Para el canciller Gargano, "en un país ocupado no puede existir un juicio justo"

Gargano, consultado por LA REPUBLICA, dijo que Uruguay «siempre ha sido contrario a la pena de muerta, que abolió hace casi un centenar de años», y además explicó que, tomando en cuenta los informes internacionales, en un país ocupado por tropas extranjeras «no puede existir un juicio justo».

El jerarca diplomático, en breves declaraciones, también subrayó que en el caso de Hussein, «no ha habido un juicio respaldado» por los organismos internacionales.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos la Cámara de Diputados, Daniela Payseé, consultada respecto al asesinato de Saddam Hussein, consideró que se trata de «un hecho mundial» que tuvo lugar en un país con «una cultura y una tradición muy particular», aunque aclaró: «Yo estoy en contra de la pena de muerte, lo que no quiere decir que avale los crímenes cometidos por Hussein».

Payseé sostuvo además que «el ser humano como tal, no tiene porqué ser sometido a la pena de muerte, sino que hay medidas alternativas incluso, para castigar los delitos más aberrantes».

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, el edil frentista Ruben «Pepe» Prieto, rechazó de plano la ejecución de Hussein, aunque advirtió en primera instancia que «es un tema muy complejo».

Prieto consideró que esta ejecución «es una pieza más de un engranaje terrible de violencia, intolerancia, y estragos de la política de Estados Unidos».

Expresó además que la horca, como modalidad de la justicia es un «disparate», en tanto «es una forma de tapar, con la ejecución de Saddam Hussein, crímenes que no son solo de él». En este sentido concluyó: «EEUU es tan o más culpable que Hussein».

Desde la esfera de la Iglesia Católica, el presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, monseñor Pablo Galimberti, expresó: «Entiendo que la pena de muerte debe ser lo último, que se debe aplicar en casos extremos, pero creo que en el caso de este señor (Hussein) había otras posibilidades para que pagara sus penas».

Galimberti también señaló otro aspecto en contra al proceso del ex presidente iraquí la situación existente en el país: «En Irak existe una gran inestabilidad política y social, y eso, sin duda, jugó en contra del proceso al que debió ser sometido».

 

Serpaj

El abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Oscar López Goldaracena, dijo que a nivel personal rechaza la pena de muerte «se aplique a quien se aplique», y agregó que «si EEUU tiene tanto interés en juzgar los crímenes de lesa humanidad, que suscriba el Estatuto de Roma y acepte la jurisdicción internacional». El abogado sostuvo además que quienes cometen crímenes de guerra «deben ser sometidos a un proceso con todas las debidas garantías».

«Los ánimos van a quedar caldeados en Medio Oriente, porque no se genera paz imponiendo modelos culturales como el de EEUU, sino respetando los distintos pueblos del mundo para llegar a una matriz de convivencia común, que debe estar inspirada en los valores de las diferentes regiones y países», concluyó López Goldaracena. *