Reforma de la Salud: FA busca sancionar dos proyectos "sustanciales" para puesta en marcha

La Reforma de la Salud es una de las innovaciones estructurales y prioritarias que el programa del Frente Amplio había impulsado con firmeza antes de asumir el gobierno, pero no la única.

En tal sentido, el año 2006 culminó con la sanción parlamentaria del proyecto de Reforma Tributaria que se aplicará a partir de julio próximo, mientras que 2007 será clave para la definitiva puesta en marcha de la Reforma del Sistema de Salud.

Si bien el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro Nacional de Salud fueron creados por el Presupuesto Nacional, de todas maneras el proceso de construcción de ambos, fue definido como «gradual», por varios voceros de la izquierda.

Los objetivos de esta reforma son «mejorar la calidad de salud de la población a través de la universalidad de la asistencia, la integralidad y la equidad en cuanto a la distribución de los recursos», señaló el diputado Luis José Gallo (Asamblea Uruguay).

En tanto que los primeros pasos hacia esos objetivos son la sanción parlamentaria de dos proyectos de ley que el Ejecutivo remitió al Legislativo durante 2006 y que resultaron aprobados por el Senado: la creación del Fonasa y la descentralización de Asse.

Es decir que la Reforma de la Salud no es una «única» modificación expresada a través de una Ley, como sí lo fue la Reforma Tributaria. Este camino por el cual optó el gobierno, de impulsar paulatinamente el nuevo sistema de salud «no tiene que ver solamente con los recursos, sino con la complejidad del proceso», indicaron fuentes oficiales. A la vez que se pretende incorporar a los distintos sectores de la población en «etapas».

 

Creación del Fonasa

El proyecto por el cual se crea el Fonasa fue sancionado el año pasado en el Senado y se encuentra actualmente a estudio de la Comisión de Hacienda de Diputados.

Según la iniciativa que partió del Ministerio de Salud Pública, con la sanción de esta ley se inicia un proceso y no se pretende, de una manera única e inicial, «resolver el conjunto de los problemas que tiene el sistema de salud». Por ello la iniciativa que realiza cambios «estructurales en la forma de acceso y financiamiento para los afiliados de la seguridad social, es un punto de inicio de un proceso que irá abarcando a toda la población».

Se aclara que la iniciativa «reorientará los recursos, los sistemas y sus capacidades». Por otro lado, a través del Consejo Consultivo para los cambios en Salud, convocado en el año 2005 por el gobierno, se ha intentado «elaborar, trabajar, intercambiar y manejar alternativas, con el objetivo de conseguir consensos, tanto a nivel de los actores de la salud, como en el ámbito del Parlamento».

Por su parte, el diputado Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) explicó que el Fonasa recibirá aportes en un porcentaje mayor de parte del Estado y a la vez de parte de trabajadores y jubilados. Además, el fondo pagará a las mutualistas por un sistema de «cápita». Precisamente allí radica una de las grandes novedades de la propuesta, porque el sistema de «cápita» significa que los pagos que recibirá cada Institución Médica de Asistencia Colectiva (Imac) por cada socio estarán vinculados a los niveles de riesgo que presenta la población uruguaya.

Es decir, la cápita que pagará el fondo a una Imac por un socio joven o una persona de entre 30 y 40 años de edad de sexo masculino ­quienes menos uso hacen del sistema de salud-, será menor a la cápita que pagará por una persona de más de 60 años o por una mujer en edad fértil.

«Esto produce un enorme cambio porque hasta el momento lo que ocurría en el sistema de salud privado era que las mutualistas competían por los socios sanos y más jóvenes y limitaba el acceso de las personas mayores o mujeres en

edad fértil. Ahora será al revés, porque competirán por el socio por el cual se pagará más y se tratará de que además no se enferme», comparó Brenta.

Agregó que, con respecto a este pago ajustado por edad y sexo, se beneficiará principalmente a «la población de mayor edad y las mujeres en el período de mayor peso de la gestación». Al pagarse por ello un valor superior, las instituciones no realizarán el tradicional «descreme», es decir una «selección adversa de riesgo, generando un incentivo para que estas poblaciones sean mejor atendidas».

«Un sistema que trate de reembolsar lo que las instituciones invierten en salud, de acuerdo con sus características y sus costos, notoriamente y de manera integral, da justicia al mismo. Esta modalidad de cápita, es la única manera racional posible de restablecer un sistema que garantice, en términos del financiamiento, la solidaridad intergeneracional y en la relación entre enfermos y sanos», sostuvo el legislador oficialista.

Sin embargo, a pesar de la redistribución de ingresos de esta nueva forma de pago «no existe un proceso de desestabilización» sobre las instituciones mutuales. «Porque se hace en un momento de crecimiento del sistema mutual, de reducción de sus pasivos y de estabilidad de ingresos y costos. Además, no hay ninguna institución cuyas reducciones de ingresos esté por encima de su superávit operativo, llevándolas a un déficit. Sólo sucede esto en 3 de las 41 instituciones y el MSP ya ha comenzado a trabajar en el apoyo a ellas, y por otro lado, existe un amplio campo de expansión del sistema con los nuevos ingresos», argumentó Brenta.

El legislador también enumeró algunos de los resultados de la aplicación de la futura ley. Por ejemplo, señaló que incorporará a «26.612 trabajadores públicos que hasta ahora no tenían cobertura en materia de salud».

También incluirá a aquellos jubilados de bajos ingresos (quienes al año 1998 no percibían más de 1.250 pesos) y que si bien tenían mutualista gratis, por tener pasividades mínimas, sin embargo, no podían pagar órdenes ni tiques por lo que se daba la paradoja de que tenían una mutualista pero no podían recurrir a ella y al mismo tiempo Salud Pública no los atendía porque disponían de una institución privada.

Mientras que en el caso de los trabajadores que no tenían ninguna cobertura, esto significará «acceder a un servicio de salud», situación en la que se encuentra «aproximadamente el 40% de los trabajadores».

En el caso de los trabajadores que pagaban su cuota mutual, esto significa un incremento de su ingreso disponible, ya que en un salario promedio de 10 mil pesos pasará a aportar 300 pesos (un 3% que, además, difiere en tres años) y dejan de pagar una cuota que es del orden de 1.000 pesos. Ello significa, entonces, una ganancia de salario real del 7%», dijo Brenta.

El fondo tomará de todas las personas una proporción de acuerdo a sus ingresos. Por ejemplo, la persona que percibe un sueldo de 30 mil pesos tendrá como descuento el equivalente al costo de la cuota mutual actual (es decir, 1.000 pesos), pero quien gana más de 30 mil pesos aportará un valor superior. Aclaró que la mayoría de las personas pagarán «menos de lo que hoy cuesta la cuota mutual».

Asimismo, el fondo financiará a las mutualistas y al propio sistema público de salud el que a su vez, recibirá recursos presupuestales.

Por otro lado, la futura ley establece la «libre movilidad de usuarios entre el sector público y privado, que se aplica de manera inmediata para los 26.612 trabajadores y para todos aquellos que ingresen o reingresen a partir de esta fecha. Ello posibilitará que en ese marco de competencia público-privado, las Imac reduzcan el valor de sus tiques y órdenes para ser una opción atractiva, sobre todo para la población pasiva con derecho a la salud a través de la seguridad social».

La propuesta, además de asegurase que todo socio sea atractivo para las mutualistas, a la vez le quita presión al sistema público. «Porque en paralelo con el proyecto de Descentralización de Asse y una fuerte inversión de salud que comenzó a realizarse en el Presupuesto para mejorar la atención en salud pública, el objetivo será
que el sistema público esté en condiciones de brindar un servicio similar al privado».

Todo ello va de la mano de «una inversión que se realizará, con el excedente generado del propio fondo, de unos 7 millones de dólares anuales los que se destinarán a la mejora de la infraestructura de los servicios de Asse», señaló Brenta.

 

Descentralización de Asse

El otro pilar de la reforma sanitaria tiene que ver con el proyecto de ley de Descentralización de Asse. La iniciativa establece que en forma «gradual y flexible» se irán reestructurando los servicios asistenciales, sacándolos de la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP), el que quedará solamente como organismo «planificador, normatizador y regulador» de las políticas de salud.

La norma establece que dicho organismo será una persona jurídica de derecho público. Entre las competencias, cometidos y facultades se establece que tendrá a su cargo la «organización, administración y funcionamiento de los servicios destinados al mantenimiento de la salud, asistencia, cuidado y tratamiento de enfermos y de los ancianos e incapaces».

Para ello, su competencia será contribuir a la implementación del Sistema Nacional de Salud asegurar el acceso a la asistencia médica de los indigentes o carentes de recursos suficientes. También deberá brindar, por sí o por terceros, atención integral adecuada percibiendo y administrando los recursos respectivos por dicha atención cuando corresponda.

Por su parte, la ministra de Salud, María Julia Muñoz dijo en su momento, públicamente, que la descentralización de Asse es a los efectos de que el MSP tenga la función de «rectoría con mucha más fortaleza de la que tiene actualmente, formando sus recursos humanos y actuando de manera equidistante con los servicios públicos y los servicios privados, o sea exigiendo el cumplimiento en los servicios públicos y privados con la misma calidad y atención».

Si bien se maneja la posibilidad de que el proyecto reciba algunas modificaciones en su redacción durante la discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, de todas maneras la intención de los legisladores que componen tanto la Comisión de Salud como la de Hacienda, donde se encuentra el proyecto de creación del Fonasa, pretenden votar ambas iniciativas en una misma sesión del plenario de Diputados. De esa forma se estaría dando cumplimiento a los intereses del gobierno de encaminar definitivamente durante 2007 la Reforma del Sistema de Salud, coincidieron diversas fuentes legislativas consultadas al respecto. *