En su alegato, Uruguay dijo que bloqueo es una decisión "tomada al más alto nivel"

Las réplicas presentadas ayer por los abogados de Uruguay y Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya se limitaron a reiterar la posición que las partes ya habían expuesto en la audiencia celebrada el lunes.

Cada una de las representaciones destinó una pequeña porción del tiempo de que disponía para dirigirse a los jueces y contestar los argumentos esgrimidos por la contraparte.

En ese orden, Uruguay se centró en dar razones de por qué si le compete a la CIJ dictar las medidas cautelares que obliguen a Argentina a terminar con los cortes de ruta, refutando también así la aseveración de que el vínculo entre los bloqueos y el tema de fondo era un «invento».

En tanto que los representantes de la vecina orilla hicieron hincapié en defender la figura del presidente Néstor Kirchner ante las acusaciones uruguayas de que la inacción oficial se debía a que el gobierno comparte los objetivos de los ambientalistas, afirmando que el mandatario se ha declarado contrario a los bloqueos.

Ahora ambas partes deberán aguardar a que al finalizar el receso de fin de año los jueces comuniquen su decisión, lo cual podría suceder en la tercera semana de enero.

El gobierno uruguayo mantiene un «sereno optimismo» fundado en «la solidez de los argumentos presentados. Cabe señalar que tras las audiencias, en la vecina orilla aumentó la confianza en que la CIJ no dará lugar a la medida cautelar.

 

Uruguay: una hora fue suficiente

Para desarrollar sus réplicas, y culminar con su oportunidad de convencer a los magistrados de la necesidad de que dicten una ordenanza en la materia, el equipo jurídico uruguayo utilizó sólo una hora de las dos que le correspondían.

La defensa de la solicitud de intervención de la CIJ ante los cortes que realizan los asambleístas de Entre Ríos, se inició con la alocución del catedrático escocés Alan Boyle, quien remarcó que estas acciones lesionan los «derechos jurídicos de Uruguay, y el protegerlos es jurisdicción de la CIJ, no del Mercosur».

Boyle reiteró que si el gobierno uruguayo se ve obligado a poner fin al proyecto de Botnia para proteger su economía habrá «un daño irreparable» porque en ese momento «la Corte no podrá aportar ningún remedio. Si Botnia parte, la Corte no tiene poder de hacerla volver».

Empero el abogado aclaró, en ocasión de rebatir el argumento argentino de que los bloqueos están desvinculados de la presunta violación del Estatuto del Río Uruguay, que motiva el litigio de fondo ante La Haya, que Uruguay no acudió a la CIJ para «protegerse de un daño económico, sino para proteger su derecho de construir la planta».

Por su parte, el italiano Luigi Condorelli comenzó su alocución felicitando a los abogados de la contraparte por su «habilidad», aunque inmediatamente señaló su «asombro» ante el contenido de la presentación realizada por Argentina el lunes, ya que a su entender «no tiene nada que ver con lo que planteó Uruguay».

Condorelli, el más duro de los expositores, enfatizó que «cualquier observador imparcial que consulte los medios de comunicación que informan sobre Latinoamérica» es capaz de reconocer el vínculo entre los cortes y el tema de fondo del diferendo.

El jurista también dijo que el hecho de que los piquetes se instalen en territorio argentino no es un atenuante, ya que bloquean las rutas que conectan con los puentes binacionales y por efecto impiden el paso por éstos. En este punto subrayó que si bien el corte es permanente sólo entre Gualeguaychú y Fray Bentos, puede considerarse que el país está casi totalmente bloqueado debido a que por allí transitaba el 91% de las exportaciones uruguayas realizadas por tierra. «Los otros dos son de menor importancia, pero los manifestantes ya anuncian más cortes. Y el objetivo es sólo forzar a Uruguay a detener la construcción de Botnia», remarcó.

Para dar una mejor imagen de la gravedad de la situación el experto mencionó que «si no fuera así el rey de España no habría ofrecido sus buenos oficios para solucionar un diferendo que en los hechos sería sólo una tontería».

Asimismo Condorelli ratificó que la inacción del gobierno argentino «dice mucho acerca de que el objetivo es compartido con los manifestantes» y por ello «es más que una omisión, es la decisión estatal tomada al más alto nivel de no hacer cesar los cortes».

El jefe del equipo jurídico, Héctor Gros Espiell, reiteró al cerrar la presentación de Uruguay que la habilitación legal para que la Corte dicte la medida cautelar y obligue a Argentina a hacer cesar los bloqueos está dada por el hecho de que éstos son «efectuados por un grupo de personas ante la omisión y permisividad del gobierno argentino y tienen como objetivo detener la construcción de la usina».

A la vez, recordó que en el escrito presentado en noviembre para solicitar estas audiencias, Uruguay expresó que habría preferido «solucionar este diferendo por la vía diplomática y pacífica».

 

«Es inadmisible acusar a Kirchner»

Cuatro horas más tarde, y haciendo uso de casi la totalidad del tiempo que se le había concedido, Argentina reiteró que la demanda uruguaya contra los cortes de ruta no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la CIJ para aprobar medidas cautelares.

Por esto, la consejera jurídica de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, pidió al tribunal «declararse incompetente o declarar no admisible» el pedido de Uruguay.

Para fundamentar su solicitud la jefa de la legación aseguró que los cortes de ruta no afectan en forma directa la instalación de las pasteras y desmintió el «pretendido estrangulamiento de la economía uruguaya».

Además, rechazó las «acusaciones inadmisibles de chantaje» contra el presidente argentino Néstor Kirchner lanzadas en los alegatos del lunes por Boyle y Condorelli. «Nuestro jefe de Estado desaprueba los cortes, pero se niega a reprimirlos», señaló en referencia al planteo con el que Uruguay aseveró que la inacción del gobierno argentino es una prueba de que respalda los bloqueos como una forma de «extorsión económica» para que se desautorice la instalación de las plantas. A su vez, Marcelo Cohen volvió a señalar que el pedido uruguayo no cumple con las tres condiciones necesarias para que se dicten medidas provisorias: competencia del tribunal, riesgo de daño irreparable al derecho en litigio y urgencia. Finalmente ratificó que Uruguay ha cometido «reiteradas violaciones» al Estatuto del Río Uruguay, lo cual comenzará a ser dirimido en el juicio de fondo a partir del próximo 15 de enero. *