Mujica: "Queremos una política agropecuaria menos feudal"

En diálogo con LA REPUBLICA, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca criticó la política feudal que se ha venido desarrollando por parte de las distintas instituciones que rodean al ministerio. Señaló que se pretende que “las políticas de los distintos organismos confluyan porque todos ellos van a integrar el Consejo Agropecuario Nacional una vez que se apruebe la ley de descentralización”.

La mencionada ley está actualmente siendo estudiada por el Parlamento y se denomina “Ley de descentralización y coordinación de políticas agropecuarias con base departamental”. La idea es que las distintas instituciones, junto con el gobierno, decidan a nivel departamental a través de los consejos agropecuarios departamentales, en coordinación con el gobierno central (a través del Consejo Agropecuario Nacional) las políticas a seguir. En estos organismos se incluirá a representantes de las instituciones como el Instituto Plan Agropecuario, el Instituto de Colonización, el Instituto Nacional de Carnes, el Secretariado Uruguayo de la Lana, el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que son en su mayoría institutos públicos de derecho privado.

Según dijo Mujica, “el problema que tienen estos organismos es su escasa representatividad en cuanto a la participación directa de los involucrados”. “En algunas instituciones los delegados poco tienen que ver con sus respectivas gremiales”. Mujica dijo que éste es un problema importante a solucionar, sobre todo porque “hay muchos productores que no están agremiados”, y en ello se piensa empezar a trabajar.

En lo que tiene que ver específicamente con el Inavi (Instituto Nacional de Vitivinicultores), dijo que se están planteando algunos cambios en su estructura a través de un proyecto de ley que la semana próxima se presentará a la Comisión de Ganadería de Diputados. De todas formas, resaltó que lo más urgente es encontrar medidas que solucionen el sobrestock de uva que atraviesa el sector, para lo cual “quizás haya que hacer alguna modificación al decreto vigente”. Este decreto rige desde el 5 de enero de 2007 y básicamente establece elevar el grado de alcohol en el vino, de 10 grados a 10,5 grados en los vinos de mesa y de 10,5 a 12 grados en los vinos finos (PCV); poner un tope a los rendimientos por viñedo; cambiar la edulcoración del vino con azúcar de caña por azúcar de la propia uva y liberar las prestaciones vínicas de 2005 y 2006 (que es una porción del vino de la cosecha que debe retenerse para ser exportado o destilado). *