"El Estado no debe avasallar el derecho de las personas, sino hacerlas trabajar"

–¿Por qué la reforma del Estado es una prioridad?

–En los proyectos de país de los gobiernos anteriores no estaba transformar un Estado en el que las personas perdían derechos y el Estado eficiencia. Además, no había posibilidades de crecer dentro de la organización, a la vez que el Estado iba quedando minimizado y satanizado porque cada vez iba brindando peores servicios.

Pero eso no fue fruto de la incapacidad de nuestros antecesores, sino de un proyecto y de un plan que apuntaba a que eso sucediera. Es decir, la meta era tener un Estado mínimo en el que, en realidad, la mayor virtud fuera encontrar caminos de achicamiento.

La consigna era «achiquemos al Estado», y no ponerlo de cara a un país productivo y de un cambio que posibilitara la participación de actores sociales, agentes económicos y funcionarios, sino que, en realidad, había que dejarlo desguazado, caótico y desordenado; en definitiva, ineficiente.

Cuando se llega a un lugar donde las circunstancias están expresadas de esta forma, lo primero que hay que hacer es transformar nuestro programa en un plan. A la vez, comencemos a ordenar el Estado y el relacionamiento de las personas con él. Eso lo hicimos y quedó expresado en las leyes presupuestales.

Logramos generar un espacio de naturalización de una serie de contratos desvirtuados que tenía el Estado –cerca de 5 mil–, por los que las personas trabajaban y el Estado les pagaba, pero esos funcionarios no tenían carrera ni posibilidades de crecimiento.

Esto también se expresó en cumplimiento de la Constitución de la República y la ley. Porque la carta magna plantea que, para que exista carrera, el funcionario tiene que ser presupuestado, mientras que la norma establece la profesionalización de los funcionarios, precisamente en aras de ir arribando hacia esas necesidades de profesionalización y mérito, para que la gente entienda que puede crecer individualmente y, a la vez, hacer crecer a la organización.

Sin embargo, a veces la palabra ordenamiento parece un límite muy pequeño, pero para hacer un cambio profundo, cuando la cosa es tan caótica, primero hay que ordenar, y eso hicimos.

Además, posibilitamos el ingreso democrático a la función pública, el que hasta el año 2015 estaba prohibido por ley. De lo contrario, para dentro de ocho años tendríamos un Estado, además de todo, envejecido.

Pero todo esto era una actitud premeditada, por la que primero se cerraba el ingreso democrático, o sea la libre concurrencia de los ciudadanos para poder acceder a los cargos que el Estado necesitaba y, por otro lado, seguían ingresando funcionarios por la ventana. Evidentemente no era la política de achicamiento del Estado que perseguían.

–Entonces, el ordenamiento fue la primera etapa…

–El ordenamiento lo hemos culminado. Ahora vamos a empezar a encontrar los caminos para hacer crecer realmente a los funcionarios del Estado. Por ello tenemos un programa que tiene cuatro proyectos, ellos son: el sistema ocupacional y retributivo, el sistema de gestión humana, la generación de la nueva ley de Servicio Civil, y el propio fortalecimiento de la ONSC como el instrumento idóneo para comandar las nuevas circunstancias.

En cuanto al primer aspecto, en la actualidad el caos es tal que, si tenemos que analizar los elementos retributivos de los funcionarios públicos, nos encontraremos con que hay en el rubro 0 (retribuciones personales) 262 objetos de gasto, lo cual es una incomprensible maraña.

No podríamos decir cuál es el salario de un funcionario cuando ingresa a determinado escalafón, salvo que supiera a qué lugar de la administración entrará, lo cual es ridículo porque, entonces, no se le paga a la persona por la ocupación, sino por el lugar en que está trabajando.

Por lo que el planteo es transformar esos 262 objetos de gastos en cinco formas retributivas de los trabajadores, que permitan darle una mayor cristalinidad a la retribución. Eso es el proceso de simplificación, porque todas las retribuciones se dan de manera encadenada.

En la próxima Rendición de Cuentas esto quedará desarmado y expresado en cinco formas de retribuciones, en las que algunas estarán vinculadas al salario del grado y otras a retribuciones variables que se pueden perder o ganar, según cuál haya sido la forma de redactar ese beneficio que el trabajador haya obtenido.

Sin embargo, estos siguen siendo actos preparatorios de un ordenamiento cualitativamente superior para llegar a este sistema ocupacional y retributivo, en el que podremos generar una carrera y en el cual crearemos un escalafón de conducción para posibilitar que a esa cima lleguen los mejores y el Estado pueda ir cumpliendo.

Para estar seguros de que quienes acceden a esos cargos de conducción tienen todas las capacidades hemos acordado con las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales crear una maestría en Administración y Función Pública.

Por lo cual decimos que no tenemos que desechar lo que en el Estado existe, sino exigir, a todos los nuevos funcionarios que ingresen, los niveles de capacitación e idoneidad necesarios.

El segundo proyecto es el sistema de gestión humana, porque en la Administración Central, y ya no en todo el Estado, no existe unicidad para gestionar a las personas.

Asimismo, en un convenio interinstitucional con la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), que donó un software adecuado, y junto con la Contaduría General de la Nación (CGN), la OPP y Antel estamos realizando este proyecto, en el cual podremos dejar uniformizada la manera de gestionar los recursos humanos de la Administración Central.

Es decir, tendríamos tecnología, a la vez la persona ingresa democráticamente al Estado en el que procesa su capacitación. Este sistema no existe y la primera experiencia piloto la haremos, en las próximas semanas, en el Ministerio de Educación y Cultura.

El tercer proyecto está vinculado con la generación de la nueva Ley del Servicio Civil, lo que está contemplado en la Constitución. Durante 2006 mantuvimos encuentros con académicos, pero también hemos recibido opiniones de actores sociales y nos reunimos con los trabajadores organizados en sus gremios.

Por último, apuntamos al fortalecimiento de la ONSC, porque esta ha sido una oficina que tuvo la peripecia de las luchas sociales y democráticas en este país, porque la dictadura la boleó, lo cual demuestra el papel democrático que juega el Servicio Civil en cualquier sociedad.

Todo esto se trata de insumos para que el Presidente de la República y su Consejo de Ministros puedan tomar decisiones políticas.

–Es decir que la nueva estructura escalafonaria estará contemplada en el nuevo sistema ocupacional y retributivo que se promueve.

–Sí. Y lo primero que demostrará es por qué le pagamos a la gente. Es decir, le pagamos porque es ingeniero agrónomo o porque le tocó trabajar en un determinado lugar. Esto forma parte del ordenamiento social mínimo.

–¿Y la inamovilidad de los funcionarios?

–Eso es como la montaña que parió un ratón, porque está el caso de gente que viola la ley y después paga una fianza y queda libre.

La inamovilidad de los funcionarios es un problema de garantías democráticas. Soy pro a que el gobernado tenga las garantías, de la misma manera que soy pro a que el jerarca utilice todos los elementos punitivos que tenga para condenar a aquellos que incumplen con la norma y el Estado.

No estoy a favor de la arbitrariedad, sino a favor del derecho, es decir, de que la gente lo tenga para defenderse. No quiero que el Estado sea el reino de la arbitrariedad.

En estos dos años de gobierno nunca llegó a la ONSC una propuesta de expulsión porque una persona haya incumplido la norma. Si las personas cometen los delitos contra el Estado, que están previstos en la Constitución y la ley, esas persona
s son echadas. En lo que va de este quinquenio se han sido expulsadas cerca de 350 personas.

Lo que dice la Constitución y la ley es que hay que amparar al funcionario, de la misma manera que hay que sancionarlo, incluso hasta la destitución, y si es un funcionario presupuestado, con la venia del Senado.

Sin embargo, no sería una actitud democrática decir que quienes ingresen ahora tendrán inamovilidad, mientras que con quienes estaban de antes vamos a hacer lo que queramos.

–Entonces para usted el tema central de esta reforma no pasa por la inamovilidad del funcionario.

–Pero por favor. Es como si yo dijera que soy un tipo bárbaro, pero que no puedo hacer nada porque tengo imbéciles alrededor.

El Estado no debe avasallar el derecho de las personas, sino hacerlas trabajar. Quienes están gobernando tienen que hacer que esas mismas personas que fueron desestimuladas y víctimas del caos o que no tienen carrera integren un proyecto de cambio.

–¿Uno de los objetivos centrales de la reforma es apuntar al perfeccionamiento constante de los funcionarios y a la incorporación de nueva tecnología en el Estado?

–Cuando hay algo que tiene múltiple causalidad sería muy sencillo pensar que con un tema se resuelve todo, pero lo que sucede es que no se pueden excluir.

No se puede cosificar al Estado y a la vez hay que tecnificarlo.

No podemos seguir con el ábaco, pero no solamente la tecnología resuelve los problemas, por ello el sistema de gestión humana es un proyecto organizacional e informático a le vez.

–En cuanto a la eventual asociación de las empresas públicas con privadas, ¿esto generará controversias?

–Para nosotros estudiar dónde precisamos más o menos estatalidad no es un tema tabú. En algunos lados, precisamos más estatalidad y en otros menos.

Eso es correcto y lo analizaremos sin prejuicios.

–A su entender, ¿cuál podría ser otra transformación sustancial y urgente para el Estado?

–Si realizamos un convenio interinstitucional para impulsar el nuevo sistema de gestión humana que integran la ONSC, la IMM, la CGN, la OPP y Antel y la prueba piloto será el Ministerio de Cultura, esto demuestra que el cambio pasa por no estar compartimentados, sino por lo institucional.

Además, el Estado tiene que tener la capacidad de retroalimentar sus fuerzas.

Por ejemplo, en la ONSC tenemos la capacitación, pero hay muchas escuelas de capacitación, por ello promovimos la creación de una red de instituciones educadoras de la función pública.

Tenemos que descompartimentar el Estado y hacer que sepa coordinar para que sea más eficiente, más allá de que después, en la especialización de cada materia, cada uno podrá dar su conocimiento.

Después la responsabilidad es intransferible e individual. Cada uno tiene responsabilidades en algunas materias específicas, más allá de que en el debate participó un grupo mucho más amplio que incluyó no sólo al gobierno sino a la sociedad civil toda. *