La Justicia ordenó archivar la demanda contra LA REPUBLICA iniciada por policías fernandinos

En la audiencia realizada en la tarde de ayer en el Juzgado de la calle Misiones, donde comparecieron los denunciantes conjuntamente con el redactor responsable de LA REPUBLICA, Carlos Fasano Mertens y el abogado Carlos Durán Ayala, el magistrado dio a conocer su fallo, el cual establece: «Decrétase la clausura y archivo de esta causa que por la imputación de los delitos de difamación e injurias se le sigue al redactor responsable del diario LA REPUBLICA Carlos Ignacio Fasano Mertens».

En la portada de la edición del pasado 5 de abril, se incluía el siguiente titular: «Para el Guinness: Policías torturadores, de los cuales dos están aún presos, quieren dinero y demandan a LA REPUBLICA. Hoy es la audiencia a cargo del juez Juan Carlos Contarín».

A causa de esa nota, los policías en cuestión, decidieron presentar una denuncia penal por «difamación» e «injurias», delitos previstos en la Ley 16.099, que rige los delitos cometidos a través de los medios de comunicación.

Durante el proceso, la fiscal de la causa, la doctora Ana María Tellechea, en un sólido dictamen jurídico solicitó sobreseimiento al no encontrar en el artículo de prensa mencionado «ninguna referencia que pueda atentar contra el honor o la exposición al odio o al desprecio público de ninguno de los denunciantes. En ese sentido, sí existió, como lo manifiestan los involucrados, una publicación que los mencionó como actores del delito al que se refiere la publicación incriminada, ella fue en el año en que se produjeron los hechos, esto es el 2003″, establece textualmente el fallo del juez García.

Sin embargo, la Ley 16.099 prevé para estos delitos un mecanismo especial que se aparta del modelo común regido por el Código del Proceso Penal (CPP) mediante el cual, se le reconoce al agraviado la potestad excepcional de ejercer por sí mismo la defensa de su honor mediante la «acción privada», en caso de que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la parte indagada.

Los representantes legales de los policías fernandinos hicieron uso de esta posibilidad, realizando un nuevo alegato, el cual -según establece el fallo del magistrado- «no individualiza al denunciado, no relaciona el hecho incriminado, no formula imputación delictual, no menciona alteratoria alguna, no señala la plena prueba de su configuración y tampoco la pena que a su juicio debería imponerse al denunciado».

Debido a esas «carencias» en el nuevo escrito presentado es que el juez señala que el mismo «impide que se establezca un acto procesal vinculante», aunque aclara que «no es dable pedir al particular que realice una requisitoria (demanda-acusación) perfecta, exactamente igual a la que usualmente formulan los magistrados fiscales, en aras de no alterar principios procesales insoslayables, sí, procede exigirle que manifieste claramente su pretensión punitiva».

Además, el juez García señala que «Las omisiones reseñadas -especialmente la no petición de pena- resultan insalvables, no pueden ser suplidas de oficio, so riesgo de vulnerar el principio acusatorio y el propio sistema penal vernáculo».

 

Los hechos de julio de 2003

En la tarde del 26 de julio de 2003, Francisco Cardozo, de 56 años, residente en Punta Colorada, se encontraba orinando en la Rambla de Piriápolis, instancia en la que, fue detenido por personal policial y trasladado en un vehículo de la Sub Prefectura del puerto local a la Seccional 11era., donde según denunció su hermana, Gladys Cardozo, fue sometido a duros castigos por efectivos policiales que ingresaron a la celda donde estaba alojado. Por estos hechos, uno de los 5 efectivos fue procesado por el delito de «lesiones graves», en tanto los restantes por el delito de «encubrimiento».

El hombre estuvo detenido durante unas 5 horas, y a causa de los maltratos recibidos durante ese lapso, al día siguiente, es decir el 27 de julio, debió ser internado de urgencia en el Hospital de Maldonado, donde fue intervenido quirúrgicamente por un cuadro de peritonitis aguda. Luego se comprobó que tenía roturas de vísceras entre otras graves lesiones, lo que motivó su traslado al Hospital Pasteur, donde permaneció durante varias semanas en grave estado.

El semanario La Prensa de Maldonado, publicó entonces una entrevista a Cardozo, quien entre otras cosas, aseguró: «Me pegaron por ser negro, pobre y viejo». Tiempo más tarde, el periodista Julio Toyos, en el programa «Toyos Investiga», que en aquel momento se emitía por TV LIBRE entrevistó nuevamente a Cardozo, y el hombre relató con detalles lo ocurrido. Esta segunda entrevista motivó que el entonces juez de Maldonado, Carlos García -ahora titular del Juzgado Penal de 17º Turno- y el fiscal Juan Bautista Gómez viajaran a Montevideo para interrogar al hombre, que todavía se encontraba sumido en una profunda depresión. *