Exoneración dudosa generó áspero debate

Tal como lo informó LA REPUBLICA en su pasada edición, la bancada del Encuentro Progresista propuso debatir el tema durante la reunión de la Junta Departamental realizada el viernes. Allí se notó un cambio sustancial en la correlación de fuerzas que ha regido la actuación del legislativo durante las últimas semanas.

La bancada colorada en pleno acompañó la propuesta de la coalición de izquierda, a lo que se sumó el voto del nacionalista Luis Bonnet (Alcorta); en contra lo hicieron quince ediles blancos. Como se necesitaba una mayoría especial para tratar el tema el mismo día, se aprobó por unanimidad incluirlo en el primer punto de la sesión del 13 de octubre próximo.

Sin embargo durante la fundamentación de votos se mencionó por parte de varios ediles de las tres bancadas, la ilegalidad de la resolución municipal, la obligación de denunciar ante la Justicia dada su condición de funcionarios públicos, el papel de la prensa en la denuncia y la constatación de un estado de generalizada irritación popular por una exoneración calificada como «discriminatoria». Un edil frentista llegó a decir que «aquí se había metido la mano en la lata», pero fue censurado a los gritos por ediles blancos. Luego fueron los encuentristas los que censuraron a un edil blanco que los acusó de «montar un circo para la tribuna».

En los pasillos del legislativo ediles de izquierda y colorados discutían por separado cómo seguir adelante. En el EP se informó que «ya tenían pronta la denuncia penal, pero nos falta decidir cuándo la presentaremos», aunque no descartaron que finalmente lo hagan esta semana.

Mientras tanto, algunos ediles colorados dijeron a LA REPUBLICA que estaban «convencidos» de que se «había cometido delitos» y que «había que denunciar a por lo menos cinco jerarcas municipales». Pero no dijeron si firmarían junto al EP la denuncia penal.

Otro posible delito

Las mismas fuentes coloradas afirmaron luego que «la Intendencia ha incurrido en una nueva irregularidad que podría configurar un posible delito de falsificación de documento público». La información también fue confirmada por ediles encuentristas.

Según las fuentes, las jerarquías municipales incluyeron en el expediente un informe jurídico de la entonces prosecretaria y asesora en el rubro, Bethel Rodríguez, ratificando el informe presentado por el asesor jurídico Gabriel Adriasola. También se incluyeron dos solicitudes de exoneración impositiva para los años 1998 y 1999, presentadas por Baluma SA, empresa propietaria del Hotel Conrad.

Sin embargo el expediente original enviado por la Intendencia a la Junta está foliado, como debe hacerse con la documentación pública, y ninguno de esos tres documentos están incluidos, por lo que los ediles deducen que se les pretendió introducir luego de que estallara el escándalo público. Incluso, en la carta presentada por Baluma SA el pasado 28 de enero solicitando la exoneración que después originó estas actuaciones, se expresa con claridad que «pudimos haber exceptuado en el año 1998 y 1999 de todas las tasas que por montos similares ahora se nos reclama y pagamos en ambos años. Esos montos los pagamos y no los reclamamos». Los ediles colorados y encuentristas, que fueron consultados por este matutino, no vacilaron en calificar el hecho como «una falsificación de un documento público».