Vázquez había hablado de la importancia de esta reforma en la campaña electoral, en su primer discurso ante la ciudadanía y también lo hizo en su discurso del 2 de marzo, aunque como ya informara LA REPUBLICA, las reflexiones sobre el papel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y las “Prioridades de 2007″ estuvieron en la parte del discurso que el presidente no llegó a leer y que este diario publicó en exclusiva en una separata, el martes 6 de marzo.
En esa oportunidad, Vázquez planteaba acerca de la OPP: “Estamos trabajando en una reorganización de la OPP para que cumpla los cometidos establecidos en la Constitución de la República, que atienda las áreas de Planificación Estratégica, que hoy no existe, Inversiones, Desarrollo Local, Cooperación Internacional, Presupuesto y Empresas Públicas”.
La decisión presidencial de cambiar la dirección de la OPP y poner al frente a un político como Enrique Rubio y un técnico, justamente experto en Reforma del Estado, como Conrado Ramos, mostró claramente que quería un cambio de rumbo y un énfasis esencialmente político en la reforma.
Más allá de las consideraciones políticas que este cambio ha generado, sobre todo en cuanto a si pierde peso o no el ministro de Economía, Danilo Astori, y si se alteran los equilibrios políticos, en cuanto al peso de su sector, Asamblea Uruguay, en cargos clave del gabinete, el cambio principal se procesó en el terreno institucional.
Como informara LA REPUBLICA en sus ediciones del jueves y el viernes, Vázquez planteó que la reforma del Estado debe ser “esencialmente política” y tener un fuerte acento en la “descentralización y la participación ciudadana”. Incluso habló de juntas locales electivas en todo el país.
En ese marco conceptual, las nuevas autoridades de la OPP tendrán un rol muy importante generando iniciativas y coordinando acciones. Sin embargo han surgido dudas en cuanto a otras tareas que desde la OPP se están llevando adelante. En particular hay una preocupación: ¿Quién desempeñara el rol que jugó Daniel Mesa desde la OPP en la negociación salarial con los funcionarios públicos?
Fuentes del Poder Ejecutivo, dijeron a LA REPUBLICA que la idea que se maneja como más factible es que esa responsabilidad la siga teniendo Mesa, pero ahora desde la Dirección de Ejecución Presupuestal, en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.
Vázquez convocó a una reunión extraordinaria de ministros en la estancia presidencial de Anchorena para discutir como tema excluyente la Reforma del Estado. Allí circularon varios documentos y propuestas. LA REPUBLICA, que ya informó sobre el Proyecto SIRO, referido a la reestructura escalafonaria de los funcionarios públicos, hoy reproduce una síntesis de un análisis más general, titulado “La transformación democrática del Estado. Lineamientos generales”.
Esta síntesis fue entregada a todos los ministros, los directores de la OPP y de la Oficina Nacional de Servicio Civil y los directores de los entres del Estado. El documento fue elaborado por un grupo de trabajo del que participaron Gonzalo Fernández, secretario general de la Presidencia; Humberto Ruocco, subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil; Daniel Mesa, subdirector de la OPP, Conrado Ramos, asesor de la Presidencia y futuro subdirector de la OPP, y Daniel Martínez, presidente de Ancap.
En el borrador se sistematizan las ideas fuerza centrales de la Reforma del Estado: descentralización, participación ciudadana, control social de la gestión pública, participación de los trabajadores en las empresas públicas, cambios en el sistema de compras y sistema electrónico de gobierno.
Cabe aclarar que a esta síntesis se le incorporaron los objetivos políticos enunciados por el presidente Vázquez.
LA REPUBLICA transcribe textualmente la síntesis que llegó a ministros y directores de entes y que es uno de los documentos a discusión en el gobierno:
Objetivos
* Un Estado activo, amigable, cercano, sensible a las necesidades de la ciudadanía.
* Comprometido con el logro de las metas del plan de gobierno, y con la eficiencia.
* Orientado a la transparencia y a la participación de los ciudadanos.
* El presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros.
* La Coordinación de la Transformación del Estado, presidida por el secretario de la Presidencia.
* Los ministros y sus equipos políticos, apoyados en el comité de directores generales de secretaría.
* La mesa de presidentes de empresas públicas.
* La Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información.
* La Oficina Central de Compras y Contrataciones del Estado.
* Los programas de transformación de los recursos humanos del Estado y de Gestión por Resultados.
* La Auditoría Interna de la Nación.
* Los entes del art. 220 de la Constitución.
* Los gobiernos departamentales a través de la Comisión Sectorial de Descentralización.
* Estos organismos haciendo uso de su autonomía están en condiciones de integrarse al proceso de transformación.
* Proceso de modernización de la gestión pública.
* Proceso de reestructura organizativa de los organismos del Estado.
* Proceso de reestructura de los recursos humanos del Estado.
* El proceso de gestión pública abarca la planificación, la ejecución de los planes, el control y evaluación.
* Estos procesos se desarrollan a la vez en forma centralizada dentro de las competencias de la OPP, el MEF y el Tribunal de Cuentas y se descentralizan por ministerio, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos depar- tamentales.
* Los compromisos de gestión y el presupuesto por resultados
* El gobierno de gestión electrónica
* El sistema de concesiones de obras públicas
* Los planes estratégicos de cada organismo establecen resultados a lograr (metas) y recursos disponibles.
* Los compromisos de gestión vinculan metas y recursos con el esfuerzo de los trabajadores.
* Implican un acuerdo entre las metas y los recursos necesarios y la participación de jerarquías y trabajadores en la definición de los planes estratégicos de los organismos.
* Es posible transparentarlos a la ciudadanía, habilitando el control social de su cumplimiento.
* La evaluación de su grado de cumplimiento debe partir de un dictamen independiente de la AIN y el TC y será realizada por la Presidencia de la República.
* La comunicación interna del gobierno por Internet ahorra tiempo, libera capacidades creativas, genera trámites más rápidos y cómodos para el ciudadano.
* A la vez permite que el ciudadano sea informado en su casa y que tenga canales para opinar y proponer.
* Permite que la educación llegue más rápido y más lejos, mejores posibilidades para administrar los complejos sistemas de salud, seguridad pública, compras del Estado, impuestos.
* Requiere de organismos desconcentrados del PE: la Agesi, vinculada a través de OPP y la Oficina Central de Compras y Contrataciones del Estado, vinculada a través del MEF y asentada en una plataforma informática que abarca a todos los proveedores y a todo el Estado.
* Requiere a
demás asegurar que la DGI contará con un sistema completo de presentación y pago de impuestos por Internet.
* Se requiere un Sistema de Concesión de Obras Públicas capaz de producir la evaluación financiera y social de cada proyecto, habilitando el financiamiento nece- sario sin endeudar al fisco, contra el pago por el uso de la infraestructura construida.
* Requiere generar una institucionalidad relacionada con el MTOP, una unidad multidisciplinaria que realice los estudios necesarios, que podría actuar en el ámbito de la CND.
* Los organismos deben contar con los recursos necesarios para cumplir con sus planes estratégicos.
* Para determinar el personal necesario en cantidad y calidad se sigue un proceso ordenado de división del trabajo.
* Se determina qué se quiere hacer, cuáles son los procesos de producción que hay que seguir para obtener el conjunto de bienes y servicios a aportar a los beneficiarios de los mismos y por lo tanto qué trabajo es necesario realizar.
* El resultado de la división del trabajo es una estructura organizativa que llega al detalle de cuáles son los puestos de trabajo necesarios y qué tareas se desarrollan en cada uno.
* En una primera etapa es necesario definir los puestos de dirección, sus perfiles, competencias y regímenes jurídicos aplicables.
* Necesitamos una administración pública profesional y de méritos, orientada a los resultados y a la eficiencia.
* Los funcionarios deben garantizar idoneidad, defensa del interés público ante el particular, seguridad jurídica y al mismo tiempo ser receptivos a las prioridades políticas y necesidades ciudadanas.
* El Estado objetivo de esta transformación es aquel capaz de liderar el proceso de desarrollo económico social con equidad y aumentar la participación de los ciudadanos en la construcción de este proceso.
* El proceso de transformación del Estado requiere de la participación creciente de la sociedad civil.
* La participación comienza por la puesta en común de estos lineamientos generales y la solicitud de propuestas a: la academia, el movimiento sindical, las cámaras empresariales y los partidos políticos.
* El propio proceso de transformación irá generando otros canales de comunicación y propuestas con la sociedad. *
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