Luego de los anuncios de Vázquez referidos a que su gobierno tendrá tres objetivos centrales: “el Uruguay Productivo, la Reforma del Estado y el Plan de Equidad Social”, un grupo de trabajo sobre reforma del Estado que designó el máximo mandatario y que integran el presidente de Ancap, Daniel Martínez; el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Daniel Mesa; el asesor presidencial Conrado Ramos y el subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Humberto Ruocco, se reunió días pasados con representantes del Pit-Cnt y delegados de las cámaras de comercio e industria, y organizaciones rurales.
Si bien el equipo de trabajo designado por Vázquez ya había presentado un documento base sobre la reforma estatal, el encuentro que mantuvieron forma parte de una nueva etapa en la discusión del proyecto con todos los actores involucrados.
En la iniciativa de reforma del Estado se propone, en líneas generales, una eventual asociación de las empresas públicas con privados, el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos y un nuevo sistema ocupacional y retributivo y de gestión humana unido a la readecuación salarial en base a aumentos diferenciales y topes.
Durante la pasada reunión los representantes del gobierno presentaron un documento sobre los lineamientos generales de la transformación democrática del Estado a sindicalistas y empresarios.
En el mismo se establece que los objetivos serán procurar un Estado “activo en la promoción del desarrollo económico social nacional; amigable, sensible a las necesidades de la ciudadanía; comprometido con el logro de las metas del plan de gobierno y con la eficiencia en el uso de los recursos que la población aporta; y orientado a la transparencia, a la participación de los ciudadanos y a la permanente búsqueda de más democracia”.
En el documento se hace referencia a tres procesos de transformación del Estado: “Modernización de la gestión pública, la reestructura organizativa de sus organismos y la reestructura de los recursos humanos”.
Dentro del proceso de “modernización de la gestión pública” se determina que el proceso de gestión pública abarca la “planificación, la ejecución de los planes, el control y la evaluación”. Estos procesos se desarrollan a la vez en forma centralizada dentro de las competencias de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas, y se descentralizan por ministerio, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales.
En cuanto a las herramientas de la modernización de la gestión pública, se determinan tres prioridades. La primera de ellas hace referencia a “los compromisos de gestión y el presupuesto por resultados”, en lo que se incluyen los planes estratégicos de cada organismo para establecer resultados a lograr (metas) y recursos disponibles.
Los compromisos de gestión, por su parte, “vinculan metas y recursos con el esfuerzo de los trabajadores”. Además, “implican un acuerdo entre las metas y los recursos necesarios y la participación de jerarquías y trabajadores en la definición de los planes estratégicos de los organismos”.
En ese marco se determina que es posible “hacerlos más transparentes a la ciudadanía, habilitando el control social de su cumplimiento”.
La evaluación del grado de realización debe “partir de un dictamen independiente de la Auditoría Interna de la Nación y el Tribunal de Cuentas y será realizada por la Presidencia de la República”.
En ese capítulo también se hace mención al “gobierno electrónico, la sociedad de la información y la democracia”. En tal sentido, se estima que la comunicación interna del gobierno por Internet “ahorra tiempo, libera capacidades creativas, genera trámites más rápidos y cómodos para el ciudadano”.
A la vez, permite que “la educación llegue más rápido y más lejos, y otorga mejores posibilidades para administrar los complejos sistemas de salud, seguridad pública, compras y contrataciones del Estado”.
En cuanto al “sistema de concesiones de obras públicas”, se asegura que se requiere de un “sistema de concesión de obras públicas capaz de producir la evaluación financiera y social de cada proyecto, habilitando el financiamiento necesario sin endeudar al fisco, contra el pago por el uso de la infraestructura construida”.
En referencia a las reestructuras organizativas de los servicios públicos, se dice que los “organismos deben contar con los recursos necesarios para cumplir con sus planes estratégicos”.
Asimismo, se estipula que para determinar el personal necesario en “cantidad y calidad” se sigue “un proceso ordenado de división del trabajo”. “Se determina qué se quiere hacer, cuáles son los procesos de producción que hay que seguir para obtener el conjunto de bienes y servicios a aportar a los beneficiarios de los mismos y, por lo tanto, qué trabajo es necesario realizar”.
A través del documento se establece que “el resultado de la división del trabajo es una estructura organizativa que llega al detalle de cuáles son los puestos de trabajo necesarios y qué tareas se desarrollan en cada uno”.
También se plantea la “adecuación de los recursos humanos del Estado a los objetivos del gobierno”. En tal sentido, en una primera etapa será necesario definir los puestos de dirección, sus perfiles, competencias y regímenes jurídicos aplicables.
Se asegura que el Estado requiere una “administración pública profesional y de méritos, orientada a los resultados y a la eficiencia”. Además los funcionarios deben “garantizar idoneidad, defensa del interés público ante el particular, seguridad jurídica y al mismo tiempo ser receptivos a las prioridades políticas y necesidades ciudadanas”.
Por su parte, el subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Humberto Ruocco, dijo a LA REPUBLICA que las iniciativas que surjan desde los distintos sectores sociales serán nuevos “insumos” para construir la propuesta final que Vázquez discutirá junto a su gabinete ministerial en una reunión especial del Consejo de ministros.
Acotó que el mandatario no solamente planteó la reforma del Estado como “prioridad” sino que, a la vez, recogió las propuestas de sus ministros para aportar al proyecto Uruguay Productivo, “es decir que son dos iniciativas que están concatenadas”.
“Queremos transformar democráticamente al Estado para ponerlo a la altura del desarrollo del país productivo, porque no tiene sentido un Estado al servicio de la nada”, sentenció el jerarca.
En tanto, el integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt Juan Castillo expresó que la central sindical “está de acuerdo en participar en ámbitos en los cuales se discuta la reforma del Estado”.
De todas maneras dijo que dicho espacio de consulta debe ser “tenido en cuenta” para “no perder el tiempo”, porque a su juicio cuando se genera un ámbito de debate, por otro lado “y por la prensa se informa que se venden las acciones mayoritarias de Pluna a un inversor privado o que en un servicio de las telecomunicaciones podría haber algún área que pasaría a la órbita de la empresa pública bajo el derecho privado”.
“Es decir, queremos participar realmente en el debate, escuchar las propuestas y trasladar nuestras inquietudes y no ser meros espectadores”, añadió el dirigente sindical.
Castillo criticó que el documento que presentó el gobierno esté compuesto por “generalidades”.
“Esto es el idealismo, es decir, queremos un Estado color de rosas y con olor a perfume. Pero no se habla de cómo traerlo a tierra. No se habla de qué se piensa para la administración central o las empresas públicas”, cuestionó Castillo.
En ese marco, añadió que la gremial pretende discutir “cualquier traba burocr
ática que le impida al Estado trabajar con eficiencia, ser más competitivo, (para) que todo el Estado trabaje en función de una estrategia de Uruguay Productivo”.
Acotó que el Pit-Cnt pretende “el diseño de un Estado moderno, capaz de incidir y ser el motor de desarrollo del aparato productivo del país, terminar con los acomodos y clientelismos políticos que colorados y blancos han hecho toda la vida, y con el aparato burocrático que el Estado y las colectividades políticas fueron creando”.
Por otro lado, dijo que durante la reunión se habló sobre la eventualidad del fin de la inamovilidad de los funcionarios. “Si el gobierno piensa que hará la reforma del Estado con el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos, entonces la central sindical no tiene nada que discutir. “Nos levantamos y se terminó, porque hay un concepto muy mal manejado por algunos integrantes del gobierno referido a que parece que el mayor de los problemas son determinadas garantías para la estabilidad laboral del trabajador público”.
Acotó que actualmente “desde el Presidente de la República para abajo, no hay inamovilidad de nadie”.
La próxima reunión entre representantes del gobierno, empresarios y trabajadores será el martes 27 de febrero.
Por su parte, la oposición ya ha comenzado a mover las piezas. La pasada semana el diputado colorado Gustavo Espinosa (Foro Batllista) recibió en su despacho a una delegación de Cofe compuesta por José López, Carlos Segovia y Leonel Revelese.
El objetivo del encuentro entre el legislador y los representantes de Cofe fue analizar e intercambiar puntos de vista con relación al “fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos”, que se propone a través de la reforma del Estado.
El legislador dijo que actuó motivado por anuncios que en ese sentido realizó el ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra.
Espinosa indicó que por norma se establecen el respeto y las garantías de la carrera administrativa para los empleados públicos, fundamentalmente aquellos presupuestados en la Administración Central.
“Cuando hablamos de inamovilidad hay cierta tendencia a considerar al funcionario público presupuestado como una persona totalmente inamovible y eso no es así porque la ley prevé las causales para su destitución ya sea por omisión, ineptitud o delito, y lejos está que la inamovilidad signifique una permanencia eterna y menos una impunidad del funcionario público”, señaló el legislador.
Acotó que también debe mantenerse “la garantía al respeto de la carrera administrativa y lograr una abstracción de las pujas electorales que pueden tener consideraciones políticas en relación a los funcionarios públicos conforme a las alternancias de gobiernos”.
“Estamos dispuestos a discutir y evitar que en el futuro pueda haber un régimen de decisión que sea mucho más político que técnico administrativo y culmine lesionando los derechos de los trabajadores”, sentenció el legislador colorado.
En tanto, desde filas nacionalistas el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) considera que la reforma del Estado es “necesaria e importante”.
En cuanto a la posible asociación de empresas públicas con privados, dijo que su colectividad política siempre ha sido partidaria de ello. Añadió que debe pensarse en la posibilidad de “eliminar los monopolios, porque sino se transformaría un monopolio público en privado o con participación de privados”.
Por otro lado, expresó que está en desacuerdo con la derogación de la inamovilidad del funcionario público.
“Hoy no estoy de acuerdo porque el gobierno ha actuado con los funcionarios públicos privilegiando a los de su fuerza política y discriminando y persiguiendo a los de otras colectividades. Así volvemos a la época en que el Partido Nacional promovió la inamovilidad para evitar el clientelismo político que se ejercía desde el gobierno colorado”, remarcó Gallinal.
Señaló que la inamovilidad del funcionario público surgió como “una reacción frente al atropello, discriminación, manoseo y clientelismo, y ese tema hay que discutirlo porque hoy en el gobierno no hay participación de otros partidos”. *
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