El comprador del chalé de Arbilla fue requerido ayer por la Justicia argentina

Redacción y Carlos Pelaez

El matutino argentino da cuenta que el juez federal Rodolfo Canicoba del Corral obtuvo el testimonio de un testigo de identidad protegida, socio de Angel Salvia, un empresario detenido el viernes acusado en ese país de representar al Cártel de Juárez, al que, para agravar su situación, habría «mejicaneado».

Salvia, quien es propietario de tres sociedades anónimas uruguayas, era socio de Di Tullio quien desde principios de este año tenía prohibición de abandonar territorio argentino mientras se investigaba su papel en la organización de narcolavadores. Sin embargo, hasta ahora, Di Tullio no estaba requerido, ni procesado, situación que se modificó el pasado viernes cuando Canicoba ordenó su captura.

La presencia de una banda mafiosa lavando dinero de los narcotraficantes mexicanos, también era investigada en Uruguay por el ex responsable de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, inspector general (r) Roberto Rivero, cuando fue destituido como director nacional de Policía por el ministro del Interior Guillermo Stirling, después de que en un oficio dirigido por la Brigada Antidrogas del Este a la jueza de 4º Turno de Maldonado, Fanny Canessa, se involucrara al director del semanario Búsqueda, Danilo Arbilla, con las actividades de los narcolavadores.

El empresario periodístico era propietario del chalé Holiday, ubicado en el barrio Lugano de Punta del Este, hasta que en 1997 vendió la propiedad a la empresa Sasur SA, representada por su vicepresidenta Mirtha Beatriz Llera. El escribano participante fue Javier Morassi, quien también era el escribano personal de Arbilla, transformándose en el escribano de ambos, Arbilla y Di Tullio. Morassi fue el escribano de todas las compras y prestó el domicilio a todas las sociedades anónimas sospechadas de narcolavado. Participó además de la administración de los fondos utilizados en las operaciones.

Recién en diciembre de 1999 se supo que la mujer era socia y amante del inmobiliario marplatense Nicolás Di Tullio, acusado por la DEA de ser lavador de dinero del cártel liderado por Amado Carrillo Fuentes. La pareja, junto a su connacional Oscar Marinone, compró también varios campos en el paraje «Las Bolas» del departamento de Flores, ahora a nombre de Idafal SA.

Estas dos sociedades anónimas junto a Tamilur SA, Euro American Finance NV, Financiera Bietasur, Sasur SA, Financiera Estarey, Autum Invest, Urlas SA y Sawer Financial Service Limited, tienen pedidos concretos de investigación de la Agregaduría de Aduanas de los EEUU en Uruguay y de la US Custom Service (agencia especializada en investigar el lavado de dinero del narcotráfico) y está probada su vinculación con hombres del Cártel de Juárez y con instituciones financieras utilizadas por los narcotraficantes.

Según una denuncia documentada presentada por Rivero a la jueza Canessa en junio pasado «Euro American Finance tiene los bancos de datos y los libros de las operaciones en Argentina; en tanto Sawer Financial y Autum Invest funcionan en el extranjero pero están radicadas en Uruguay. Además se sabe que Tamilur SA tiene como presidente a Jaime Martínez Ayon, hombre del Cártel de Juárez que también preside Sasur SA la sociedad que adquirió la casa de Arbilla en Punta del Este. Euro American Finance es presidida por Jorge Martínez Iñíguez, ex policía mexicano al servicio del Cártel de Juárez, Idafal es presidida por Raúl Oscar Marinone, empleado de Di Tullio, esta empresa compró los cuatro campos en el departamento de Flores.

A su vez, el Fiscal mexicano Juan Ponce Edmonsson entregó documentación en el juzgado de Maldonado y reclamó el embargo del chalé Holiday y los campos de Flores, aunque la resolución de Canessa sólo estableció «medidas precautorias» sobre las propiedades hasta tanto se dilucidara la verdadera responsabilidad de los acusados. Por lo pronto ya han declarado ante la jueza de Maldonado varios de los investigados, aunque el expediente continúa en la órbita fiscal como consecuencia de tres denuncias paralelas: 1) periodistas del semanario Búsqueda denunciaron posibles interferencias o escuchas telefónicas en la redacción de la publicación; 2) Arbilla denunció por injurias y simulación de delito al inspector Rivero; 3) la magistrada Canessa denunció al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdéz, por violación de correspondencia, aunque fuentes judiciales señalaron a LA REPUBLICA que también se investiga un posible abuso de funciones por parte del jefe de los fiscales.

Di Tullio y el Cártel de Juárez en Uruguay

La investigación en Uruguay siguió un curso errático como consecuencia del escándalo político. Sin embargo continúan surgiendo informaciones que revelan la operativa del Cártel y los Di Tullio en nuestro territorio.

Pero todo se cayó en diciembre cuando el diario argentino La Nación reveló públicamente el nombre del empresario argentino como vinculado a la operativa del Cártel de Juárez.

El miércoles 28 de junio, Rivero, ya fuera de la Policía, presentó una denuncia al Juzgado de Maldonado para que prosiguieran las investigaciones sobre los narcolavadores. En ella se establece que «la operación de lavado fue descubierta por una delegación de la DEA que llegó a Mar del Plata para investigar las acciones del Cártel mexicano. A fines de noviembre de 1999 también llegaron a la Argentina los principales representantes de la Fiscalía del Gobierno mexicano para hacer una denuncia penal sobre lavado de dinero del Cártel de Juárez».

El informe agrega que «el 20 de setiembre de 1999, la Gendarmería Argentina requería información sobre los involucrados a nuestra Dirección, recibiéndose el 8 de febrero un pedido similar de parte de la Agregaduría del Servicio de Aduanas para el Cono Sur de la Embajada de los Estados Unidos con sede en nuestro país. En ambos casos, las agencias extranjeras están buscando lavado de dinero del Cártel de Juárez en Uruguay, como actividad derivada de las acciones de los narcolavadores argentinos. Lo actuado en la Argentina fue el resultado de un operativo de magnitud que realizó el gobierno de los EEUU, conocido como «Operación Casablanca».

Rivero aseguró que «en mayo de 1997, los agentes de la Operación Encubierta Casablanca –agentes infiltrados en el Cártel de Juárez– recibieron instrucciones de hacia dónde transferir el dinero blanqueado producto del narcotráfico del Cártel de Juárez. En mayo de 1998, la Operación Encubierta Casablanca tenía ya detectado cómo era el proceso de lavado en Argentina (a la fecha, la Operación Encubierta Casablanca, había detectado 63 millones de dólares de lavado, de los cuales 12 lo habían sido en Argentina). Ya Nicolás Di Tullio –testaferro del ex policía mexicano Jorge Iñíguez al servicio ahora del Cártel de Juárez y de su socio Jaime Martínez Ayon, encargados por el Cártel de Juárez de convertir el dinero del narcotráfico en bienes inmobiliarios argentinos– estaba señalado como uno de los responsables.

Los responsables del grupo Mercado Abierto, ya en setiembre de 1997 habían empezado a comprar en Uruguay residencias en Punta del Este, pero en octubre de 1998, seis meses después de congeladas sus cuentas en EEUU realizaban inversiones en campos en Uruguay. Las primeras investigaciones en Uruguay demuestran que el Cártel de Juárez ha realizado compras de viviendas y campos a través de Sasur SA e Idafal SA, en cuyos directorios figuran testaferros comprobables del sistema argentino de lavado de dinero del Cártel de Juárez.

El principal responsable de Mercado Abierto era el banquero Aldo Ducler, un asesor económico menemista q
ue trabajó para la campaña residencial de Ramón «Palito» Ortega.

Habló un arrepentido y se cayó la estantería

El sábado pasado, el diario argentino La Nación informó que «el empresario Angel Salvia, supuesto representante en la Argentina del Cártel de Juárez, la otrora poderosa organización de narcotráfico mexicana, fue detenido en Mar del Plata acusado de lavar unos 25 millones de dólares proveniente de la venta de drogas a través de operaciones inmobiliarias. El juez federal Rodolfo Canicoba del Corral también ordenó la captura de uno de los socios de Salvia, el operador inmobiliario Nicolás Di Tullio, acusado de los mismos cargos. Salvia fue indagado el viernes como jefe de una asociación ilícita y por el delito de lavado de dinero», según dijeron al periódico fuentes de la investigación.

Agregó que «el detonante de la detención fue la declaración de un ex socio de Salvia, que habló como testigo protegido para revelar que el empresario era el testaferro de los narcotraficantes».

Las fuentes de La Nación ratifican el informe de Rivero, sosteniendo que «unos 13 millones de dólares fueron derivados a través del City Bank a una cuenta a nombre de Nicolás Di Tullio en Mercado Abierto. El rematador cobró esos fondos y junto a Salvia los invirtió en la compra de campos en Mar del Plata, entre ellos la estancia Rincón Grande, que perteneció a Roberto Bordeau. Allí vivió Amado Carrillo Fuentes y su familia, con el nombre de Francisco Mora Guerrero. Por orden del «Señor de los Cielos», como se denominaba a Carrillo, adquirieron campos en Bahía Blanca, departamentos allí y en Recoleta, el Hotel Tourbillón y una mansión en Almafuerte al 1500, del barrio Los Troncos.

Hoy se libra una batalla campal sobre esos bienes, decomisados por la Justicia. Muchos abogados se presentan en estos días en los tribunales alegando tener pagarés de Salvia, garantizados por esas tierras, a cambio de dinero que supuestamente entregaron al testaferro».

Según La Nación, «la causa en la Argentina parecía destinada al fracaso, porque si bien se sabía la ruta del dinero no había evidencias de que provenía de la venta de drogas. Ducler, que no aparece formalmente imputado y no fue indagado, fue demandado por la Justicia norteamericana para retenerle, en 1998, fondos depositados en Los Angeles. Tras un acuerdo, descongeló parte del dinero, aunque otra la debió ceder a los norteamericanos, dijeron fuentes judiciales. La investigación se reavivó en las últimas semanas, cuando un ex socio de Salvia se presentó como testigo con reserva de identidad y confesó todo. Este «arrepentido» describió en detalle las sociedades formadas para la compra de las propiedades e involucró a Salvia y a Di Tullio como testaferros del Cártel de Juárez. El testimonio derivó en el arresto de Salvia, anteayer, cuando salía de uno de los campos que compró para sí en Mar del Plata, con el dinero de hipotecas libradas sobre las propiedades que adquirió como mandante de los mexicanos. Su situación es delicada, porque los herederos de Carrillo Fuentes reclaman esas propiedades, que Salvia pretende «mejicanearles», dijeron fuentes judiciales. El matutino argentino sostiene que la historia de Salvia es bien conocida y en Mar del Plata se lo sindica como prestanombre del fallecido sindicalista Diego Ibáñez. Su viuda mantendría serias diferencias económicas con el ahora detenido. «Es una boleta caminando», graficó uno de los investigadores al hablar del riesgo que corre su vida.

El arrepentido, dejado fuera del negocio, confesó incluso que Salvia en una ocasión le ofreció dinero para que asesinara a su esposa, con quien mantiene una conflictiva separación, según las fuentes.

La embajada de México en Buenos Aires denunció ante Canicoba del Corral que ingresaron en la Argentina unos 25 millones de dólares, aunque hay constancia de operaciones por 13 millones.

El arrepentido aportó datos sobre otras propiedades compradas por orden de los mexicanos y confesó que parte del dinero era «plata viva».

Se refería a billetes, que llegaron al país «chalequeados», es decir, ocultos en el interior de forros de ropa, como si se tratara de cocaína. Con el arresto de Salvia y la captura de Di Tullio, la Justicia considera que la conexión argentina quedó al descubierto. Aunque nadie sabe dónde está el dinero que llegó en efectivo.