Jurista propone solución en base a la declaración sobre derecho al desarrollo

El jurista especializado en Derechos Humanos, Oscar López Goldaracena, propone que la Declaración sobre Derecho al Desarrollo aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sea utilizada como la salida al conflicto entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa.

López Goldaracena explicó que la norma dictada en 1986 que refiere «al derecho humano al desarrollo» que en sí mismo implica el «derecho humano a un medio ambiente sano», permitiría lograr un puente de diálogo y entendimiento entre los gobiernos de Uruguay y Argentina que posibilite una solución al diferendo».

La Declaración establece en su artículo 1º que el derecho al desarrollo es «un derecho humano inalienable, en virtud del cual… todos los pueblos están facultados para participar del desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales».

A su vez el artículo 2º del mismo documento indica que «la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo».

Ambos postulados fueron reafirmados por la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, en la que se proclamó que «los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible».

El experto subrayó que la aplicación de estas normativas supone «mejorar la calidad de vida eliminando la pobreza y usando recursos que nos da la naturaleza».

En ese orden precisó que a su entender «la solución del conflicto por las plantas de celulosa debería ser razonada desde la óptica del derecho al desarrollo sustentable. Debería admitirse que la sociedad humana modifica el medio natural y que el punto central pasa por reconocer la vigencia del derecho al desarrollo sin comprometer el medio ambiente para las generaciones futuras».

Finalmente destacó que desde el punto de vista de los Derechos Humanos el diferendo entre Uruguay y Argentina «es irracional y podría ponérsele fin apelando a la matriz conceptual y jurídica del derecho al desarrollo, ratificando por ambos gobiernos la vigencia de dicho derecho y adoptando precauciones mediante monitoreos permanentes que posibiliten alertas inmediatas, aptas para generar respuestas eficaces ante la eventualidad de que se comprometan los recursos naturales». *