Cinco empresas pugnan para culminar las obras del inconcluso Palacio de Justicia

El edificio, que en la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti fue recubierto con vidrios espejados para evitar ver su esquelética e inconclusa figura, se empezó a construir en 1965, hace 41 años.

Antes del precario recubrimiento de cristal, el edificio estuvo al descubierto y llegó incluso a ser mudo testigo de hechos delictivos ocurridos entre tablones de encofrado y varillas oxidadas.

Pero como todo llega a su fin, el pasado 15 de marzo el presidente Tabaré Vázquez anuncia desde Caracas, Venezuela, que este gobierno culminará el edificio. Que no albergará al Poder Judicial y que hacia allí se mudarán las oficinas de la Presidencia, destinando al edificio Libertad como albergue de un centro hospitalario. El Presidente agregó a estos anuncios que los trabajos se efectivizarán gracias a un préstamo de 20 millones de dólares provenientes de la Confederación Andina de Fomento (CAF), organización que integran entre otros países Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y, por supuesto, Uruguay en carácter de socio-accionista.

La CAF ya emitió un préstamo a Uruguay en el año 2001, y fue para financiar las dos etapas del Programa de Infraestructura Vial, por casi 100 millones de dólares.

Los 20 millones de dólares que consiguió esta administración para culminar la obra, es el doble del dinero que el Poder Judicial obtuviera por ley en 1992 del Banco República para terminar en aquel entonces el edificio.

Paralelamente a esos U$S 10 millones, el gobierno revitalizó un sello o timbre de los años ’30 para financiar el emprendimiento. Se trató del timbre «Palacio de Justicia» que se colocaba indefectiblemente en todos los escritos forenses.

El timbre costaba $ 258, era de color rojo y tenía la silueta del futuro y ahora fenecido Palacio de Justicia.

Se creó por imperio de la ley Nº 16.320 en el mes de noviembre de 1992. Era administrado por la Suprema Corte de Justicia para que lo recaudado por ese concepto fuera volcado a la obra del edificio. Gracias a él, mensualmente se obtenían $ 1.500.000. Al año, 18 millones.

Ahora, a partir del 1º de enero de 2007, el timbre pierde validez. El Parlamento decidió abolirlo en este mes de diciembre.

¿Y por qué no se pudo avanzar en las obras con el dinero recaudado por el timbre «Palacio de Justicia»? Porque lo obtenido fue destinado a pagar la deuda que el Poder Judicial tenía con el Brou debido al préstamo de 10 millones de dólares.

Según voceros de la Suprema Corte, ese préstamo alcanzó para pagar el adelanto de obra de los primeros dos años. Luego se volcó lo recaudado a saldar la deuda con el República que, por intereses, hoy supera los 2 millones y medio de dólares.

Ahora, el acuerdo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo señala que el primero traspasa al segundo el cristalizado edificio de la Plaza Independencia a cambio de siete millones de dólares y la condonación de la deuda que la Corte mantiene con el Brou. También los judiciales consiguieron del Poder Ejecutivo dos edificios: el que antiguamente ocupara la DGI en la esquina de Rondeau y Valparaíso, y otro en la calle Reconquista donde funcionara una casa de manualidades y artesanías.

Finalmente, el ministro de Transporte Víctor Rossi dijo a LA REPUBLICA que las obras del edificio de la Plaza Independencia, que será donde funcione Presidencia, «difícilmente se terminen en este 2007″.