El Goyo Alvarez deberá responder ante la Justicia en por lo menos cinco causas de violación a los Derechos Humanos

El año pasado, con los procesamientos de Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco y ocho militares por el caso Soba, en materia judicial, las causas de DDHH tomaron un singular protagonismo en la opinión pública. Este año, la Justicia investigará una importante cantidad de casos y en muchos de ellos será indagado el dictador teniente general (r) Gregorio «Goyo» Alvarez.

Según pudo saber LA REPUBLICA, Alvarez sería citado a fines de abril por el juez penal Sergio Torres, quien investiga la muerte de Horacio Ramos, en tanto el magistrado Luis Charles convocará al «Goyo» en los primeros días de mayo para tomarle declaración en el marco del voluminoso expediente del «segundo vuelo» de Orletti de 1976.

Pero además, Alvarez será indagado por los casos de la muerte de los tupamaros Roberto Luzardo y Leonardo De Los Santos. A fines de marzo fueron presentadas las denuncias por las desapariciones de Gustavo Inzaurralde, Néstor Santana y León Duarte, que serán agregadas a la «megacausa» del «segundo vuelo».

Alvarez también podría ser citado por la jueza Gabriela Merialdo, en el marco del expediente que investiga el asesinato, en 1978, de Cecilia Fontana de Heber, esposa del dirigente blanco Mario Heber y madre del actual senador Luis Alberto Heber, por la vinculación del dictador en la negociación de la salida democrática, con la cual se vincularía este hecho.

 

El «segundo vuelo»

El juez penal de 19º Turno, Luis Charles, conjuntamente con la fiscal Mirtha Guianze, instruyen el caso del denominado «segundo vuelo» de Orletti, denunciado en 2002 por LA REPUBLICA y en el que habrían sido trasladados a Montevideo de forma ilegal cerca de 20 uruguayos que habían sido detenidos en Buenos Aires.

Esta causa está «acordonada» al expediente por la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios, registrada en Córdoba, Argentina en 1976. Las denuncias por los casos de Duarte, Santana e Inzaurralde, que fueron presentadas a la Justicia el pasado viernes 31 de marzo, también se agregarán al caso Barrios.

Guianze, antes de la Semana de Turismo, pidió al juez Charles las primeras citaciones por el «segundo vuelo», y entre la nómina propuesta por la fiscal se encuentran Gregorio «Goyo» Alvarez, el actual comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, el ex comandante de la misma arma y ex edecán de Julio María Sanguinetti, José Pedro Malaquín y los doctores Gonzalo Fernández y Carlos Ramela.

El próximo lunes 16 de abril el magistrado citará a los denunciantes para que ratifiquen la demanda. Un día después -es decir el martes 17- Charles y Guianze tomarán declaración en calidad de testigo al periodista e investigador de LA REPUBLICA Roger Rodríguez. Las audiencias continuarán hasta que, según trascendió, el miércoles 3 de mayo comparecería el «Goyo».

 

Horacio Ramos

Por otra parte, el juez penal de 3er Turno, Sergio Torres, tiene en su sede una denuncia que busca conocer los motivos en los que en 1981 fue «suicidado» Horacio Ramos, un militante del MLN que se encontraba detenido en el Penal de Libertad desde 1972, antes del golpe de Estado, luego de ser detenido y procesado por la Justicia Militar.

El pasado 10 de marzo, el magistrado Torres citó a Alvarez para que el comandante en jefe del Ejército designara a su defensa. En la ocasión, el «Goyo» nombró como abogados a los penalistas Carlos Curbelo Tammaro y Pedro Montano. Según fuentes cercanas al caso, podría ser citado a declarar como indagado sobre fines de abril.

La denuncia, que pide indagar la dudosa muerte de Horacio Ramos, fue presentada ante la Justicia Penal a mediados del año por su hija Patricia Ramos, quien solicitó investigar las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de su padre, según señala textualmente el escrito elevado al despacho del juez Torres.

Ramos era un funcionario bancario que militaba en la Columna 10 del MLN hasta ser detenido por la dictadura. Estuvo preso en el 2º piso del Penal de Libertad, la cárcel de máxima seguridad del régimen de facto, hasta que en 1981, cuando poco a poco se avizoraba la salida a la democracia, apareció ahorcado en su celda.

 

Roberto Luzardo

Otra causa en la que el «Goyo» aparecería seriamente comprometido es la que indaga la muerte en el Hospital Militar del también integrante del MLN Roberto Luzardo, el 12 de junio 1973, luego de permanecer internado por varios meses y no recibir la atención médica necesaria ante las heridas sufridas en el operativo de las Fuerzas Conjuntas en el que había sido detenido.

Este expediente, patrocinado por una grupo de abogados del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que se encuentra a cargo del juez penal de 1er Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Adriana Costa, en los últimos meses ha tenido algunos avances en la indagatoria, tal es el caso de la comparecencia de testigos y médicos del Hospital Militar.

Roberto Luzardo fue detenido en el «Bar Asturias» entre el 16 y el 18 de agosto de 1972, donde se encontraba reunido con José Serrano y Henry Engler. La acción de los militares fue tan sorpresiva y violenta que Luzardo recibió varios disparos a quemarropa. Posteriormente fue trasladado al Regimiento 9º de Caballería y luego al Hospital Militar, donde murió diez meses más tarde.

Según el testimonio de una de las hermanas de Roberto Luzardo, Beatriz Luzardo, el propio «Goyo» Alvarez se habría hecho presente en la sala 8 del nosocomio castrense para ofrecerle al militante tupamaro atención médica a cambio de que se hiciera responsable de varios actos del MLN en los que no había participado. El ofrecimiento no fue aceptado.

 

De los Santos y «fusilados de Soca», pedidos para causa Bordaberry

Otros dos casos en los que aparece involucrado el «Goyo» son las denuncias por los «fusilados de Soca» de 1974 y la muerte del joven Hugo De Los Santos, asesinado en setiembre de 1973. Ambas causas fueron solicitadas por la jueza penal de 7º Turno, Graciela Gatti, a iniciativa de la fiscal Ana María Tellechea, para se agregadas al expediente Bordaberry.

El primer episodio fue denunciado en octubre de 2006 ante el juez penal de Pando, Humberto Alvarez por un grupo de abogados de Serpaj, a causa de las muertes de los matrimonios Floreal García-Mirtha Hernández, Héctor Brum- María de los Angeles Corbo, y de Graciela Estefanel, cuyos cadáveres fueron encontrados en la localidad de Soca el 21 de setiembre de 1974.

El caso de De Los Santos fue denunciado originalmente en el Juzgado Penal de 3er Turno a cargo de Sergio Torres. Hugo Leonardo de los Santos, un joven estudiante de agronomía, fue asesinado en setiembre de 1973 en el Batallón Nº 1 de Florida. La fiscal del caso, Dora Domenech, había solicitado el archivo de la causa en relación a los mandos militares.

Ana María Tellechea, la fiscal de la causa que se le sigue a Juan María Bordaberry por diez homicidios durante su período, y por la cual fue procesado en diciembre del año pasado, pretende enjuiciar al ex dictador por los casos de los «fusilados de Soca» y de De los Santos y por tal motivo pidió agregar estos casos al expediente, solicitud que todavía no fue resuelta por la jueza Gatti. *