Uruguay sería denunciado ante la Corte de Costa Rica por cerrar el Caso Gelman

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría denunciar en julio al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por mantener la Ley de Caducidad e impedir la acción judicial en el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman.

La CIDH no tenía incluida en su agenda ordinaria de sesiones de marzo y octubre de 2007 el caso Gelman, pero la firme posibilidad de que sea convocada una sesión extraordinaria del organismo de la OEA en julio posibilitaría que el caso sea atendido y se produzca un pronunciamiento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sólo puede recibir denuncias de la CIDH o de uno de los estados miembro, situación a la que podría recurrir el Estado argentino, cuyo gobierno ha exigido a Uruguay el esclarecimiento del caso de desaparición de su ciudadana María Claudia.

María Claudia García y su esposo Marcelo Gelman fueron secuestrados en Buenos Aires en agosto de 1976 y recluidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en el que las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay coordinaban operativos de represión en el llamado Plan Cóndor.Marcelo fue asesinado y su cuerpo arrojado en un tonel al delta del Tigre, y María Claudia, embarazada a término, fue entregada a militares uruguayos, quienes la trasladaron a Montevideo en octubre de 1976 con un grupo de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que está desaparecido.

 

Una decisión obligatoria

La denuncia del caso fue realiza ante la CIDH el 17 de mayo de 2006 por el abogado José Luis González en representación del suegro de la joven, el poeta argentino Juan Gelman, y de Macarena Gelman, la hija de María Claudia, nacida en el hospital militar de Montevideo durante su cautiverio.

El caso Gelman es patrocinado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Washington, que es reconocido como uno de los organismos con facultad para presentar denuncias por violaciones a los derechos humanos e incumplimiento de tratados internacionales ante la CIDH.

La Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Nº 15.848) ya fue declarada violatoria de los convenios internacionales suscritos por el Estado uruguayo en una resolución que la CIDH divulgó en 1992, cuando recomendó al gobierno de Luis Alberto Lacalle que anulara los efectos de la normativa.Ni el presidente Lacalle ni sus sucesores, Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, cumplieron con la recomendación de la CIDH, mientras que el actual presidente, Tabaré Vázquez, se limitó a realizar una interpretación diferente de la ley para posibilitar el inicio de juicios contra los represores de la dictadura. Si la CIDH o el Estado argentino denuncian el caso Gelman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San Juan de Costa Rica, Uruguay debería acatar obligatoriamente un pronunciamiento del organismo de justicia bajo el riesgo de ser expulsado de la OEA.

 

La justicia impedida

La desaparición de María Claudia, como el delito de sustracción de identidad de su hija Macarena, no pudieron ser indagados por el Poder Judicial uruguayo debido a la determinación de un fiscal del Ministerio Público, quien consideró que el tema había sido «amnistiado» por la Ley Nº 15.484.La denuncia por esos crímenes fue presentada ante la Justicia penal uruguaya luego de que el propio Juan Gelman y un equipo periodístico de LA REPUBLICA ubicaran en el año 2000 el paradero de Macarena, quien había sido entregada a la familia de un policía, y lograran la recuperación de su identidad.

El caso Gelman era instruido por el juez penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal, hasta que en 2004 por un decreto del Poder Ejecutivo, el presidente Jorge Batlle amparó el caso en la Ley de Caducidad y ordenó su archivo, decisión que fue acompañada por el fiscal público Enrique Moller.

El caso fue reabierto en 2005, al surgir nuevas pruebas en una investigación periodística publicada por LA REPUBLICA, pero el fiscal Moller volvió a ordenar el archivo del caso cuando el juez Mirabal se disponía a interrogar a un grupo de subalternos del Servicio de Información y Defensa (SID).

María Claudia estuvo recluida desde octubre de 1976 hasta enero de 1978 en la sede del SID, ubicada en Bulevar Artigas y Palmar, donde fue vista por un grupo de militantes del PVP, quienes también fueron secuestrados en Orletti y habían sido trasladados por la Fuerza Aérea a Uruguay en julio de aquel año. *