Juez resolverá esta semana sobre extradición de egipcio

El Said Hassan Alí Mokhles es acusado por el gobierno de Egipto de participar en actos terroristas, por lo que el fiscal en lo Penal de 7º Turno, Eduardo Fernández Dovat, pidió que se conceda la extradición a ese país del ciudadano egipcio –detenido en Cárcel Central desde hace casi dos años–, mientras que la defensa del egipcio, en manos de la doctora Cecilia Schroeder, se opone a dicha extradición.

Si el magistrado Hackenbruch coincide con el fiscal, la defensa del egipcio podrá apelar el fallo, mientras que de darse la situación contraria, el representante del Ministerio Público también podrá apelar el fallo.

Si bien en su primer fallo, anulado por el Tribunal de Apelaciones, Hackenbruch aprobó la extradición, fuentes interrogadas señalaron que en este caso sería posible que el juez discrepara con su primera decisión y denegara la extradición.

Cabe recordar que la primera resolución del juez Hackenbruch, que coincidió con la opinión del fiscal Fernández Dovat, pasó al Tribunal de Apelaciones del 2º Turno, el que declaró «absolutamente nulo» todo el proceso judicial por el que se concedió la extradición del ciudadano egipcio acusado de terrorismo en su país natal.

La decisión del Tribunal de Apelaciones se basa en claras omisiones de formalidad procesal, resolviendo a su vez que el egipcio continuara detenido en Cárcel Central, donde permanece desde hace poco menos de dos años.

Según se explicó en el fallo, el juez Hackenbruch y el fiscal Fernández Dovat aplicaron en su resolución artículos de la Ley 16.893, la que más allá de haber sido aprobada por el Parlamento aún no entró en vigencia, lo que debiera darse con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.

Ante ello, el Tribunal de Apelaciones anuló todo el proceso desde su inicio, por lo que las nuevas instancias tienen su comienzo en el pedido original del gobierno egipcio, sin tener en cuenta las actuaciones que se realizaron posteriormente.

Fuentes indicaron que igualmente la información recabada en este tiempo por las tres partes (juez, fiscal y abogada) agilitó el proceso del caso en esta nueva instancia, luego de haber sido anulado el primer fallo.