El ex director del Impo, procesado por irregularidades, pide subsidio

Las actuales autoridades del IMPO argumentan que «sería una incongruencia la percepción de un beneficio derivado del carácter particular con la comisión de actos delictivos en el desempeño de esa función

Sánchez Bargas ocupó el cargo de director del Impo entre el 25 de junio de 1991 y el 17 de junio de 2004, cuando fue destituido tras ser denunciadas y constatadas varias irregularidades en su gestión, lo que motivó su destitución mediante un decreto del Poder Ejecutivo que en ese momento encabezaba Jorge Batlle.

En noviembre de 2004, fue procesado con prisión por el delito de «conjunción del interés personal y público», por notorias irregularidades registradas durante su gestión, principalmente vinculadas a la adjudicación de la impresión y edición del Diario Oficial a la empresa Riokar SA, firma a la que estaba vinculada una de sus hijas y una cuñada.

Sin embargo, el actual directorio del Impo que encabeza Alvaro Pérez, trabaja sobre la hipótesis de que Sánchez Bargas era el titular de la empresa Riokar SA, por lo cual, el delito imputado al ex jerarca podría ser el de «enriquecimiento ilícito», a causa de la muy poco transparente adjudicación, para la que no hubo una licitación sino solamente un llamado a precios.

Tras ser destituido en junio de 2004, Sánchez Bargas percibió un subsidio del que disponen todos los ex directores del Impo que asciende al 85% del salario, monto que en este caso era próximo a los 43 mil pesos, que el ex jerarca percibió hasta el momento de ser procesado por la Justicia Penal.

Un informe de la Auditoría Interna de la Nación, elaborado a pedido de la ex directora del Impo Inés Coduri, estableció que Sánchez Bargas no debería cobrar el beneficio «por la notoria mala conducta del mismo durante la relación jurídica que lo vinculó a la entidad, es absolutamente improcedente el subsidio dispuesto por el artículo 5 de la Ley 15.900 por la Dirección del Impo».

En mayo de 2005 Sánchez Bargas, de militancia nacionalista y vinculado históricamente al Movimiento Nacional de Rocha, asesorado por la abogada Claudia Croci, suplente del diputado blanco Javier García, recurrió la decisión de las autoridades de suspender el pago del subsidio ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, órgano que se declaró incompetente en la materia.

Según documentación a la que tuvo acceso LA REPUBLICA, las actuales autoridades del Impo entienden que esta institución, al ser una persona jurídica de Derecho Público no Estatal que se encuentra por fuera de la órbita del Estado, por este motivo «se deduce cómodamente que el actor (Sánchez Bargas) no tiene derecho a cobrar el subsidio que reclama».

Además, se entiende que luego de la reestructura del Impo, en 1996, cuando el organismo pasó a ser una institución paraestatal, jurídicamente no está definido si los jerarcas deben cobrar el mencionado subsidio, porque ni sus directores ni sus empleados son empleados públicos.

En el escrito presentado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, los asesores jurídicos del Impo concluyen que, tomando en cuenta que Sánchez Bargas fue procesado por la Justicia Penal, «sería una incongruencia la percepción de un beneficio derivado del carácter particular con la comisión de actos delictivos en el desempeño precisamente de esa función».

En noviembre de 2006, se realizó una instancia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, donde ambas partes expusieron sus argumentos, y tras la cual no hubo acuerdo, motivo por el cual, es de prever que próximamente Sánchez Bargas inicie acciones en la órbita la Justicia Laboral en reclamo de este subsidio, que él considera debe percibir. *