"Tota" Quinteros intimó a Brezzo a cumplir con la sentencia judicial

En un escrito remitido por su abogado Pablo Chargoñia señaló que la actuación del Ministerio «al limitarse a indagar a un solo testigo –el ex soldado Sergio Pintado– y considerar sólo su versión, no cumple con lo que la sentencia ordena».

Agregó que la propia funcionaria instructora puso de manifiesto el «apartamiento de la sentencia de amparo», cuando señala que «el objeto de la investigación administrativa dispuesta: (es) tomarle declaración al señor Sergio Pintado y a la luz de la misma lograr esclarecer los hechos relativos a la desaparición de la señora Elena Quinteros».

El Ministerio de Defensa ordenó la semana pasada el archivo de la investigación al considerar que el testimonio del ex soldado no aportaba ningún elemento «serio». En el escrito, Chargoñia reafirmó que dicha secretaría de Estado «aún no ha cumplido con la sentencia de amparo» y solicitó se intime al Poder Ejecutivo al cumplimiento de la sentencia y a que éste disponga la «continuación de la actividad investigativa orientada a determinar las circunstancias de la desaparición y el paradero de la maestra Elena Quinteros, con apercibimiento de formular denuncia penal».

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT reclamó el «desarchivo de los cinco expedientes penales relativos a la desaparición de Elena Quinteros y según lo que de ellos resulte, iniciar las acciones que correspondan». También anunció que remitirá a la Comisión para la Paz el informe detallado de todos los elementos que obran en poder de la central sindical sobre el caso y «acompañar la información de respuestas a las notas de la Presidencia de la República de Venezuela, que próximamente enviará la señora Tota Quinteros, con una nota del PIT-CNT en la que se dé cuenta a las autoridades venezolanas de los últimos acontecimientos relativos a la desaparición de territorio de dicho país, de la maestra Elena Quinteros». El PIT-CNT consideró que la respuesta del Poder Ejecutivo en relación a este caso «no cumple con lo ordenado por la sentencia Nº28, y constituye una continuidad de la política de impunidad y agregó que esto «en nada condice con los supuestos estados del alma que se invocan para llevar a buen fin la propuesta de la Comisión para la Paz».