Parlamento investiga actuación del Banco Central ante suspensión de la sanción al economista Porto

El martes se reunirá la Comisión Investigadora sobre los hechos que determinaron en diciembre pasado la suspensión por parte del Banco Central de las sanciones administrativas al directivo de la cooperativa financiera Caycu, el economista Luis Porto.

La conformación de la flamante Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados propuesta por el diputado colorado por Maldonado Fermín Cardozo, contó -además de los votos de los partidos de la oposición- con el apoyo del Frente Amplio.

Luego de la crisis del año 2002, cuando varias instituciones financieras fueron sancionadas por el Banco Central como los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera, también se determinó su suspensión a la cooperativa Caycu, donde Porto ocupaba un alto cargo jerárquico.

En ese acto administrativo del Estado uruguayo, sobre el economista recayó una inhabilitación por el término de cinco años para desempeñar los cargos de representante, director, gerente, administrador, mandatario, síndico y fiscal de empresas de intermediación financiera.

Con la sanción impuesta, Porto gestiona un recurso de revocación y la Justicia decide dejar sin efecto su responsabilidad en los hechos que determinaron que el BCU suspendiera para toda actividad financiera a Caycu.

Meses más tarde, un director del Banco Central, un representante del directorio de UTE y uno de Antel resuelven levantar las sanciones administrativas a Porto. En esa instancia, el único que votó en contra de dejar sin efecto las sanciones fue el representante del BCU, el director Luis Correa, mientras que los directores de los entes votaron a favor resolviéndose así la restitución de los derechos administrativos contables de Luis Porto.

Unas de las primeras figuras a ser citadas a la Comisión serán los jerarcas del BCU, según adelantó el diputado colorado Germán Cardozo. «Queremos investigar y saber cuáles fueron las razones por las cuales no actuaron el presidente y el vicepresidente del Banco Central (en la decisión de dejar sin efecto las sanciones sobre Porto). Creemos que es indispensable la opinión puntual del presidente y del vicepresidente genuinos del Banco Central con respecto al levantamiento de esta sanción. También queremos saber qué opinan sobre la sanción que le había impuesto el Directorio anterior al economista Porto. Por otra parte, naturalmente queremos saber cuáles fueron las razones y los fundamentos que llevaron al director de UTE y al director de Antel, actuando «ad hoc» al frente del Directorio del Banco Central del Uruguay, a levantar la sanción que recaía sobre el economista Luis Porto» dijo el diputado en la sesión de conformación de la investigadora parlamentaria.

«A mí lo que más me interesa saber es con qué documentos contaron un director de Antel y un director de UTE para opinar diferente a lo que opinaron otros directores del sistema financiero, particularmente del Banco Central del Uruguay, un tiempo antes, para levantar la sanción a esta persona y no a otras que han sido sancionadas», sostuvo por su parte el diputado nacionalista Jorge Gandini.

La Comisión Investigadora tuvo un nacimiento particular. Se dispara luego de conocidos unos artículos periodísticos aparecidos en medios escritos capitalinos. Este hecho determinó la calificación por parte del diputado del Frente Amplio Jorge Orrico de «poco seria» la promoción por parte de la oposición de la investigadora parlamentaria.

«Considero que cuando alguien pide una Comisión Investigadora lo primero que tiene que hacer es investigar. Lo primero que debe hacer quien va a pedir una Comisión Investigadora es hacer los pedidos de informes correspondientes, para dar seriedad a la denuncia que se hace. No es diciendo: «Yo agrego una hoja de un diario», en la que se hace una denuncia; se debe hacer un pedido de informes. Si no lo contestan o si lo contestan y la respuesta no es satisfactoria, se pide una Comisión Investigadora, pero siempre se hace con documentos oficiales a la vista. Me parece que no está bien pedir una Comisión Investigadora a partir de datos periodísticos» aseguró Orrico.

Este mismo legislador relató que el caso del economista Luis Porto, que hoy se desempeña como director de un área de inversiones privadas en el Ministerio de Economía y Finanzas, «está laudado» y que «el expediente penal fue archivado por falta de mérito. Por lo tanto, desde el punto de vista penal, en lo que hay hasta ahora, esto está resuelto».

En cuanto al procedimiento que determinó el levantamiento de las sanciones en las que no se hallaban directores del BCU, Orrico señaló que «no se trata de una decisión graciosa que se dispuso: «Estos dos no opinan; van a opinar estos otros dos».

«Creo que por delicadeza, dada su amistad con el involucrado, dos directores del Banco Central decidieron no opinar, precisamente, para dar garantías al procedimiento». *