Maroñas: Tribunal de Cuentas aprobó actuación del Ejecutivo

Con el único voto en contra de su presidente, el Tribunal de Cuentas avaló ayer en una sesión extraordinaria lo actuado por el Poder Ejecutivo respecto a la contratación de la firma Bakery SA que se encargará de la tenencia, uso y explotación del Hipódromo de Maroñas.

La decisión contó con el único voto discorde del presidente del organismo de contralor el general (r) Ramírez (Foro Batllista). Según se informó a LA REPUBLICA, el Tribunal de Cuentas aprobó el procedimiento de contratación directa de la firma estadounidense. No obstante, trascendió que el organismo deberá hacer un seguimiento del cumplimiento de lo estipulado en el contrato. En particular, la firma se había comprometido a realizar un aporte de capitales del orden de los 12 millones de dólares, que excedía el monto exigido en el pliego de condiciones.

El pasado 19 de julio, con la firma del presidente Jorge Batlle y del ministro de Economía Alberto Bensión, el Poder Ejecutivo resolvió a través de un decreto la contratación de la firma Bakery SA (Equus Entertainment SA), pese a que la misma no alcanzó el puntaje mínimo de precalificación exigido. En los considerandos, Batlle aludió a la «experiencia» del operador y a que la oferta superaba «ampliamente» las exigencias impuestas en el llamado. El mandatario consideró que la «única oferta presentada contempla ampliamente las exigencias impuestas por la administración y que plantea un plan de explotación viable, inversiones que superan ampliamente los mínimos previstos en el pliego y la gestión del Hipódromo a cargo de un operador de experiencia».

Señaló además que «extender invitaciones a otros potenciales interesados implicaría postergar en demasía el reinicio de actividades en el Hipódromo Nacional de Maroñas, en atención a que sería necesario conferir nuevos plazos para la elaboración de ofertas, así como para el análisis de las mismas» y agregó que «la demora en obtener un explotador del Hipódromo Nacional de Maroñas genera nuevos costos para el Estado y agrava la situación de deterioro del inmueble, además de afectar legítimas expectativas de recuperación del sector con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo». A su vez, sostuvo que el Estado «debe asegurar, además del total cumplimiento de la oferta presentada, que la eventual adjudicataria presente una situación económico financiera que garantice el total cumplimiento de las inversiones proyectadas». (Ver página 41)