Juez procesó sin prisión a un otorrinolaringólogo por homicidio culpable

Tras el procesamiento, las actuaciones judiciales continúan y ahora la defensa tendrá cinco días para apelar el auto de procesamiento, si así lo considera.

Por otra parte sigue en curso el juicio civil iniciado por familiares de la fallecida, que por intermedio de sus abogados presentaron una demanda contra el Hospital Británico y contra el médico por unos 750 mil dólares. Sobre esta instancia judicial se puede informar que recién en el mes de marzo próximo se estará llevando a cabo una de las audiencias.

Según el dictamen del juez Tapié, el procesado esperará sentencia definitiva en libertad por las siguientes razones: por tratarse de un ilícito culposo, por ser una persona sin ningún antecedente penal, porque «puede presumirse que no habrá de recaer pena de penitenciaría», porque «no existe riesgo de que el procesado se sustraiga a la sujeción de la Justicia, y porque «no existe riesgo de que el procesado obstaculice el desarrollo de la investigación».

Se informó por parte de la Suprema Corte de Justicia que fue muy importante para que el juez llegara a su dictamen el informe elaborado por tres profesionales que integraron una Junta Médica, quienes aportaron elementos técnicos de gran relevancia para que el juez apoyara en su decisión.

De todas las actuaciones que se realizaron es que surgen elementos que le permitieron al magistrado considerar que se trató de una serie de errores cometidos por el médico en el preoperatorio, durante la intervención quirúrgica y en las instancias posoperatorias.

Ayer, tras varias audiencias y luego del pedido del fiscal de 14º Turno, Dr. Rafael Ubiría, de que se procesara con prisión el médico de iniciales EM, por un delito de «homicidio culposo», el juez Tapié dispuso el procesamiento por dicho delito pero sin prisión, aunque esto no significa que el profesional de la medicina quede absuelto ya que las actuaciones continúan y resta la sentencia definitiva.

Como se menciona líneas arriba, el juez dispuso que el procesado espere la sentencia definitiva en libertad por distintos motivos, pero la misma se le concedió bajo fianza (en nuestro sistema judicial se lo llama «caución real»), que el juez fijó en 250 mil pesos, y que al cierre de esta edición ya habían sido abonados.

Dicha fianza queda en poder del Estado como forma de seguro por si llegado el caso el acusado no se presenta ante la Justicia cuando así le sea requerido, aunque es de destacar que si bien se le expropiará el dinero igualmente se librará una orden de captura.

En relación al médico se puede consignar que en el caso de ser funcionario en algún centro asistencial del Ministerio de Salud Pública, automáticamente deja de prestar funciones en virtud del procesamiento, pero los procedimientos son distintos si se trata de una institución privada, aunque llegado el caso las autoridades de la secretaría de Estado podrían -tras iniciar una serie de acciones legales- quitarle la licencia para ejercer su profesión.

 

Una muerte insólita

Andrea Wehbe había concurrido al Hospital Británico para realizarse una operación de sinusitis; le habían dicho que era una intervención poco más que de rutina.

El propio procesado le habría explicado que la operación era sencilla e inclusive que el posoperatorio sería de menos de 48 horas.

Durante la operación, el médico realizó una mala maniobra con un catéter a través de la nariz de la paciente, perforándole una de sus meninges.

Los familiares de Andrea denunciaron que a su vez el mismo día se realizó una segunda intervención, al parecer para tratar de corregir su error, sin notificar a un especialista más capacitado. La segunda operación agravó el cuadro y generó una infección mayor.

Andrea Wehbe no fue derivada a un CTI, sino que permaneció en una sala común, quejándose de fuertes dolores de cabeza. Los médicos de piso descubrieron el problema y se le realizó una docena de intervenciones para salvarle la vida a la paciente, sin éxito. La familia de la joven denunció el caso ante la Justicia y el Ministerio de Salud Pública comenzó una investigación de oficio. Poco después, el profesional fue despedido. *