De los Santos a 1410 AM LIBRE: "El contrato no puede ser revocado"

El intendente de Maldonado, Oscar De los Santos, aseguró ayer que «vote como vote Darío Pérez (en la junta departamental por el tema Satenil), no va a evitar que el gobierno departamental siga discutiendo con su fuerza política, con la bancada y con la comunidad en general, la agenda sobre los cambios estructurales que necesita el departamento».

De los Santos fue entrevistado ayer en el programa Primera Voz, que se emite por 1410 AM LIBRE y conduce la periodista Sonia Breccia, y en la oportunidad el intendente de Maldonado volvió a defender «el marco legal del convenio con Satenil» y su ética personal.

Durante su exposición, De los Santos dijo que «no es legítimo que entre compañeros se plantee el tema de la ética» y acto seguido acotó: «Darío (Pérez) vive a pocas cuadras de casa y sabe cómo soy, como yo también sé cómo es él».

Por tanto, De los Santos anunció que en breve invitará al diputado del Frente Amplio, Darío Pérez, «para comer un asado» y poder discutir sobre las discrepancias que tienen, pero insistió en que «esas diferencias no pueden provocar la inacción del gobierno departamental porque llegamos al gobierno para efectuar los cambios estructurales que la población de Maldonado requiere».

Pese a estas declaraciones, De los Santos sigue insistiendo en que el contrato con Satenil no puede ser revocado «porque si el convenio cae, no sólo tendremos una acción legal de la empresa (concesionaria), sino que estaremos fortaleciendo a otras dos empresas (Hikone y El Hornero) que nos están reclamando después de haber lucrado durante 15 años en el departamento».

El intendente de Maldonado dijo no entender «por qué se levantó tanta polvareda con el tema de Satenil si en el departamento siempre se utilizaron con normalidad los convenios de patrocinio».

De los Santos remarcó que «en la administración anterior hubo 14 contratos similares que nunca fueron objetados por el Tribunal de Cuentas».

El intendente subrayó que el convenio con Satenil se hizo por tres años, cuando en administraciones anteriores «se entregó todo por cinco años y nadie dijo nada», y agregó que luego de firmado el acuerdo con la empresa se fue poniendo límites al mismo como parte de un «proceso de aprendizaje del gobierno departamental». *