Actual diputado blanco cobró sueldo en la Intendencia de Canelones sin ir a trabajar

La resolución N 07/01355 firmada por el jefe comunal canario, Marcos Carámbula, no deja lugar a dudas: la División Sumarios informa que la «funcionaria Liliana Britos ha incurrido en faltas administrativas, como ser la formación de expedientes con posterioridad a la llegada de las facturas…» . Siguen otras «perlas» y otros nombres. Juan Ripoll, director financiero contable de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC), explicó a LA REPUBLICA el alcance de las denuncias.

Liliana Britos continúa siendo funcionaria municipal hasta que la Junta Departamental apruebe o no su destitución. La resolución firmada por el jefe comunal hace referencia también a la emisión ­por parte de la acusada­, de órdenes de publicidad con fecha anterior a la reserva de rubro, otras anteriores a la fecha de reiteración del gasto, como asimismo órdenes que abarcan publicidad que excede el período autorizado por el ordenador del gasto. Durante muchos años se les pagó a personas que no tenían ningún tipo de contrato ni vínculo con la Intendencia; no eran funcionarios ni tenían siquiera un legajo. «Se les pagaba porque el intendente así lo disponía ­explica indignado Ripoll­, ni siquiera por resolución; simplemente hacía una nota y mandaba decir a Hacienda que a tal persona había que darle $ 30.000 o a mengano de tal cédula tanto… $ 20.000. Recordemos que una Resolución viene con determinada forma y hay que llenar requisitos formales para que se cumpla; aquí se trataba de una simple nota, que decía ‘hemos resuelto darle a fulano, tanto…’ Esa gente cobró durante años». ¿Quiénes cobraban? Esa es otra parte de la historia. «Cuando vemos el listado de la gente ­dice Ripoll, al tiempo que revuelve papeles y documentos sobre su escritorio­, lo curioso es que la mayoría son ex ediles; algunos ex ediles del Partido Colorado pero más que nada ediles del Partido Nacional, dirigentes y caudillos vinculados a determinadas filas. No puedo decir que había alguien de las filas del Herrerismo, o que fuera afín a Alberto Perdomo o a Daniel Peña; puedo discrepar con ellos políticamente pero no acusarlos. Pero ¿qué ocurre con la otra figura, que además es un senador de la República? Toda su barra, toda su gente, cobraba en la Intendencia, incluido un actual diputado. Ese sí tuvo un contrato; con la particularidad de que no fue designado en un cargo de particular confianza, fue contratado. Su sueldo era de más de siete mil pesos y se le llegó a pagar una diferencia de $ 20.000. Pero jamás registró asistencia y jamás se encontró un solo informe suyo en la Intendencia. Son esas cosas que a uno le rechinan». El diputado blanco que menciona Ripoll es Richard Charamello, de Alianza Nacional.

 

Cambiando «la bujía»

Ripoll no duda en señalar que «el intendente no tiene manía persecutoria, ni persigue a nadie; lo que se ha tratado acá es de aterrizar y mirar hacia delante… estamos cambiando la bujía con el motor prendido. Es muy difícil. Estamos viviendo tres tiempos simultáneos: el pasado, que no podemos olvidarlo porque tenemos todos los días sentencias judiciales que caen y hay que pagar o negociar; el presente, donde la gente de Canelones quiere ver obras, calidad de vida y donde las ordenanzas son obsoletas y muchos de los funcionarios muchas no han tenido los medios adecuados ni la capacitación apropiada, y el futuro que es para lo que trabajamos».

En cuanto a las resoluciones firmadas por Carámbula, en relación con los pedidos de venia para que la Junta apruebe o no, las destituciones solicitadas, el jerarca de Hacienda expresó que «todas las resoluciones están al alcance del público, el intendente ha roto con el mito de que las resoluciones sean secretas. Al intendente no le tiembla la mano cuando tiene que sancionar para corregir una situación».

Ripoll explica que «cuando asumimos, sabíamos un montón de cosas y muchas de ellas sabiéndolas no podíamos probarlas; nosotros podíamos ver cómo había un desvío de fondos de la Intendencia hacia organizaciones sociales o personas que es totalmente irregular pero que no es ilegal. Acá hubo una sabiduría en estos temas, de parte de quienes manejaron durante más de 150 años el gobierno, que es difícil de ‘capturar’ y de llevar ante la Justicia para que termine en un procesamiento con prisión».

No son pocas las denuncias encaminadas. «En este momento ­señala Ripoll­, existen cuarenta y pico de denuncias penales. Ha habido manejos irregulares en materia de publicidad en el pasado, lo sabíamos, nuestra fuerza política lo había denunciado en la Junta Departamental y cuando se asume lo que se hace es cumplir con lo que dice la fuerza política en su programa y lo que dice el intendente en su campaña: ‘Estos hechos irregulares denunciados, los vamos a investigar’. A partir de ese momento, tanto el intendente como el equipo de gobierno no tienen nada más que ver con ningún tipo de investigación». Ripoll aclara que «esto pasa a la parte técnica, se hace la denuncia penal y va al juzgado; el fiscal es quien va a acusar y el juez quien va a determinar.

Por otro lado, a nivel de sumarios ­investigaciones administrativas­, es la oficina de sumarios con funcionarios de carrera que técnicamente realizan la investigación, solicitan documentación a diferentes direcciones, realizan los interrogatorios y luego informan».

El director financiero contable despeja dudas: «Eso sí, si hay un informe en donde se aconseja una destitución no va a ocurrir como en el pasado; hubo un funcionario que estuvo seis meses en la cárcel ­que le produjo un gran daño y un perjuicio a la comuna con maniobras en las que adulteraban los programas informáticos para el cobro de contribuciones y patentes de rodados­, y cuando llegó el final del sumario y el ex intendente Hackenbruch vio que lo que le aconsejaban era solicitar la destitución a la Junta Departamental, él, en uso de sus potestades, que las tenía, archivó el expediente». *