Se puso en marcha el Plan de Equidad
Se trata de un proceso que involucra no solamente al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) sino también a otras secretarías de Estado, incluso a las intendencias municipales. Sus objetivos serán rediseñar el sistema de asignación familiar e iniciar una campaña piloto de alfabetización nacional.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, ratificó recientemente que su gobierno, durante 2007, tendrá tres objetivos centrales: la elaboración de las propuestas que conformarán el proyecto de Uruguay Productivo, aprobar la Reforma del Estado y poner en marcha el Plan de Equidad Social como alternativa al Plan de Emergencia.
Se trata de una tarea en la que están involucrados todos los ministerios, las intendencias y diferentes organismos del Estado.
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo a LA REPUBLICA que el PES fue definido por Vázquez como una «estrategia nacional de justicia social impulsada por el conjunto del gobierno y para toda la sociedad».
«No estamos hablando de un programa que esté vinculado sólo a un sector de la sociedad y desde un ministerio, sino de un conjunto de políticas socioeconómicas que el gobierno se comprometió a llevar adelante y que está en el programa de la fuerza política; por lo tanto, ahora pasó a ser un compromiso de los uruguayos», indicó.
El objetivo del plan es «construir una nueva matriz de protección social». En ese marco, el PES comprende un primer capítulo referido a las reformas estructurales que hacen a la equidad social. Estas reformas son «la Reforma Tributaria, que apunta a la redistribución de la renta; el Sistema Nacional Único de Salud; las transformaciones a la educación para convertirla en un Sistema de Educación Pública que por su calidad y desarrollo abarquen al conjunto de la sociedad; y transformaciones en el Sistema de Seguridad Social».
La secretaria de Estado acotó que el segundo capítulo incluye el trabajo con «aquellas personas que parten de niveles de oportunidades elementales, como quienes están dentro del Plan de Emergencia y por debajo de la línea de pobreza», para quienes hay que construir oportunidades y herramientas. Sin embargo, Arismendi advirtió que «si con una varita mágica se pudieran generar todos los empleos necesarios, de todas maneras habría sectores de la sociedad que no podrían acceder a ellos porque no tienen la capacidad necesaria». De ahí la importancia de generar herramientas para que «todos tengamos acceso a los mismos derechos, que garantiza la Constitución de la República».
Acciones
Arismendi aclaró que el PES es un «proceso social» que comprende una serie de medidas. Algunas de éstas estarán en la próxima Rendición de Cuentas, y otras serán leyes aparte. De todas maneras, muchas de ellas ya están en práctica, como el trabajo de los «maestros comunitarios instalados en Primaria o las Aulas Comunitarias para chicos que no han terminado el liceo o que han culminado con 6º de escuela pero no han ingresado a Secundaria». Asimismo, la Ley de Cooperativas Sociales es una «importante herramienta» que ha permitido que ya estén funcionando cooperativas de egresados del programa Trabajo por Uruguay. Otro ejemplo de la marcha del PES es la reciente construcción de viviendas para personas que viven en asentamientos irregulares en Flor de Maroñas, en convenio con la intendencia, los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Desarrollo Social y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares.
«Las medidas a las que se apuntará de ahora en más tienen que ver con el Uruguay Productivo, el trabajo decente, la mejora del nivel educativo de los maestros a través de la de educación permanente, y el inicio de una campaña piloto de alfabetización», expresó la secretaria de Estado. Por otro lado, dijo que es necesario «rediseñar el sistema de Asignación Familiar, porque a lo largo del tiempo se han acumulando leyes sobre leyes tratando de abarcar un poquito más para la gente, lo que ha llevado a que a los integrantes de un núcleo familiar, que no tienen trabajo, se les pague la asignación por declaración jurada, pero no tienen derecho a ninguno de los beneficios del BPS».
Acotó que el sistema de asignaciones debe redimensionarse de acuerdo a los hogares, porque hoy el beneficio figura por niños y no por condición del hogar. De todas maneras, señaló que hay que hacer la ampliación de la cobertura de la asignación, «ahora, con las leyes existentes, porque hay 30 mil niños detectados que tienen derecho al beneficio pero no gozan del mismo». *
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