"Uruguay padeció tanto la cultura del no pago como la del no cobro"

El jerarca afirmó que el BHU como banco «no existe», y agregó que anteriores administraciones dilapidaron de la institución unos U$S 2.000 millones. Arremetió contra los cooperativistas de vivienda que no cumplen con sus deudas y los catalogó de no ser solidarios con sus pares. Anunció que el 1 de enero entra en vigencia el Fondo de Fomento al Cooperativismo, conformado con el aporte proveniente de las cooperativas deudoras. Adjudicó los retrasos de ejecución en construcción de vivienda a «la artrosis del Estado y la burocracia administrativa», pero precisó que hay 7.000 viviendas en proceso de ejecución.

 

­El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que una de los deberes del gobierno uruguayo debe ser la ejecución de la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). ¿Ha sido una tarea sencilla de implementar?

 

­No porque lo haya señalado el FMI, sino que cualquier persona que se pusiera a considerar la situación del BHU, absolutamente dramática, de los últimos períodos de gobierno, se daba cuenta de que se implementaba una urgente reestructura o el banco se fundía y dejaba de existir. Vamos a decir la verdad, el BHU como banco no existe. Un banco que no presta no es un banco. Después de un proceso de un año de diálogo entre las nuevas autoridades, que pusieron orden y señalaron conductas increíbles de administraciones anteriores, se destacó que hay un monto de U$S 2.000 millones que se dilapidó por las malas administraciones. Hasta el momento, se ve impidido de otorgar créditos por decisiones muy lógicas del Banco Central. Esperamos que el proyecto de ley de Reestructura del BHU sea rápidamente aprobado por el Parlamento Nacional, que crea también la Agencia de Vivienda.

 

­La reestructura del BHU cuenta con la oposición de los funcionarios de la propia institución.

 

­Me cuesta asimilar que haya habido cuestionamiento desde el gremio del Hipotecario, porque lo que se hace es asegurar a todos los funcionarios su salario además de su condición de bancario. Confío que el Senado, en los primeros días de 2006, apruebe el proyecto de Ley, a fin de que la institución pueda generar crédito. Tenemos previsto en el primer año de la reestructura, en 2007, que el monto a conceder para préstamos ascienda a unos U$S 17 millones. Al 2008 y 2009, incrementar el crédito a U$S 25 millones. Lo conveniente es que ese monto se duplique a partir de 2010.

 

­Además de los préstamos para la compra de vivienda, ¿qué otras opciones maneja el gobierno?

 

­Recientemente, el Ministerio de Vivienda resolvió otorgar préstamos de pequeños y medianos montos, destinados al mejoramiento de la vivienda.

Además, se pone en práctica el Fondo de Garantía de Alquileres destinado al arrenda- miento, cuya mensualidad no supere los $ 6.000. Con la reestructura prevista en el BHU, la creación de la Agencia de Vivienda se quedará con la cartera de mayor dificultad de cobro, para quitar lastres al Hipotecario.

 

­Anteriores ministros de Vivienda se quejaban de la reducida partida presupuestal recibida que no permitía la construcción, y de que los recursos disponibles no podían ejecutarse en un 100%. ¿Cómo vive esta situación hoy?

 

­Es verdad, tenemos grandes dificultades de ejecución, y esto se debe a la artrosis del Estado y de la burocracia administrativa, que enlentece los procesos.

No obstante, este ministerio no debería centrar sus esfuerzos exclusivamente en la construcción de viviendas.

Hay que dotar de alternativas y de subsidios que faciliten el acceso de propiedades que por diversos motivos no son utilizadas.

En todo Uruguay, hay 100 mil viviendas que no tienen uso. Para ello, lo necesario es otorgar préstamos blandos y subsidios. Subsidiar no es una mala palabra, y debemos hacerlo para beneficiar a quienes menos tienen.

 

­¿En qué proceso de ejecución de obras se encuentra actualmente esta cartera de Estado?

 

­Existen unas 7.000 viviendas en proceso de ejecución. En 2006 fueron ejecutadas unas 1.600 unidades y otros 600 módulos fueron construidos a jubilados y pensionistas. Reitero, debemos aplicar una política de subsidio, para nosotros no es una mala palabra. Eso sí: deben ser subsidios transparentes y claros. Debemos hacer público lo que se subsidia y a quién se subsidia.

 

­En su momento hubo críticas mutuas por sectores de cooperativismo de vivienda y la propia secretaría.

 

­El ministerio está previendo la recuperación de adeudos que tienen las cooperativas tanto sea con el BHU como con la secretaría de Vivienda. Las cooperativas por Ayuda Mutua tienen una deuda bruta, sin intereses ni colgamentos, en el orden de los U$S 39 millones. Los saldos ascienden a U$S 73 millones.

Al Mvotma, las cooperativas, mayormente las afiliadas a Fucvam, le deben U$S 7.268 millones por concepto de cuentas vencidas. Si no se cumple con las deudas, no se estará ayudando solidariamente a que otras cooperativas puedan obtener un préstamo. Uruguay, padeció por mucho tiempo tanto de la cultura del no pago como de la del no cobro. A pesar del no cumplimiento de Fucvam, nosotros cumplimos con sus solicitudes. Firmamos 15 préstamos, y correspondientes subsidios para cooperativas de ayuda mutua, y están por escriturarse 9 cooperativas más en el primer semestre de 2007. En total significan unas 1.500 unidades de vivienda más por el sistema cooperativo y una inversión del Fondo Nacional de Vivienda de U$S 22 millones.

 

­¿Hubo algunas medidas específicas que su cartera implementara para satisfacer las demandas de los cooperativistas?

 

­Sí, el 1 de enero entrará en vigencia la utilización de un Fondo de Fomento al Cooperativismo de carácter rotativo. Estará constituido por el aporte de cada peso de amortización que aporten las cooperativas; el mismo no se volcará a Rentas Generales, sino que se destinará en beneficio de otras cooperativas. Debe existir un debate nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones, ya que los cooperativistas se favorecen de exoneraciones. Si no se cumple, no hay justicia social.

Recientemente planteamos una serie de propuestas al cooperativismo, basado en recuperar lo adeudado, y en contemplar las dificultades de pago. En este último punto, propusimos que las cuotas de pago no pueden exceder el 20% del núcleo familiar, y que el resto sería exonerado. Esto es hacer justicia.

 

­¿Qué acciones fueron implementadas en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial?

 

­Así como queremos impulsar y generar credibilidad en el sistema cooperativo, en la medida en que todos asumamos derechos y responsabilidades, en materia de ordenamiento territorial, es algo fenomenal la tarea que venimos cumpliendo en este año y medio.

Se instauraron las comisiones técnica asesoras, con la participación de organizaciones sociales, sistema político, ámbitos empresariales, sindicales y académicos. En el ordenamiento territorial, tenemos amplias esperanzas que pueda aprobarse en el primer semestre de 2007, el proyecto de Ley que está a consideración del Parlamento.

Una vez aprobada, la iniciativa traerá beneficios tanto para el área rural como urbana, originadas gracias a las acciones públicas. Pongamos por caso la extraordinaria inversión que hacemos con las nuevas autoridades de Ose para el mejoramiento de la distribución de agua potable y saneamiento, llegarán alrededor de U$S 350 millones en todo el período.

 

­Durante todo el año 2006, debió aclarar públicamente que las plantas de celulosa no serán de alto riesgo de contaminación.

 

­No es que diga que las plantas no contaminen, además porque no estamos pa
ra defender empresas, sino para defender a la gente y al ambiente. Lo que nosotros garantizamos quedó avalado por los informes que a solicitud de Argentina se han hecho por parte de las auditorías designadas por el Banco Mundial. Estoy hablando del informe Cis, dado a conocer en diciembre de 2005, y el otro, más profundo, de abril de 2006, y el último, en octubre, elaborado por Ecometris, que rotundamente descartan, por carecer de todo fundamento técnico científico, las alarmas públicas generadas frente al temor de catástrofes ambientales. Las técnicas utilizadas serán las más avanzadas en el mundo actual. Nosotros no vamos a decir que las plantas no contaminan. Lo que decimos que las técnicas empleadas son aquellas que están siendo experimentadas sin ningún tipo de colapso ambiental, determinando que esas técnicas aseguran los efluentes, y que tendrán condiciones que estarán muy por debajo de los topes internacional y uruguayo.

 

­Se dice que toda actividad humana es contaminante.

 

­El asunto es saber cuál es el grado de modificación que el ser humano, por estar sobre el planeta, genera en cada una de sus actuaciones.

Me acuerdo de que al principio se hablaba de dioxinas, y hoy nadie habla de eso porque está descartado. Serían más preocupantes las dioxinas generadas con los hornos de pizza y las parrilladas. ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos todas las parrilladas, no comemos más asado?

Nos comprometemos a través de los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Latu y de la Universidad; como se sabe, ofrecimos a Argentina el monitoreo conjunto del río Uruguay.

 

­¿Podría hacerle una comparación? ¿Llegado el caso, usted podría ser un Z (Zainsdestat) medioambiental, en el sentido de no temblarle el pulso de clausurar o sancionar a estas empresas en caso de detectarse una irregularidad?

 

­Me preguntaron en un programa argentino muy escuchado, el de Solá Morales, si cuando estuve en la intendencia hice algo por el medio ambiente. Beneficiamos muchísimo a la población en el tema saneamiento, y fuimos recuperando el arroyo Miguelete.

 

­¿Hay necesidad de funcionarios técnicos en la Dirección de Medio Ambiente?

 

­Tenemos que contratar más. En Fray Bentos habrá más de un laboratorio con personal de Dinama. Uno de ellos será apoyado por Ose, y habrá gente del Latu. Ahora mismo, estamos sacando muestras del río Uruguay; lo queríamos hacer con técnicos argentinos, pero se han negado. Siempre están abiertas las puertas. Queremos verificar la calidad de las aguas del río hoy, antes de que la planta de Botnia funcione, y después de entrado en funcionamiento. Tomen mis palabras con la cautela que merecen, pero no descartaría que la calidad del río Uruguay sea mejor una vez que la planta de Botnia funcione que en el momento presente.

 

­¿No es un poco osada esa afirmación?

 

­Sí, es un poco osada, pero digo que hay algunas poblaciones de Argentina y Uruguay, cuyos efluentes provienen de las aguas servidas que no siempre se vuelcan con tratamientos previos necesarios.

Ahora, con la coordinación entre la planta de Botnia, las autoridades municipales, Ose y el propio ministerio, van a poder ser tratadas, antes de ser volcadas al río.

 

­¿En el departamento de Colonia se viene formando un polo industrial con tres grandes empresas: Ence, Isusa y Fanapel?

 

­Fanapel estaba utilizando métodos muy anteriores, arcaicos y poco compartibles. Tengo la satisfacción de afirmar que la empresa ha hecho un enorme esfuerzo en colocar, ahora, en condiciones absolutamente aceptables, el funcionamiento de la planta.

 

­¿Cuándo se producirá el estudio ambiental a la pastera Ence?

 

­En principio la empresa, en los documentos que nos entregó hace unos 15 días, afirmaba que iniciaría el trámite en febrero. Posiblemente, presenten antes de lo previsto la solicitud de la primera etapa de las autorizaciones ambientales territoriales. No obstante, el proceso de análisis demorará alrededor de un año. Todavía está por verse si esa zona escogida por Ence es admisible, y con qué condicionantes. Tengamos en cuenta que en la localidad de Punta Pereira, en la proximidad de Conchillas, no hay un sistema vial compatible, con la importancia circulatoria y de tránsito pesado a generarse por la presencia de la planta.

 

­¿La empresa deberá hacerse cargo de los costos viales en dicha localidad?

 

­Soy de los que creen firmemente que las externalidades negativas que la instalación de determinados empren- dimientos ­de celulosa o cualquier otra­ generen, deben ser absorbidos por la propia empresa. Debe incluir estos elementos dentro de la ecuación de costos y beneficios.