La política con Uruguay en una encrucijada

En rigor, hasta principios de noviembre a Néstor Kirchner le decían que había una fuerte chance que el crédito no fuese concedido. Lo decía el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y ni que hablar la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti .

«Vamos a endurecer la lucha hasta que Botnia se vaya de Fray Bentos», dijo el agrarista Alfredo De Angeli en declaraciones a la agencia DYN, en lo que implica una radicalización de la protesta que llevan a cabo desde hace meses los asambleístas de Gualeguaychú. Ellos ahora quieren taponear todos los puentes.

De hecho, la política externa de la Argentina entró en un brete. «Clarín» dijo ayer: «La política hacia Uruguay ha quedado en manos de un grupo de activistas» y no se explica «por qué el gobierno alentó primero y dejó crecer después el conflicto hasta niveles en que cualquier alternativa negociadora puede ser asimilada a una traición». Y se pregunta «¿Qué puede hacer entonces un facilitador cuando no hay facilidades previstas para dialogar?» Se refería claro, a la gestión del rey Juan Carlos.

Todas las opciones elevadas en el orden internacional, como el Tribunal de La Haya o el del Mercosur hace poco, han rechazado las demandas del gobierno. Los expertos opinan que el presidente ha sido muy mal asesorado en la manera de tratar de torpedear el crédito; la carta de Kirchner al BM fue desconocida en sus fundamentos, dejándolo de hecho, desairado. Jamás se puede jugar un mandatario en una causa perdida.

Y en la misma canción el vicecanciller Alfredo Chiaradía, asegura que Argentina «no dará consenso» para que se trate el tema de los cortes de ruta en Gualeguaychú durante la cumbre extraordinaria del Mercosur, que se realizará antes de fin de año en Brasil. Eso sí, concedió «si un canciller -por caso, Reinaldo Gargano- quiere hablar del tema, nadie le puede impedir que hable. Otra cosa es que el tema esté incluido en la agenda».

El gobierno hizo saber ahora que aguarda que un fiscal o un juez tomen las medidas que marca la ley. Es incomprensible que a esta altura del conflicto, el procurador, es decir el jefe de los fiscales federales no haya tomado cartas en el asunto. ¿Y la independencia del Poder Judicial? Es pasto para la oposición. El líder del centro-derecha Mauricio Macri abrió la polémica cuando dijo que el gobierno debería «desalojar» a los vecinos de Gualeguaychú que están cortando la ruta a Uruguay. «Si están violando la ley, hay que desalojarlos. La Constitución es muy clara. ¿Qué dice la Constitución? Libre circulación de los caminos», dijo Macri, para quien «la contaminación (de las pasteras) va a ser mínima, tirando a cero, porque es una tecnología probada en todo el mundo». Va de suyo que el uso de la fuerza contra multitudes no lo quiere Kirchner ni nadie.

El jefe del bloque de senadores radicales, Ernesto Sanz, propuso en cambio «convencer a los ciudadanos de Gualeguaychú de que hay que seguir hasta el último minuto la vía jurídica». Según el legislador mendocino, no hay que emplear la fuerza, sino que se requieren «diálogo y convencimiento de que los cortes no van a ayudar». A la vez el senador Rodolfo Terragno, del bloque radical independiente, dijo que el gobierno debe «disuadir» a los manifestantes. «No será fácil, pero es necesario. Los vecinos creen sinceramente que cortando el puente defienden a la Argentina, pero el presidente no puede ignorar que violando el derecho internacional, tenemos todo para perder y nada para ganar», dijo.

En el mismo tenor se expresó el diputado de ARI Carlos Raimundi. Reconoció que «los cortes de ruta no son un modelo deseable de resolución de conflictos», pero abogó por que el gobierno aplique estrategias de «persuasión». Veremos. *