Clausuran pequeños locales comerciales en Punta del Diablo

La clausura se debe a que los comerciantes no cuentan con la autorización del propietario del predio, quien a su vez intimó a la IMR a no habilitar estos locales porque de lo contrario demandaría a la comuna.

Varios de los locales están instalados hace más de 15 años en el balneario. Comercios de venta de dulces, bebidas, un pub y hasta el telecentro de Antel se encuentran en la denominada Manzana Uno. Jurídicamente, los comerciantes son poseedores del predio, en función de los años que lo han ocupado y de la inversión en edificación y mejoras realizadas. El actual propietario, Wilmar Fernández Lema, compró el predio en el año 1995 conociendo la situación, y no puede exigir la desocupación del inmueble hasta no pagar el monto de las construcciones realizadas en él.

En estos años no ha pagado y las anteriores administraciones de la comuna han habilitado año a año estos comercios. Este año la IMR exige a los comerciantes la autorización del propietario del inmueble para poder habilitar el local, elemento que, según el abogado de varios de los comerciantes, Hoenir Sarthou, no es una exigencia de la regulación existente, sino que es una interpretación más allá de la letra del reglamento. Además, Sarthou comentó que un edil del Frente Amplio, vocero del intendente Artigas Barrios, se reunió con los comerciantes a fin de negociar una suma de dinero para el propietario, para que éste los autorice a instalar sus puestos.

La medida deja sin trabajo a 50 empleados y sin los puestos de venta típicos a los turistas de Punta del Diablo, que pierden en la mitad de la temporada una amplia gama de servicios. Afortunadamente, la oficina de Antel no fue clausurada, probablemente teniendo en cuenta que son los únicos teléfonos públicos del balneario.

Hoenir Sarthou dijo a LA REPUBLICA que todavía no está clara la estrategia de los comerciantes, pero que las posibilidades de denuncia a la intendencia pasarían por lo irregular que es la intervención de la comuna en las negociaciones entre particulares y por la falta de una resolución escrita que ordene la inhabilitación de los locales. Ayer los inspectores de la IMR que efectuaron la clausura dijeron que lo hacían según una orden verbal del intendente Artigas Barrios. *