Política de cárceles: educación, salud y nuevo reglamento como prioridades

Garcé presentó el pasado 15 de diciembre ante la Asamblea General, como lo establece la ley, un informe sobre la evaluación del sistema penitenciario entre 2005 y 2006. En su informe, el comisionado realizó numerosas recomendaciones de carácter general tendientes a superar las críticas situaciones de los reclusos en lo referente a hacinamiento, comportamiento interno, salubridad, higiene, educación y recreación, entre otras.

A dos meses de sus recomendaciones, desde el gobierno se han dado las primeras señales. Por ejemplo, en materia de enseñanza, el comisionado solicitó la asignación de las horas docentes necesarias para impartir, en todos los establecimientos, enseñanza primaria a personas analfabetas y a las que no hayan completado la escuela; como mínimo, requirió que hubiera un maestro en cada cárcel.

Garcé informó a LA REPUBLICA que Anep, a través del Programa Especial de Capacitación de Jóvenes, creó 41 cargos docentes para los centros de reclusión de todo el país y «por primera vez en la historia, el Estado uruguayo cumplirá íntegramente la obligación internacional de dar educación primaria a todos los reclusos que lo requieran por no haber culminado la escuela. La iniciativa comenzará a ponerse en práctica en el presente año lectivo».

Por otro lado, Garcé había remarcado en su informe que «no existe una reglamentación orgánica del régimen disciplinario para todos los ‘establecimientos penales», y dijo que ello es «directa consecuencia de deficiencias institucionales, multiplicidad de órganos de conducción de los establecimientos penales».

Asimismo, aseguraba que «desde el punto de vista sustancial, la base reglamentaria, fijada por resolución de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación de febrero de 2003, contiene más de un aspecto cuya legalidad, y aun su constitucionalidad, es, por lo menos, dudosa».

En ese sentido propuso como ejemplo «sanciones colectivas sin determinación o prueba de la responsabilidad individual, penas más severas que las previstas en la ley y previsión como faltas de conductas que se encuentran claramente dentro del ámbito de libertad individual».

El comisionado aseguró que el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Cárceles han trabajando en la sustitución del reglamento de disciplina para los reclusos, y añadió que el nuevo proyecto de reglamento ya cuenta con la firma del Ministro del Interior, José Díaz, para su inminente aplicación.

Dicho proyecto de reglamento propone «un trato igualitario a todas las personas privadas de libertad», más allá del establecimiento en el que se encuentren alojadas.

También prevé un sistema de incentivos y recompensas para quienes se destaquen por su buen comportamiento.

Pero Garcé señaló que ahora su interés está centrado en mejorar el sistema de la salud. Para ello, ha propuesto en su informe «reequipar la enfermería de Comcar y aumentar las instalaciones como para tener un centro de salud de nivel primario en materia de atención de reclusos con VIH que resuelva las necesidades tanto del Comcar, como de Libertad, Canelones y La Tablada. Es decir, el 70 % de los reclusos del país».

Aseguró que la semana próxima mantendrá una entrevista con autoridades del Programa Nacional de Sida «para implementar las acciones tendientes a solucionar la situación».

«Realizamos una evaluación satisfactoria por el seguimiento y la puesta en práctica de las recomendaciones en educación, el nuevo reglamento de disciplina y el contacto con autoridades del Programa Nacional de Sida para implementar acciones que atiendan la problemática de reclusos portadores de VIH», sentenció. *