Expertos contra las cárceles privadas

Dos expertos en la materia ­Stephen Nathan y Elías Carranza­ fueron los encargados de exponer acerca del panorama mundial y latinoamericano de las cárceles privadas, y los costos económicos y sociales que eso trae aparejado.

Stephen Nathan inició su alocución haciendo referencia al tema de manera casi informal ­»la papa caliente que tenemos hoy entre manos»­ a la vez que convocaba a que las autoridades no desvíen la atención de un debate mucho más fundamental y profundo que es «el futuro de los sistemas de Justicia penal, cómo deben ser y cómo deben asegurar que las cárceles sean una medida de última instancia».

Dijo que los últimos informes sobre el actual estado de las cárceles privadas en Estados Unidos ­el primer país en utilizarlas a través de la «Corrections Corporation of America»­ dan cuenta de la situación que allí se vive; muertes en custodia, escapes, guardias que golpean, motines, gente que viola los derechos de los empleados, etcétera; pero indicó que «no hay ningún registro de que las cárceles privadas mejoren las condiciones de las personas privadas de libertad» y afirmó que «los modelos privatizados son un arma ideológica». Para Nathan esos sistemas tienen «fallas sistemáticas» y manejan «prácticas dudosas».

Por su parte el criminólogo Elías Carranza dijo que no cree éticamente que ni por razones económicas, ni por razones de políticas criminal un país deba invertir en prisiones a cargo de empresas privadas. Sí ve correcto, y es lo que entiende sobre el trabajo que quiere hace en Uruguay en está materia, que la construcción pueda ser contratada y que el Estado la pague con créditos blandos y una vez finalizada la obra sea el Estado el que continúe con su ejecución y control del sistema. De otra manera le parece que es «un peligro en el que no convendría entrar», opinó.

Por su parte el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Alvaro Garcé, opinó que no cree que sea bueno privatizar en cuanto a renunciar a las facultades inherentes del sistema, pero no descarta la posibilidad de una revisión a fondo sobre las posibles alternativas para la construcción de nuevas cárceles».

 

Las prioridades

El comisionado parlamentario Alvaro Garcé resaltó, en el marco de un seminario sobre privatización de cárceles, las prioridades y dijo que el Comcar encabeza la lista de máxima prioridad. Los pabellones femeninos a nivel nacional, en especial el de la cárcel de Canelones y los centros de reclusión de Rivera y Maldonado, también están colocados en la lista de prioridades «más urgentes».

En ese sentido, reclamó que las mejoras sean atendidas antes del 1º de enero de 2008, sea por la vía de la Rendición de Cuentas o a través de concesiones privadas, tema que deberá abordar el sistema político a la brevedad.

Las grandes prioridades en materia penitenciaria demuestran una vez más que el sistema uruguayo necesita urgentemente ser atendido. Ayer, la discusión del seminario internacional se focalizó sobre el tema «Sistemas penitenciarios y derechos fundamentales» en la privatización de las prisiones. Sobre el tema quedó claro que el sistema político es el encargado de discutir la solución al problema, también que hay fuertes discrepancias y los expertos internacionales se mostraron en contra de las privatizaciones. La posición del comisionado parlamentario respecto al tema es clara y reclama de forma imprescindible la construcción a corto plazo de nuevas plazas en todo el sistema penitenciario y el Ministerio del Interior se encuentra trabajando en un proyecto. Así lo informó la asesora del ministerio, María Noel Rodríguez, que busca modificar los establecimientos de reclusión del Interior, trasladándolos del centro de las ciudades hacia las zonas suburbanas y rurales, así como mejorar la estructura de aquellos que se encuentran en la zona metropolitana. También se estudia la ampliación de los predios actuales.

En ese sentido el comisionado Alvaro Garcé dijo a LA REPUBLICA que además de las mil plazas que se generarán este año se necesitan dos mil plazas más para la mejora de todo el sistema y que la construcción de nuevos locales, así como la refacción de los mismos, debe atender a distintos niveles de prioridad a nivel nacional.

La máxima atención debe dársele al Comcar, en especial a su policlínica. También es prioridad la situación de los pabellones femeninos de todo el país y especialmente el sector que alberga la cárcel de Canelones. Asimismo las cincuenta plazas que necesita el Penal de Libertad y las cárceles de Rivera y Maldonado, conforman la lista de las primeras prioridades, dijo Garcé. La segunda gran prioridad es la situación de las cárceles más obsoletas en el interior del país, que están ubicadas en el centro de las ciudades. La idea es que sean trasladadas hacia las zonas rurales o suburbanas. Los departamentos que se encuentran en esta situación son Artigas, Tacuarembó, Treinta y Tres, Lavalleja, Florida, Soriano, Flores, Rocha y Rivera.

El comisionado también entiende que se debe invertir en la refacción de cárceles que fueron construidas durante los años setenta y ochenta, como las de Salto, Paysandú, Paso de los Toros, Fray Bentos, Cerro Largo y Colonia. Estas prioridades deberán ser atendidas a «corto plazo», dijo Alvaro Garcé, sea por «la vía de la rendición de cuentas con efectividad a partir del 1 de enero de 2008 o mediante la concesión de obras, lo que deberá discutir el sistema político»