Se reanuda la actividad judicial con varios casos de DDHH en el tapete

El año 2006 estuvo signado, sin dudas, por las causas de Derechos Humanos, siendo los procesamientos de Bordaberry, Blanco y varios ex militares y policías implicados en la desaparición de Adalberto Soba el principal centro de atención.

Precisamente, en materia de DDHH, es de prever que este año registre también varias instancias. Como primer aspecto, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, integrado por los ministros Alfredo Gómez Tedeschi, José Balcaldi y William Corujo se expedirá sobre las apelaciones interpuestas por los abogados del ex dictador Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco ante los procesamientos de ambos dispuestos a mediados de noviembre por el juez Roberto Timbal por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y el matrimonio Rosario Barredo y William Whitelaw.

Además, los abogados del ex presidente de facto, disponen de tiempo hasta al próximo martes 6 de febrero para apelar el segundo procesamiento que recae sobre Bordaberry, que fue decidido el pasado 20 de diciembre por la jueza Graciela Gatti, quien lo inculpa por su responsabilidad en otros diez homicidios. En esta causa también se analizará la inclusión de los casos de Hugo De Los Santos y los «Fusilados de Soca», que la jueza Gatti pretende incorporar al expediente principal.

Por otro lado, la jueza Gabriela Merialdo, retomará la instrucción de la causa que indaga el asesinato de Cecilia Fontana de Heber ­madre del actual senador Luis Alberto Heber­ que murió en setiembre de 1978 tras ingerir de una botella de vino envenenado. En su edición del pasado martes, LA REPUBLICA publicó una investigación en la cual se señala como posibles responsables de este hecho a dos ex agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

En materia de extradiciones, la jueza Fanny Canessa reiniciará el estudio del pedido de extradición que recae sobre los ex militares Luis Maurente y Ernesto Soca, cursado el 21 de setiembre de 2006 por el juez Federal argentino Julián Ercolini, quien indaga la participación de estos oficiales uruguayos en la represión de Automotores Orletti. Mientras que, un tribunal de alzada deberá ratificar o revocar las extradiciones de los ex militares Gavazzo, Silveira, Ramas, Vázquez y Arab, y del ex policía Medina, dispuestas por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini.

Respecto a casos de DDHH, también se aguarda una definición en torno al caso de Nibia Sabalsagaray, que había sido archivado por el juez Rolando Vomero pero que la Fiscalía apeló esa decisión y ahora el magistrado decidirá si retoma la indagatoria. Al mismo tiempo, en la causa que investiga la muerte de Roberto Luzardo, Fernández Lecchini citará a familiares y ex médicos del Hospital Militar presuntamente involucrados.

 

Otras causas

La Justicia de San José decidirá en los próximos días en la denuncia que enfrenta el médico de Libertad Diego Magga, acusado de causarle la muerte a cuatro pacientes. La abogada del galeno, Hebe Martínez Burlé, estima que el pronunciamiento tendrá lugar a mediados de febrero.

En relación a la salud, se retomará la causa de María del Carmen Cranchi, la enfermera del Hospital Pasteur procesada por su presunta responsabilidad en la muerte de un paciente. El juez Pablo Eguren deberá decidir los pasos en la etapa probatoria y también sobre la solicitud de la defensa de la especialista, que pretende someter a la enfermera a una prueba con un «detector de mentiras» y una sesión de hipnosis.

Eguren, por otro lado, deberá definir sobre el pedido de procesamiento de varios dirigentes de Aebu, que el fiscal Eduardo Fernández Dovat solicitó, presuntamente involucrados en un delito de «estafa» por una presunta falsificación documentaria.

Finalmente, los ministros de la SCJ estudiarán el recurso de «casación» interpuesto por el abogado del director general de Rentas, contador Eduardo Zaidensztat luego que un tribunal de apelaciones ratificara su procesamiento por el delito de «desacato por ofensa» por sus dichos en relación al juez Pablo Eguren. Además, los integrantes de la Corporación estudiarán el recurso de «inconstitucionalidad» presentado por los militares Silveira, Ramas, Maurente, Gilberto Vázquez y los ex policías Medina y Sande Lima ante sus procesamientos en virtud del artículo 5º de la Ley de Amnistía que excluyó expresamente a los militares y policías de los indultos que les habían sido otorgados a los responsables de los delitos políticos. *