiempo las jerarquías del INE han detectado en el organismo ciertos aspectos burocráticos que «traban» el desarrollo normal de sus actividades lo que le impide manejar en forma ágil los recursos para poder mantener a sus encuestadores en toda la República y, a la vez, contratar personal especializado, ya que muchos de sus funcionarios han optado por los retiros incentivados.

Esa situación llevó a que hacia fines del año pasado la directora del INE, Alicia Melgar, junto a directores y subdirectores de división, comenzara a estudiar la posibilidad de «transformar» al instituto para dotarlo de mayor independencia económica y, a la vez, de mayor flexibilidad para contratar personal.

Incluso, las autoridades del instituto solicitaron un informe jurídico al doctor Carlos Delpiazzo, quien puso a consideración de las jerarquías una gama de posibilidades para modificar al INE.

La dirección del instituto optó por la propuesta de transformarlo en una persona pública de derecho privado, pero manteniéndolo como un organismo estatal. Esa alternativa fue puesta en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, del anterior director y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Carlos Viera y Daniel Mesa, y de los trabajadores, aseguraron fuentes del INE.

Posteriormente, y ante la eventualidad de que la iniciativa fuera incluida en la próxima Rendición de Cuentas, el pasado martes los funcionarios del organismo se declararon en «conflicto» porque consideran que se está planteando una «privatización encubierta».

Los funcionarios pretenden que el INE «mejore la calidad de las estadísticas», pero se oponen al proyecto «presentado ante las autoridades de gobierno».

«En dicha propuesta, la autoridad máxima es una Dirección Ejecutiva con atribuciones totales que implican entre otras cosas, designar, trasladar y despedir personal a su arbitrio, aprobar el presupuesto y el plan de actividades del instituto», explicó Nicolás Sommaruga, integrante de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos (AEEC).

Aseguró que la propuesta «compromete la autonomía técnica que deben tener las estadísticas oficiales que afectan a la sociedad en su conjunto».

El sindicato entiende que no se puede dejar en manos de una sola persona la decisión de elaborar indicadores tales como el Indice de Precios al Consumo (IPC), que actualmente se aplica para ajustar los salarios, contratos, unidad indexada y deudas; la Tasa de Desocupación; el Indice Medio de Salarios que ajusta jubilaciones y pensiones; y la Unidad Reajustable.

Además consideran que los problemas del INE no son diferentes a los de otras reparticiones públicas y que las «ineficiencias y carencias del Estado no deben solucionarse cambiando la persona jurídica, sino ajustando desde dentro toda la estructura del Estado y con la participación de los trabajadores».

 

«No habrá cambios drásticos»

Sin embargo, ayer el actual subdirector de la OPP, Conrado Ramos, se trasladó al INE y participó en una asamblea que mantuvieron los trabajadores del organismo.

Ramos comentó a los funcionarios lo que en su momento ya había manifestado el director de la OPP, Enrique Rubio, referido a que están «dispuestos al diálogo».

Agregó que la OPP es partidaria de mantener todas las instituciones dentro del derecho público, por lo cual no pretenden impulsar las figuras públicas no estatales porque ellas «no son el camino para solucionar el rol de la administración».

Aunque afirmó que, como representantes del gobierno tienen la obligación de dirigir al país y dar determinadas directivas las cuales pueden ser discutidas, reafirmó que no son partidarios de cambios «tan drásticos», indicaron fuentes participantes del encuentro.

El sindicato asegura que «hay una señal positiva» a través de la palabra de Rubio y Ramos de que no se modificará la estructura jurídica del INE, pero reclaman un compromiso «por escrito» de parte de las autoridades. La AEEC se volverá a reunir el próximo martes.

Por su parte, la directora del INE, Alicia Melgar, señaló que «la propuesta de transformar al organismo en una persona pública de derecho privado, pero que continúe siendo un organismo estatal, sólo ha sido una posibilidad entre tantas».

Reconoció que al ser una iniciativa «muy resistida por el funcionariado» y teniendo en cuenta que «la opinión de la OPP es mantener todas las instituciones dentro del derecho público», ello hace pensar que «no será seleccionada».

Por lo cual aseguró que la solución sería aprobar una ley especial que le dé mayor autonomía al instituto en cuanto a la disponibilidad de sus fondos, pero sin que cambie de figura jurídica. «A la vez se requiere una reestructura porque será necesario ampliar la plantilla de funcionarios».

Mientras que tanto Rubio como Ramos manifestaron un claro apoyo a la idoneidad técnica y a la persona de Alicia Melgar. *