Cómo hará el EP para financiar su plan de reactivación productiva contra la crisis

En cuanto a la financiación, la coalición de izquierda ha señalado la necesidad de afectar parte de las reservas internacionales de la banca oficial, así como recurrir al endeudamiento externo.

La iniciativa que demandaría mayores recursos sería el programa de jubilación anticipada (U$S 80 millones); en segundo lugar, aquella que incrementaría el porcentaje de devolución de impuestos directos a los exportadores. Los productores arroceros de dicho sector recibirían U$S 30 millones.

En cambio, varias medidas no tendrían costo alguno (inversión en obras públicas, implantación de un registro nacional de empleo, etc), incluso algunas generarían recursos genuinos, por ejemplo, gravar con el IVA la venta de cigarrillos y tabacos.

El siguiente es el texto completo del documento encuentrista.

Estimaciones sobre el costo, financiamiento e impacto directo del plan de reactivación propuesto por el FA-EP

1. Inversión en Obras Públicas

Se propone mantener el nivel de gasto en inversión pública que, en promedio, se registró en 1998-1999. A nivel del Gobierno Central la inversión ejecutada alcanzó casi U$S 500 millones. La inversión total fue U$S 600 millones, lo que indica U$S 100 millones a cargo de otros organismos (Empresas, Intendencias, ANEP, etc.) por otro lado, se propone reorientar esa inversión hacia actividades que tengan mayor impacto en la demanda interna de empleo directo y de insumos nacionales. Por lo tanto, la medida no tiene otro costo que no sea el ahorro que el gobierno pretende hacer en materia de inversión pública.

Dado que la propuesta del FA-EP contiene una segunda parte, que habilita el financiamiento privado de la obra pública bajo ciertas condiciones, implica la posibilidad de un ahorro sin sacrificar la inversión en obras públicas.

En conclusión esta medida no tiene costo adicional. Podría significar un menor gasto público estimable en U$S 100 millones.

Se estima que la retracción de la obra pública ya concretada en el año 2000 ha aparejado la reducción de 5.000 puestos de trabajo, los que esta propuesta reconstituiría. Nótese que en el mensaje presupuestal se concreta además una rebaja de U$S 77 millones para el quinquenio.

2. Plan de viviendas

Por más que se haya proclamado la construcción de 50.000 soluciones habitacionales, en el último quinquenio, el equivalente a viviendas genuinas alcanzó a 35.000. Se propone elevar este promedio de 7.000 viviendas al año a un promedio de 10.000 durante 2000 y 2001, luego 15.000 en 2002 y posteriormente 20.000 en los últimos dos años del quinquenio. Se estima que para comenzar a abatir el déficit habitacional se necesitaría construir 12.500 viviendas en promedio anual. Se estima que el costo promedio de una vivienda media, es U$S 30.000. Los ejecutores del Plan serían el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario (aproximadamente por mitades). El costo del Plan sería entonces de U$S 350 millones para los primeros años. El costo adicional es poco importante ya que actualmente, el Ministerio cuenta con un crédito automático de U$S 123 millones, más U$S 34 de pasivos, lo que permitiría construir en el orden de 4.500 viviendas. Las restantes 5.500 requerirían elevar de U$S 13 millones a U$S 16 millones mensuales el uso de recursos propios que el Gobierno autoriza al Banco Hipotecario.

En conclusión, los recursos adicionales requeridos serían de U$S 36 millones anuales, no necesitando un nuevo impuesto sino ampliación del crédito del Banco Hipotecario. La captación de depósitos del Banco Hipotecario viene siendo buena, sin perjuicio de reconocer que, pasada la situación de emergencia, será necesario abordar la problemática del Banco Hipotecario, en cuanto a dos aspectos: 1) la captación de ahorro de corto plazo y el otorgamiento de crédito a largo plazo; 2) que los gastos de funcionamiento son equiparables a lo que recauda por intereses de la cartera de préstamos, por lo que todos los intereses que debe pagar a los depositantes (U$S 60 millones anuales) son pérdida que van carcomiendo su situación patrimonial. Surge entonces que el único costo es lo que cuesta captar el nuevo dinero para ampliar el crédito. Suponiendo una tasa del 8%, estamos hablando de un costo adicional algo menor a U$S 3 millones anuales. Otra conclusión es que, de acuerdo a estudios realizados en el propio Banco, el impcto sobre la generación de empleo, directo e indirecto en la construcción es de este número adicional de viviendas, es de 7.500 puestos al año.

3. Otras medidas directas sobre el empleo

3.A) Implantación de un registro nacional de desempleo

Es una medida sin costo adicional.

3.B) Programa de empleo transitorio

Está pensado para suplir la ausencia de trabajo para aquellos trabajadores que pasaron por el seguro de paro. La estimación del costo se realiza suponiendo que el 50% de los que pasan por el seguro de paro no obtienen trabajo al finalizar el plazo. Siendo 27.500 personas las que figuran actualmente en dicha situación, los beneficiarios serían 13.250 trabajadores, a los que se les mantendrá a un sueldo promedio de $ 3.000 que es el que surge de dicho seguro y exoneración de aportes patronales.

En conclusión habría un costo anual de U$S 40 millones. Se propone destinar un Fondo para este objetivo.

3.C) Programa de Jubilación anticipada

Se sabe que entre 55 y 65 años hay 55.000 cotizantes al BPS. La idea es que puedan acogerse a los derechos jubilatorios por la mitad de su jornada y por la mitad de su remuneración. El incentivo sería doble: a) aunque el retiro parcial se produzca antes de los 60 años se les aplicaría la tasa de reemplazo prevista para los que tienen 60 años; b) a todos, se les elevaría el tope jubilatorio de 10.480 actual a $ 12.300, adelanto el nivel que regiría para los que se jubilen en el año 2003. Además, para la jubilación parcial se requeriría 30 años de trabajo en vez de los 35 actuales. La estimación del costo de esta medida tiene en cuenta que los trabajadores seguirían trabajando y aportando por medio horario y medio salario, dando la posibilidad de ingreso de un trabajador cada dos que se acojan a la media jubilación. Los nuevos serían aportantes exonerados, de acuerdo a la 10ª medida que proponemos. El costo de mayor pago por prestaciones jubilatorias debería considerar a modo de supuesto que el 30% de los trabajadores entre 55 y 65 años, que no pensaban jubilarse, lo hacen parcialmente por los incentivos antedichos. Significaría 16.500 nuevas prestaciones jubilatorias a un nivel promedio que podría situarse en el 60% del nuevo «medio tope» o sea en el 60% de $ 6.150, lo que equivale a $ 3.690 mensuales. En consecuencia el costo total anual ascendería a U$S 58 millones por prestación jubilatoria adicional y U$S 22 millones por aportes que se dejan de recaudar. Se propone crear un fondo de U$S 80 millones.

En conclusión, esta medida tendría un costo adicional de U$S 80 millones anuales y crearían condiciones para la creación de 8.250 nuevas oportunidades laborales por año.

3.D) Medidas en defensa de la pequeña y mediana empresa

Refieren fundamentalmente a la creación de un fondo de garantía para préstamos y tasas de interés preferenciales, por lo que su costo estaría incluido en las medidas de tipo crediticio.

4. Exoneración impositiva durante un año a los pequeños productores agropecuarios que están por debajo de la línea de pobreza.

Se estima que estarían abarcados 20.000 productores. Existiendo ya la iniciativa para exonerar del 100% de la contribución inmobiliaria a los precios menores de 50 Hds. restaría exonerar el Imeba y los ap
ortes al BPS, estimándose que el costo no sería mayor a U$S 25 millones (la recaudación total del Imeba durante 1999 alcanzó a U$S 29 millones), donde la rebaja de aportes llevaría la mayor parte. Estas medidas habría que instrumentar mediante un subsidio directo compensatorio, dada la dificultad para instrumentarla de otra forma. Por lo tanto se requiere la identificación de las beneficiarias.

5. Rebajas en las tarifas de energía eléctrica y combustible para la producción agropecuaria

Lo que se propone es eliminar el IVA sobre la energía eléctrica de actividades elegidas por su alta incidencia (caso del sector lechero).

Por su parte, la rebaja del combustible se propone que se concrete a través de una asignación directa del orden de 20 litros de gas-oil por HA cultivada de cualquier cultivo 40 litros en el caso del cultivo de arroz.

La primera medida implicaría un costo de U$S 2 millones, mientras que la segunda medida otros U$S 10 millones.

En conclusión se prevé un costo total de U$S 12 millones por este concepto.

6. Aumento del porcentaje de devolución de impuestos directos a los exportadores

Actualmente, las tasas son muy pequeñas (del orden del 3% promedial) y el arroz necesita un fuerte apoyo. Es posible que subir las tasas por encima del 5% (para nuestro país) pueda implicar un choque con la AMC (Asociación Mundial de Comercio) que habría que evaluar. Este es un problema de negociación porque el criterio de la OMC es presionar a los países no respecto a niveles absolutos, sino respecto a los niveles cristalizados en negociaciones anteriores. Por ejemplo, el cultivo de arroz en EEUU sobre un precio de U$S 6,61 la bolsa percibe un subsidio de U$S 5,32. Se estima que el apoyo circunstancial a la producción arrocera (para la próxima cosecha está previsto una mejora en el precio internacional) demandaría U$S 30 millones, en tanto que las demás actividades absorberían U$S 40 millones. En total la medida implicaría un costo de U$S 70 millones pero sin constituir un gasto adicional de carácter permanente.

7. Revisión de la política de subsidios

En la ejecución de 1999 se gastaron U$S 132 millones anuales por subsidios directos e indirectos. Dado que lo que se propone es una revisión en el destinatario final del subsidio, no existe costo en la medida propuesta.

8. Emisión de certificacdos de créditos a favor de proveedores que experimentan atraso en el pago por parte del gobierno central

No tiene costo; sólo limita la ventaja que tiene el gobierno por pagar con retraso.

9. Eliminación parcial del impuesto a los activos bancarios (Imaba)

El objetivo es abaratar el costo del crédito destinado a la actividad productiva. Por este concepto se recaudaron U$S 97 millones en el ejercicio 1999. El planteo no debería comprender a los créditos al consumo, por lo que el costo de lo que se dejaría de recaudar sería de U$S 72 millones. Sin embargo, esta medida debería complementarse con otra a efectos de que la rebaja llegue efectivamente al tomador de crédito. Entre otras medidas en esa dirección, se podría establecer por parte del BCU que en caso de no reducirse la tasa de interés en la debida proporción, procederá un aumento del encaje no remunerado para la institución.

10. Reducción de aportes patronales a la seguridad social para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo

Tal como está planteada la medida en el aditivo presentado en ocasión de la discusión de la Ley de Urgencia, no tendría costo, salvo lo ya planteado en el punto 3 C.

11. Gravar con IVA la venta de cigarrillos y tabacos

Esta medida tiene una doble finalidad, desestimular el consumo y recaudar más. En base al Imesi calculado sobre un precio facto, se recaudó U$S 149 millones en 1999 por este concepto. Aplicando el IVA el ingreso bruto sería U$S 52 millones pero habría que descontar el IVA de compras que actualmente no descuentan porque sólo pagan Imesi. Entonces, la recaudación adicional estimada sería de U$S 40. A ello habría que quitar otros U$S 10 millones imputable a la disminución del consumo o mayor evasión por contrabando.

En suma, se obtendrían recursos adicionales por U$S 30 millones.

12. Medidas de política comercial

Consisten en medidas antidumping, propuestas a llevar a decisión del Mercosur, medidas de defensa de la calidad del producto uruguayo, etc., que no tienen costo significativo. En cambio, establecer cupos para la importación de bienes provenientes de extra-zona para sectores de alta sensibilidad, amerita una estimación de costo por descenso de la recaudación arancelaria correspondiente. En ese sentido, las importaciones de extra-zona alcanzaron U$S 1.600 millones en 1999 sin contar las importaciones de petróleo. Siendo la importación de bienes finales del orden del 30% del total, cabría suponer que la mitad de las importaciones extra-regionales sin petróleo, fuesen sensibles a la industria nacional, y que la limitación vía cupo afectase al 50% de las mismas, se tendría: U$S 1.600*, 15* 0.5 = U$S 120 millones. Una cifra de este orden sería lo que se dejaría de importar y por lo tanto, se dejarían de recaudar aranceles por: 0,16 (tasa prom. estimada)* 120 = U$S 19 millones.

13. Reducción sustantiva de los encajes del BROU

Actualmente, las tasas de encaje no remunerado son:

En moneda nacional: 10% sobre depósitos a la vista y en caja de ahorro del sector privado; 4% sobre depósitos a plazo entre 30 y 180 días del sector privado y 2% sobre depósitos a plazo de más de 180 días del sector privado.

Sobre los depósitos del sector público (gobierno central y BPS) el encaje el 100% por sobre el saldo existente en el año 1990, lo que constituye alrededor del 90% del saldo actual.

En moneda extranjera: 10% por depósitos hasta 180 días y 4% por depósitos a plazo mayor a 180 días. Para los depósitos del sector público rige el mismo criterio que para el caso de la moneda nacional.

Considerando los saldos de los depósitos para cada moneda y para cada plazo, se estima que las reservas de encaje ascendían a una suma cercana a los U$S 367 millones al mes de abril de 2000.

En el marco de una propuesta que reduciría al 4% el encaje sobre el saldo a la vista y caja de ahorro en moneda nacional, al 0% el encaje sobre depósitos a plazo en moneda nacional, al 10% el encaje sobre depósitos del sector público, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera y al 4% el encaje sobre depósitos en moneda extranjera, la partida por encaje se reduciría a U$S 140 millones.

Ello implicaría una disponibilidad adicional para créditos de U$S 227 millones. Significaría transformar activos inmovilizados a activos por otorgamiento de préstamos. Esto mejoraría el rendimiento de las colocaciones permitiendo el abatimiento de la tasa de interés.

14. Reducción selectiva de la tasa de interés que cobra el BROU en sus colocaciones

Resultaría de lo antes indicado. Esto es: una reducción pequeña no tendría costos.

15. Refinanciación selectiva del sobreendeudamiento del sector agropecuario

De acuerdo a esta propuesta el alivio a productores deudores al BROU surgiría de considerar tres franjas de deudas:

a) Deudores menores de U$S 50.000 a los que se les congelaría la deuda por tres años (en U.R.) y se les otorgaría una gracia de tres años para el pago de los intereses. Serían 13.360 productores (77% del total de deudores) que estarían debiendo U$S 168 millones (17% de la deuda total con el BROU). El costo de la medida propuesta se estima en U$S 16 millones/año.

b) Deudores mayores de U$S 50.0
00 y menores de U$S 100.000 a los que se les congelaría la deuda por tres años (en U.R.) y se les otorgaría durante ese período una tasa de interés subsidiada por el BROU. Serían 1.784 productores (10% del total) que estarían debiendo U$S 127 millones (14% de la deuda total con el BROU). El costo de la medida propuesta se estima en U$S 6 millones/ año.

c) Deudores mayores de U$S 100.000 a los que se les ofrecería en sistema de refinanciación similar al de cupón cero pero facilitando el acceso al capital inicial (son el 12,4% de los productores y deben U$S 638 millones que son el 69% de la deuda con el BROU). En principio la medida no tiene costos, sólo requiere usar crédito del BROU.

16. Prohibición de otorgar crédito bancario para el financiamiento de importaciones de bienes de consumo competitivos con los fabricados por la industria nacional.

Sólo el costo por menor recaudación por concepto de aranceles. Si la medida tuviera éxito, limitando el 10% de las importaciones de bienes de consumo, la estimación de costo sería: U$S 900: *0,10 * 0,16 = U$S 14 millones.