Galeano y Benedetti, primeras adhesiones a la campaña para anular Ley de Caducidad

El apoyo de los escritores se suma a decenas de correos electrónicos y comunicaciones provenientes desde el exterior, fundamentalmente de uruguayos residentes en México, España y otros países, en la que expresan su solidaridad con la campaña y se ponen a disposición de la comisión para apoyar en lo que puedan ser útiles. También han existido planteamientos de distintos grupos interesados en integrarse a la coordinadora.

Las novedades fueron aportadas a LA REPUBLICA por el abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Paysée, quien informó que en los próximos días se realizará el primer encuentro del año de la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad, a los efectos de comenzar a instrumentar detalles de la campaña para los primeros meses de 2007.

Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre, el día en que la Ley de Caducidad estaba cumpliendo 20 años de su aprobación en el Parlamento Nacional, la coordinadora lanzó una campaña de recolección de firmas, procurando que los actores políticos, sociales, culturales y la ciudadanía en general puedan expresar su adhesión a la causa.

La coordinadora está integrada por el Pit-Cnt, Serpaj, la organización de ex presos políticos Crysol, Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras instituciones defensoras de los derechos humanos, así como personalidades a nivel individual como el cantautor Daniel Viglietti y el ex diputado nacionalista Oscar López Balestra.

 

Los argumentos

Paysée dijo que en 2006 se trabajó fundamentalmente para sensibilizar a la ciudadanía en torno a este asunto, intentando dar a conocer los alcances de la Ley Nº 15.848 y sus fundamentos políticos y jurídicos.

«Ahora estamos encarando una campaña de adhesiones, que seguramente será uno de los trabajos más fuertes de la comisión durante los primeros meses del año», indicó.

El abogado señaló que hay varios argumentos para plantear la anulación de la Ley de Caducidad. «Hay normas y principios que jurídicamente se denominan ‘jus-cogens’, que obligan a los Estados a abstenerse de adoptar en sus legislaciones normas que impidan juzgar crímenes de lesa humanidad».

«Otro argumento es que la Ley de Caducidad viola la división de poderes, al establecer que es el Poder Ejecutivo el que habilita al Poder Judicial a investigar o no determinadas situaciones que se le planteen».

El jurista agregó que «las normas de la Ley de Caducidad son incompatibles con las normas de la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana de los Derechos Humanos».

Otro de los fundamentos para reclamar la anulación «es el vicio de consentimiento que tiene la ley por haber sido aprobada bajo coacción militar».

Finalmente, el abogado dijo que la caducidad de la pretensión punitiva «no es fuente de derecho prevista en la Constitución de la República».

Paysée dijo que «tenemos una gama de argumentos que nos permiten pensar que desde el punto de vista jurídico, ético y político, es inconveniente mantener vigente esta ley».

Señaló que nuestro país ha sido observado y actualmente tiene que seguir aclarando a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las causas por las cuales mantiene vigente la ley de impunidad.