Justicia retoma el lunes expedientes que indagan a jerarcas de anteriores gobiernos

Cerca de 30 ex jerarcas de OSE, Antel, el BHU y la CND de los gobiernos de Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle están en la mira de la Justicia por presuntos delitos cometidos en esos períodos de gobierno, no descartándose posibles procesamientos.

El caso que en los últimos días ha concitado la atención de la opinión pública es el expediente que está a cargo del juez Penal de 17¨º Turno, doctor Carlos García, y el fiscal Eduardo Fernández Dovat, sobre eventuales irregularidades cometidas en directorios de OSE entre 1996 y 2005.

Esta demanda fue elevada a la Justicia por los actuales jerarcas del organismo en 2005 e involucra a los ex directores y actuales legisladores de OSE Juan Justo Amaro (Lista 15), Alberto Casas (Herrerismo), así como al ex presidente Carlos Rodríguez Landoni y al también ex director Hugo Granucci.

El fiscal Fernández Dovat solicitó el procesamiento con prisión de los cuatro ex jerarcas por el delito de «abuso de funciones» y «fraude», a causa de una serie de irregularidades vinculadas a gastos de viáticos, uso de coches oficiales y adjudicaciones directas.

Desde el viernes 31 de marzo, el pedido de desafuero del senador Amaro y el diputado Casas está en el Poder Legislativo para su estudio, para lo cual se requieren mayorías especiales para su aprobación (2/3 en cada Cámara). El Frente Amplio no cuenta con votos suficientes para homologar el levantamiento de ambas inmunidades e, incluso, varios legisladores del FA han expuesto sus dudas sobre si lo votarán (ver nota aparte). Desde el Partido Colorado, como desde el Partido Nacional, en cambio, no se apoyará el levantamiento de los fueros.

Según trascendió, a partir de la semana próxima el juez García citará a Rodríguez Landoni y a Granucci para realizar una audiencia prevista en el artículo 126 del Código del Proceso Penal (CCP), instancia previa a emitir pronunciamiento.

Otra causa que también podría definirse en breve es la que investiga posibles irregularidades de antiguos directorios de Antel, en la cual la fiscal Diana Salvo solicitó enjuiciar a los ex directores Simón Erlichman, Oscar González Alvarez y Gabriel Gurméndez, también por el delito de «abuso de funciones».

El pedido de la representante del Ministerio Público, que deberá ser estudiado por el juez Penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, señala que se habrían producido irregularidades en el ingreso de personal por temporada sin realizar previamente un llamado público.

El próximo lunes 11, el magistrado tomará declaración en calidad de testigos al ex director de la OPP, Ariel Davrieux, y al ex prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa. En tanto, el cuatro de mayo, Charles tomará declaración a Gurméndez, quien actualmente reside en el exterior.

 

BHU y CND

Además de los casos de OSE y Antel, hay otras causas que involucran a ex jerarcas de organismos públicos que están en curso. Tales son los casos de las demandas por irregularidades en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

La jueza Penal de 7º Turno, doctora Graciela Gatti, enviará en los próximos días el expediente que indaga irregularidades por parte de ex jerarcas del BHU al fiscal Eduardo Fernández Dovat, para que estudie si pide o no procesamientos, indicaron a LA REPUBLICA fuentes cercanas a la causa.

Esta denuncia investiga los onerosos gastos de representación en el exterior de los ex jerarcas, en la que los principales indagados son el ex presidente de la institución Salomón Noachas (Partido Colorado), y los ex directores Jorge Sacchi (Partido Nacional) y Jorge Conde Montes de Oca (Partido Colorado).

Según datos de la comisión parlamentaria que investiga los entes públicos, en 63 meses de gestión en el BHU, Sacchi gastó 172 mil dólares en viajes; Conde Montes de Oca 104 mil dólares en 96 meses; en tanto el ex presidente Noachas dispuso de 98 mil dólares en el mismo lapso que Sacchi.

Por su parte, el juez Penal de 13º Turno, doctor Homero Da Costa, iniciará la próxima semana la indagatoria en el marco de la denuncia que las actuales autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) presentaron contra los 20 ex directores de la institución.

El fiscal de este caso, Enrique Möller, previo a pedir la comparecencia de los denunciados, solicitó al juez citar a los responsables de la auditoría que derivó en la denuncia penal por parte del Directorio de la CND que encabeza Alvaro García.

El magistrado Da Costa ya tiene en su sede una denuncia que involucra a la CND por el caso de los créditos otorgados a la avícola Migranja, en los que se indagó la responsabilidad del ex director del Banco de la República César Rodríguez Batlle, pero el fiscal Möller pidió el archivo de la causa en torno al ex jerarca del BROU.

 

«Contradenuncias»

Al tiempo que la Justicia instruye causas contra ex jerarcas de entes y servicios públicos, también hay «contradenuncias» en curso por hechos presuntamente irregulares registrados en actuales administraciones, tanto del BHU como de OSE, promovidas desde la oposición.

El ex legislador del Partido Colorado Juan Amaro Cedrés -hijo del senador Juan Justo Amaro, sobre quien recae un pedido de procesamiento por irregularidades en OSE- presentó una denuncia penal contra el actual Directorio del organismo.

Según Amaro Cedrés, la administración que encabeza Carlos Colacce cometió una irregularidad al solicitar el pase en comisión de dos abogadas -una del Ministerio de Educación y otra del Ministerio de Transporte- que actualmente se desempeñan como asesoras letradas del Directorio.

Mientras tanto, el juez penal de 21º Turno, doctor Julio Olivera Negrín, instruye una denuncia contra las actuales autoridades del BHU iniciada a fines del año pasado por el diputado nacionalista Sergio Botana, a causa de una operación financiera realizada por la institución en una cooperativa privada.

A criterio de Botana, el depósito que el BHU realizó a principios de 2006 en la ex Cooperativa Cofac por un monto cercano a 1,5 millones de dólares, constituye un delito, ya que el reglamento del banco no permitiría realizar transacciones con bancos que no sean del Estado. El diputado también nacionalista Gustavo Borsari cursó un pedido de informes por presuntos hechos irregulares en Antel. Entre otras cosas, el legislador apunta a conocer la vinculación de la presidenta del ente, María Simon, con la Facultad de Ingeniería a causa de una serie de convenios firmados. *