Empresas recuperadas reclaman acceso a créditos blandos y a compras del Estado

En la actualidad, Uruguay cuenta con una veintena de unidades productivas que fueron recuperadas por sus trabajadores, tras la declaratoria de quiebra de la empresa por parte de la patronal. Entre todas las fábricas gestionadas por los trabajadores se estima que hay más de 1.000 puestos laborales que fueron recuperados desde 1995 a la fecha.

Pese a los esfuerzos de los trabajadores, de algún apoyo estatal y de gobiernos extranjeros como el de Venezuela, que aportó dinero para la recuperación de Funsa, Envidrio y Uruven, hay otros uruguayos que están esperando una solución para conformar rápidamente una unidad productiva que salvaguarde sus puestos de trabajo.

Estas necesidades llevaron a que la Mesa de Empresas Recuperadas por los trabajadores presentara ayer oficialmente un proyecto de ley que le otorgue un marco legal a estas iniciativas y se establezcan obligaciones y derechos para aquellos grupos de obreros que las conforman.

En tal sentido, el integrante del PIT-CNT en la Junta Nacional de Empleo (Junae), Ricardo Moreira, dijo a LA REPUBLICA que «los abogados que trabajaron en el proyecto le dieron forma a las necesidades que planteaban los trabajadores y qué cosas necesitaban como marco jurídico, con la base de una ley que existe en Venezuela».

El proyecto establece que «las Empresas Recuperadas podrán constituirse legalmente bajo la forma jurídica que sus trabajadores consideren más adecuada a su situación concreta» y «podrán ser autogestionadas o podrán participar de distintas formas y condiciones, en procesos de cogestión con empresarios privados y/o con el Estado».

En todos los casos, la parte trabajadora será titular, por lo menos, del 50% de la propiedad de la Empresa Recuperada.

Estas unidades productivas tendrán la obligación de «sustentar en todo momento su actuación en los valores de la solidaridad, cooperación, participación sindical, equidad y protección del medio ambiente», además de cumplir con la legislación en materia de Trabajo y Seguridad Social.

 

Los privilegios

En el capítulo de «los derechos de la Empresa Recuperada», el proyecto de ley establece que deberán tener «acceso a través del Banco República y otros organismos del Estado, a líneas de créditos y planes de financiamiento con intereses en condiciones privilegiadas, que permitan el desarrollo del emprendimiento productivo».

Además, podrán «percibir, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, aportes no reembolsables para el diseño, adquisición de tecnologías, asistencia técnica y capacitación de los trabajadores».

El proyecto prevé que las Empresas Recuperadas «sean incluidas a través de distintos organismos del Estado en planes de acceso, actualización y reconversión tecnológica», como así también «recibir un régimen fiscal preferencial, que incluya plazos re recuperación y contribuciones diferenciadas».

El literal J del proyecto sostiene que deben establecerse «condiciones preferenciales ante los organismos del Estado, incluyendo las intendencias municipales, en licitaciones, contratos públicos, compras, prestación de servicios y concesiones de obra y servicios públicos». *