Denuncia contra la Intendencia de Rocha

La Junta Departamental de Rocha resolvió el pase a la Justicia del informe del Tribunal de Cuentas referido a la deuda que mantiene la Intendencia de Rocha con el Banco de la República. Esta deuda fue generada a partir de que la comuna no virtió las cuotas de préstamos sociales de los funcionarios a pesar de que las descontaba de los salarios.

Uno de los puntos planteados en el informe del tribunal respecto a esta situación que configura un caso de apropiación indebida, es que de esta situación podría corresponder responsabilidades civiles y penales, razón encontrada como «trascendente» por parte de la Junta Departamental de Rocha para remitir el citado informe a la Justicia Penal. El documento ingresó al Juzgado Penal de 1er Turno de Rocha el pasado martes.

La situación corresponde a un atraso generado hace un año, ya que la deuda actualmente lleva un atraso de 12 meses, 10 meses de la administración de Adauto Puñales y dos de Irineu Riet, debiéndose contar además los meses de gestión del ex intendente David Gutiérrez que actuó como tal desde la renuncia de Puñales hasta el cambio de mando. Fuentes municipales confiaron que actualmente han existido contactos con autoridades del BROU para buscar una negociación para el pago.

Las actuaciones del tribunal que derivaron en este informe, tienen vigencia hasta el 31 de mayo, y hasta la fecha señalada el organismo establece –entre sus resultandos– que el banco, como consecuencia de esta deuda, se ha visto obligado a dejar sin efecto la habilitación que tenía la Intendencia para la tramitación de tales préstamos. Otro de los resultandos del Tribunal de Cuentas destaca «el perjuicio que la situación apareja para los funcionarios municipales por cuanto se ven imposibilitados de gestionar préstamos ante la Intendencia».

El Tribunal entiende que no verter los fondos retenidos a los funcionarios constituye «una irregularidad en el manejo de los fondos públicos que puede aparejar las responsabilidades en el artículo 6° del Tocaf», a su vez, de recomendar una investigación administrativa en la IMR o «un sumario con las garantías del debido proceso», señala. Además de enviar una copia a la Intendencia y a la Junta Departamental, el Tribunal de Cuentas también remitió una copia al Banco República.

Por otra parte, la Junta Departamental de Rocha, además de resolver el pase a la Justicia del citado informe, conformará una delegación que represente al cuerpo para mantener una reunión con las autoridades del BROU en la búsqueda de soluciones al perjuicio que se ha causado a los trabajadores municipales que desde hace meses no puede operar, solicitando créditos de caja nacional.

Los funcionarios

Según una fuente jurídica consultada por LA REPUBLICA, los funcionarios están en todo derecho de iniciar acciones civiles contra la Intendencia Municipal debido al perjuicio mencionado anteriormente. Además se nos indicó que el solo hecho de que parte de su sueldo sea retenido y esa retención no sea vertida al destino final, constituye una razón para que el trabajador entienda del caso activar el mecanismo judicial. Si bien se manejó que hace unos dos meses habría existido la intención de formar un movimiento que iniciara acciones judiciales contra la Intendencia, en estos momentos no existe información de que esta intención se mantenga, aunque jerarquías municipales tampoco descartan que pueda registrarse un hecho de esta naturaleza. Mientras el Tribunal aconseja una auditoría en el informe sobre las partidas de funcionarios retenidas y no vertidas al BROU, ayer comenzó una auditoría externa contratada por la Intendencia en relación al informe del Tribunal sobre la rendición de cuentas del ejercicio 98. En ese informe, el Tribunal señalaba la imposibilidad de pronunciarse, entre otros aspectos –según dicen– por «no resultar confiables» las cifras enviadas por la administración municipal. El tribunal habla de desprolijidades financiero-contables, en el citado informe que tiene más de 30 observaciones.