Cruda realidad sanitaria en cárceles del país: guardias atienden urgencias

El Comisionado Parlamentario oficia de órgano asesor y fiscalizador del cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad por decisión judicial. Desde que comenzó a funcionar, en julio de 2005, realizó 156 visitas a establecimientos penitenciarios y centros de salud del país en los que se encontraban presos alojados.

El comisionado tiene la función de iniciar una investigación a partir de quejas o denuncias recibidas en su oficina. Si a partir del seguimiento se constata que no hubo lesión de los derechos, se archivan las actuaciones. Pero si se verifica la violación de algún derecho, la institución puede hacer una recomendación.

Hasta el momento, el comisionado hizo 59 recomendaciones, que incluyeron traslados, cese de hostigamiento, reubicación de reclusos en otras cárceles, asistencia médica y habilitación de nuevos puestos de trabajo para los internos, entre otros consejos. De ese total, sólo una recomendación no fue aceptada y cumplida por las autoridades carcelarias.

En cuanto a las quejas que recibió el comisionado de boca de los propios reclusos, se recibieron 439 denuncias, de las cuales 103 tuvieron que ver con la salud. Según detalló ayer el ombudsman del sistema carcelario, Alvaro Garcé, las quejas refirieron a «falta de atención médica adecuada, de equipamiento, de personal médico y paramédico».

 

Reparto discontinuo

El primer informe del comisionado es duro con respecto a la realidad sanitaria del sistema penitenciario. «Más de un establecimiento carece de médico asignado y casi ninguno cuenta con dentista. Las demandas de los reclusos son resueltas por el sistema de seguridad: el pedido de asistencia queda librado a la discrecionalidad de un funcionario policial, carente de capacitación específica en el área de salud», indica el relevamiento. El reparto de medicación es discontinuo y se comprobó la carencia de historias clínicas. Desde que no existe un hospital penitenciario (1986), las urgencias se atienden en los hospitales públicos, pero «la falta de vehículos «retrasa o frustra el traslado». Para Garcé, falla la coordinación entre los ministerios de Salud y del Interior en este sentido. Frente a esta realidad, el comisionado recomendó fortalecer el pabellón de enfermería del Comcar, ya que «buena parte de las demandas se resolverían si dicho sector estuviera suficientemente equipado y dotado de recursos humanos». Además aconsejó la implementación de un programa de desintoxicación de drogas, un sistema de control y entrega de medicamentos y reparto de preservativos. Los locales de reclusión también estuvieron en la mira del comisionado. En este sentido señaló que son «absolutamente inadecuados, están fuertemente superpoblados o requieren refacciones más o menos urgentes».

Las celdas son ocupadas por más de un interno, y las condiciones de higiene son deficientes, al igual que los niveles de alumbrado y ventilación.

 

Durmiendo en el suelo

Como resultado de la superpoblación, las camas son insuficientes por lo que se recibieron quejas de internos que duermen en el suelo. En la mayoría de las cárceles con dormitorios colectivos existen precarias divisiones improvisadas para resguardar la intimidad, por lo que el comisionado recomendó sustituir esas divisiones por tabiques de madera.

La alimentación, tanto de reclusos como del personal de seguridad, es mala y poca, por lo que se aconsejó incrementar las partidas destinadas a la alimentación. El régimen laboral de los funcionarios penitenciarios también fue observado y se comprobó que recibe una remuneración escasa y trabaja en condiciones desfavorables. La cantidad es «extremadamente baja» en relación al número de reclusos.

En lo que concierne a la disciplina y sanciones, se observó que se aplican «sanciones colectivas sin determinación y penas más severas que las previstas en la ley». Si bien el comisionado recomendó implementar un sistema de castigos y recompensas, con el debido uso de celdas de castigo, sostuvo que estos lugares «carecen de luz natural y ventilación, no hay higiene, por lo que el «aislamiento es cruel, inhumano y degradante». Luego de presentar el primer informe, Garcé concluyó que «las cárceles todavía atraviesan una situación de emergencia humanitaria como consecuencia de la superpoblación, pero se están procesando algunos cambios, que comenzarán a concretarse el año que viene». *