Narcotráfico y lavado de dinero

El Departamento de Estado, de Estados Unidos, también difundió ayer su informe sobre el Tráfico de Drogas y el Lavado de Dinero en el mundo; en ambos hay referencias a Uruguay.

En el referido al narcotráfico el informe reconoce que «Uruguay no es un país de gran producción o tráfico de drogas».

Sin embargo establece que hubo un «crecimiento en el tráfico de cocaína» y «en el consumo de pasta base».

El informe también señala que hay limitaciones en los controles que se «limitan a inspecciones en los aeropuertos y a los contenedores en los puertos». El informe alerta sobre «la posible utilización de las zonas francas» como centros de tráfico de drogas hacia o desde la región.

En lo referente al lavado de dinero, el informe establece que «en el pasado, las leyes permisivas del secreto bancario en Uruguay y la estabilidad económica total lo hicieron un centro financiero regional vulnerable al lavado de dinero, aunque el grado y la naturaleza de las transacciones financieras sospechosas ha sido confusa».

El informe reconoce el esfuerzo del gobierno uruguayo para legislar sobre la eliminación de las SAFIS y el control a las empresas off shore, destacando además el impacto que tendrá la Reforma Tributaria y la imposición del Impuesto a las Rentas Personales.

Sin embargo, señala que «en 2005, el Fondo Monetario conjuntamente con el Gafisud, concluyeron la segunda evaluación mutua sobre el lavado de dinero en Uruguay y sobre el régimen de medidas contra el financiamiento al terrorismo. Su informe fue presentado en la reunión plenaria de Gafisud en julio de 2006.

La evaluación reconoció los avances de Uruguay con su nueva legislación pero precisó que algunas regulaciones todavía necesitaron ser incrementadas.

El equipo de la evaluación no consideraba que el UIAF pueda ser completamente operacional debido a la falta de personal y a los recursos limitados».

El informe termina con una recomendación clara: «El combate al lavado de dinero y el control contra el financiamiento al terrorismo, deben continuar siendo prioridades para el Gobierno de Uruguay». *