"Que en el campo se trabaje en condiciones  medievales es una barbaridad, es un atraso"

–¿En qué etapa está el tema de la descentralización del Ministerio de ganadería (MGAP)?

–La ley está aprobada y ahora estamos trabajando en la reglamentación, pero para que la misma pueda llevarse adelante hay que ver cuáles son los pasos que hay que dar. Porque todo el mundo estuvo de acuerdo con la ley de descentralización, incluso la oposición con lo cual estamos muy agradecidos, pero una cosa es la ley y otra es la ejecución de la misma.

Le ley incluye tres escalones que pretenden cambiar el funcionamiento del MGAP: el primero es la coordinación de los servicios técnicos que tiene el ministerio. Hoy en día los funcionarios de los servicios ganaderos, los funcionarios de los servicios forestales, los de servicios agrícolas, los de la granja, etcétera, funcionan cada uno por su camino. Lo que nosotros queremos es recuperar la unicidad del MGAP.

El segundo escalón es el de la institucionalidad pública agropecuaria. La institucionalidad pública nuclea a todas las entidades privadas que integran el conjunto del sistema del área agropecuaria: el Instituto Nacional de Semilla, el Instituto de Colonización, el Secretariado Uruguayo de la Lana, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (….) Todas esas instituciones juntas tienen un presupuesto igual al del Ministerio y se ocupan cada una de los suyo. Son instituciones donde participa el Estado y funcionan con fondos públicos. Entonces, lo mismo que al interior del ministerio, hay que superar los ranchos aparte y empezar a coordinar en el territorio.

Forman parte también de la institucionalidad pública agropecuaria los departamentos de promoción agraria de las intendencias. Son parte de la institucionalidad agropecuaria aunque dependen de los gobiernos departamentales. Todo eso funciona con plata del pueblo y por tanto tiene que rendirle al pueblo.

El tercer escalón es la participación de la sociedad civil objetivo de nuestro ministerio, que son los productores de los distintos departamentos. Estos tres escalones o tres niveles tenemos que ponerlos a funcionar juntos, a dialogar, para coordinar acciones a nivel del territorio que permitan asimismo articular recursos. Hay que ver cómo hacemos mejor con los recursos que tenemos y desde el ministerio tenemos que tomar decisiones administrativas para que esto suceda y en eso estamos.

 

–¿Estos son los temas que se están tratando en la comisión de reforma del Estado del MGAP de la que usted participa?

–Desde la Comisión de reforma del Estado lo que estamos haciendo es recentrar los objetivos del ministerio. Lo primero que hay que hacer es definir claramente qué queremos y para qué y eso va a llevar a evaluar si la estructura que tenemos de ministerio es la adecuada. Y en esa redefinición vemos que hay dos cosas que son centrales:

La primera es una necesidad de cubrir el territorio con los servicios del ministerio cumpliendo una tarea de promotor de desarrollo, de fomento y de extensión. El cumplimiento de esta tarea es central para nosotros y es algo que el MGAP tiene que lograr y que es lo que debería de estar haciendo desde hace mucho.

El desarrollo del sector agropecuario es crucial para la riqueza del país y por tanto tenemos que saber aprovechar los recursos naturales que tenemos y ver de qué forma generamos más trabajo, siempre teniendo en cuenta las particularidades del empresariado rural de nuestro país. La mayoría de nuestros empresarios son productores rurales familiares (el 80%) y en ellos está la clave del desarrollo de la agropecuaria y hacia ellos hay que destinar la mayor parte de los esfuerzos porque son los que más necesitan la ayuda del Estado. Esta población necesita servicios de las institucionalidad pública agropecuaria para su desarrollo y esto incluye el tema de la descentralización.

El segundo aspecto importante de los cometidos del MGAP es la creación de una unidad de desarrollo rural, que le devuelva al MGAP su cometido de extensión. Esto ya entró en la ley de presupuesto de este gobierno, está en el artículo 161. Hay más asuntos que estamos evaluando dentro de la comisión, pero estos dos son centrales.

 

–Siguiendo en el tema reformas, ¿cuál va a ser la política del MGAP con respecto a estas instituciones públicas de derecho privado que mencionaba anteriormente? Hay en la vuelta un proyecto de reforma del Inavi…

–Los institutos públicos de derecho privado son un invento de la jerga jurídica nacional. Son públicos porque sus cometidos y sus recursos son públicos. Lo único privado en ellos es el régimen laboral. El Inavi por ejemplo supervisa la calidad de los vinos, multa a los infractores, cobra las multas, promueve los vinos de calidad y promueve las exportaciones. Eso es una acción pública que tiene que ver con todo el país, no es una acción privada. Los fondos para eso los pagamos todos, cuando nos tomamos un vaso de vino. Entonces lo que tiene de privado el Inavi es el régimen laboral, por lo que en vez de llamarse instituto público de derecho privado, debería llamarse de derecho laboral privado.

El fenómeno de estos institutos ocurrió en todo el mundo en los años 80 y 90 con el despliege de las políticas neoliberales. Se entregaron a los privados actividades estatales y esto pasó en todos los ámbitos.

En algunos casos la entrega de funciones a los privados anduvieron muy bien, mientras que en otros casos anduvieron muy mal, si uno se fija los objetivos que tuvo esto cuando se crearon los institutos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias anduvo muy bien.

Ahora ¿por qué en algunos casos las cosas funcionaron adecuadamente y en otros casos no? Esto es lo que nos estamos cuestionando. No queremos tener un razonamiento fundamentalista de aplicar lo mismo para todos los institutos. Por eso lo que estamos haciendo ahora en vez de estatizar todo de nuevo, lo que sería imposible además, es buscar instituto por instituto, realidad por realidad, la forma de mejorarlos para que cumplan con sus objetivos.

 

–¿Cuáles necesitan ser reformados según lo que han podido estudiar?

–Lo primero que abre cancha en esto es la reforma del Inavi, equilibrar la composición de su consejo directivo, reformular algunos de sus cometidos volviendo para el Estado algunas cosas que son roles naturales del Estado y facultar al Inavi para que haga algunas cosas que hasta ahora no ha hecho. O sea, intentar reformarlo para que funcione mejor sin establecer una tesis general para los institutos.

También vamos a crear algún instituto más. Por ejemplo, si la lechería da trabajo a 6000 tamberos en el campo, 30.000 personas en las fábricas y generamos millones de dólares en exportación la lechería nacional tiene que tener su propio instituto.

Los institutos que andan bien: como el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, los estamos reforzando y los que no andan bien los vamos a reformar como el Inavi y el Instituto Nacional de Colonización, a sugerencia de su propio directorio.

 

–Hablando de Colonización… ¿En qué está la iniciativa del Poder Ejecutivo de traspasar al INC las tierras de deudores crónicos del BROU?

–Se viene trabajando en ello, pero es un tema muy complejo. Por un lado está la decisión política del tema y por otro lado está cómo se hace para instrumentarlo, de quién es la propiedad jurídica de esas tierras, qué puede ocasionar en el mercado de tierras tomar esas decisiones. Son todas cosas que hay que tratarlas muy equilibradamente.

Hay tierras de las cuales el acreedor es el Banco Central y hay tierras de las cuales el acreedor es el Banco República, que todavía tiene sus balances y que no se pueden manotear así nomás. Se habló mucho y se está buscando la manera de hacer el traspaso de esas tierras, ya que en realidad si siguen así queda
n en el limbo. Blanqueemos la situación y usemos esas tierras para los fines que establece el gobierno.

Quizá lo que sí está más adelantado es el trabajo para pasar tierras del Estado. Tenemos las listas del todas las tierras del Estado y las estamos repasando una por una. Además ya se han logrado convenios con UTE y con el BSE por ejemplo.

 

–¿Es esto un reclamo de Colonización?

–Las autoridades de Colonización desde mucho antes de asumir sus cargos nos dijeron: «miren que hay tierras del Banco Central de la época de la tablita. No rematemos las tierras del Banco República encontremos una forma de que las pasen a Colonización….». Este planteo las autoridades lo hicieron mucho antes de entrar a Colonización. Sabían dónde estaban las tierras que debían pasar al Instituto, no tenían una lista pero lo sabían.

 

–En cuanto a otros temas: ¿cuál es la postura del MGAP al respecto de la regularización de las ocho horas en el campo?

–Esto es algo que el Ministerio de Trabajo está llevando adelante con la participación de los empresarios y los trabajadores y nosotros estamos de asesores. La posición genérica que tenemos en este tema es que vemos favorable que para los trabajadores rurales existan los mismos principios de trabajo que para los trabajadores urbanos.

Hace ya muchos años que el país resolvió que los trabajadores urbanos tienen ocho horas para trabajar, ocho para descansar y ocho para ellos. Para nosotros la limitación de la jornada de trabajo es muy importante en cuanto derecho social y el campo estaba muy atrasado en cuanto a los salarios, en las condiciones sociales de vida, en cuanto a la capacidad de acceder a los beneficios del desarrollo y en cuanto al aislamiento.

Además eso, el trabajo de sol a sol en el campo es una barbaridad. Que en el campo uruguayo se trabaje en condiciones medievales es una barbaridad social, es un atraso. La visión que tenemos como ministerio es de ayudar a equilibrar los intereses entre los trabajadores y los empresarios en esta etapa de país productivo en la que estamos, pero con una posición favorable a las ocho horas de trabajo.

Ahora, nuestra postura es que las ocho horas deben organizase de una manera compatible con la realidad de nuestro sector agropecuario. Cualquiera sabe que cuando se está trillando hay que trillar mientras el grano esté seco y si el grano está seco doce o catorce horas, dale las doce o catorce horas. Y cualquiera sabe que si llueve no se puede salir a trabajar. Entonces hay que organizar las ocho horas según las particularidades técnicas, pero también según el acuerdo político de los actores. El acuerdo ha sido una cuestión muy difícil ya que en el fondo las discusiones se trataban de salarios: los trabajadores querían reglamentar las ocho horas para mejorar sus ingresos con el pago de horas extra y los empresarios querían buscar una forma de compensarlos sin pagar más. Ha habido distintos borradores y al fin y al cabo esto es una negociación política. Ahora, guambia con decidir desde el gobierno cosas que la sociedad no siente como necesarias, no se pueden regalar derechos, los derechos se conquistan.

 

–Mujica ha dicho varias veces que preferiría que el dólar valiera unos pesos más para el sector agropecuario ¿el Ministerio piensa estimular alguna iniciativa al respecto?

–No, por ahora sólo estamos opinando y lo cierto es que al sector agroexportador le conviene que el dólar valga más, pero este no es un tema del MGAP. Por ahora el gobierno no piensa aplicar tasas de cambio diferenciales.

 

–¿Cuáles van a ser las líneas fuertes de trabajo del MGAP en este 2007?

–Hay un claro compromiso desde el Ministerio con los productores familiares y al respecto en el 2007 se va a trabajar muy fuerte para mejorar las condiciones de la lechería. Eso se ejemplifica en este año a través de diversas acciones: estamos buscando lograr un fideicomiso de tierras para la lechería, va a ir la ley de lechería al parlamento y queremos vincular a Colonización con la lechería. Y esto no es por la leche sino por las personas que trabajan con las vacas y en las fábricas. Básicamente el MGAP en este año va a hacer énfasis en generar distintas acciones dirigidas a: los productores familiares, la forestación familiar, la ganadería familiar y a lograr el proyecto de la lechería.

Las leyes concretas que estamos mandando son: la que modifica la ley de Colonización, de forma de obligar a los institutos públicos a que le den sus tierras al INC, la reforma de la ley del Inavi y la ley de lechería. *