Bella Unión apuesta a diversificar producción

Una importante comitiva de representantes de distintos sectores de la localidad de Bella Unión, departamento de Artigas, se reunió ayer con integrantes de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas para avanzar hacia la instalación de Free Shopps en la mencionada localidad.

Participaron de la delegación representantes del centro comercial de Bella Unión, los ediles de la junta local autónoma y electiva de la localidad y el intendente de Artigas, Julio Silveira. Según dijeron a LA REPUBLICA el secretario administrativo de la junta, Artigas Reyna y dos ediles, Jorge Ferrari Lacaz (Frente Amplio) y Juan Pedro Gazzo (Partido Nacional) la reunión fue muy productiva ya que se aseguró a los presentes que en el correr de este año se va a declarar a la localidad de Bella Unión «zona de free shopps». Los delegados recalcaron que el proyecto es muy importante para la zona ya que está ubicada en un punto estratégico, es la única localidad de Uruguay con doble frontera: Argentina y Brasil. Asimismo, destacaron que, según estimaciones, en un radio de 300 kilómetros a la redonda hay 1 millón 200 mil habitantes, que constituyen potenciales clientes de los futuros locales.

Los delegados resaltaron que además del proyecto de los free shopps, hay otros emprendimientos como el proyecto sucroalcoholero de Ancap, la recuperación de la caña de azúcar y la reapertura de la bodega Bruzzone y Sciuto (ex Calvinor).

Un proyecto que calificaron de suma importancia, pero «que está trancado» es el de la reinauguración de una cooperativa maderera ubicada a 5 kilómetros al norte de Bella Unión, en el pueblo de Cuareim. Según dijeron, esta cooperativa, que funcionaba como un aserradero, era la principal fuente de ingresos de los cerca de mil habitantes del lugar. Explicaron que desde hace ya más de 4 años la cooperativa está en proceso de reapertura, luego de que se aprobara el pago de una indemnización que le permitiría saldar sus deudas.

Esta resolución tiene su origen en una ley de la década del 80 que implementó la indemnización de todos aquellos inmuebles perjudicados por el funcionamiento de la represa de Salto Grande. Según explicaron los representantes, el aserradero estuvo dentro de estos establecimientos, por lo cual deben recibir una importante suma de dinero. Si bien la solicitud fue aprobada, el pago aún no fue ejecutado. Es por ello que en los próximos días la junta expresará a los ministros de Economía y Ganadería, a través de un documento, su profunda preocupación por la situación. *