Ex presidentes colorados discrepan con fallo judicial

La decisión del juez penal de 1er. Turno, Roberto Timbal, de procesar con prisión a Bordaberry y Blanco por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y por la muerte de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw generó diferentes reacciones en el sistema político.

De un lado, los ex presidentes colorados Sanguinetti y Batlle manifestaron su clara preocupación por el hecho, más allá de reconocer que Bordaberry fue el responsable del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. En cambio, desde el Partido Nacional se destaca la importancia de la decisión de la Justicia y recuerdan que el histórico líder blanco, Wilson Ferreira Aldunate, declaró a Bordaberry, en la última sesión del Senado antes del golpe, como «enemigo del pueblo, de la democracia y del Partido Nacional». Sin embargo, Lacalle al ser consultado por LA REPUBLICA prefirió no emitir ninguna opinión pública. En tanto, la izquierda define el acontecimiento como histórico y un avance de la democracia.

 

«Un hecho histórico»

El senador Eleuterio Fernández Huidobro (Movimiento de Participación Popular) dijo ayer en el programa Primera Voz de 1410 AM LIBRE que la sentencia es un hecho «histórico», y acotó que «de algún modo esto es normal, pero lo normal como muchas veces no se hacía, pasa a ser noticia». Añadió que ambos procesamientos debieron «haber pasado antes».

Por otro lado, Fernández Huidobro expresó a LA REPUBLICA que habría que hacerle un «homenaje» a la fiscal de Corte, Mirtha Guianze, y que el pueblo uruguayo «tiene que tener muy en cuenta y no olvidarse quién fue la fiscal de este juicio».

Por su parte, el senador comunista Eduardo Lorier ubicó el hecho en el contexto de «un proceso de avance de los derechos humanos, tanto en el aspecto de la verdad, cuando aparecieron los restos de los desaparecidos; y de la Justicia, cuando los militares y ahora Boraberry y Blanco son procesados por la misma Justicia».

«En ese plano esto nos parece un avance sustancial que hace al fortalecimiento de la democracia, de la Justicia y a un verdadero proceso que deberá culminar, en su momento, en la anulación de la Ley de Caducidad».

El legislador acotó que «la enorme mayoría de la población uruguaya está a favor de este accionar y de esta desembocadura del proceso judicial».

Lorier también destacó como importante que se pueda llegar a procesar a aquellos «responsables políticos e ideólogos que más allá de la parte operativa estaban pensando estratégicamente cómo abortar procesos de unidad de convergencia de los sectores políticos que se oponían a la dictadura, y que si en su momento hubieran avanzado podría haber significado un verdadero golpe para la dictadura y mucho antes de lo que lo ocurrió». Por ello considera que «todavía falta» por avanzar y entiende que es necesario anular la Ley de Caducidad.

 

«Un enemigo del pueblo»

Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) señaló que se trata de un pronunciamiento del Poder Judicial el cual en un estado de derecho debe respetarse.

El legislador remarcó que su colectividad política «respeta la independencia del Poder Judicial», y acotó que «más allá de que se pueda abrir o cerrar un período de la historia y de que el procesamiento pueda implicar el comienzo o el final, lo que dependerá de los futuros acontecimientos, Bordaberry es responsable directo de la dictadura militar, y las responsabilidades directas de los asesinatos que se les imputan emergerán del proceso judicial penal que está en la órbita de la Justicia independiente del Uruguay».

«No conocemos el auto de procesamiento del caso, pero es innegable que Bordaberry tiene una responsabilidad imposible de soslayar con el comienzo de la dictadura militar, porque fue el responsable civil más importante», señaló Larrañaga.

Añadió que su colectividad política «fue enemiga de la dictadura militar, lo que proclamó Ferreira Aldunate en aquella sesión histórica del Senado cuando habló de Bordaberry como enemigo de su pueblo». Por su parte, el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) dijo que «se está viviendo un tiempo diferente en la vida del país, producto de un proceso que se inició en 1985. Este tiempo implica cambios y el Poder Judicial se adecua a ese tiempo, además hoy existe una menor tensión y presión en la sociedad lo que da mayor libertad de acción».

Acotó que «Bordaberry políticamente es absolutamente responsable del golpe de Estado del 73, de la dictadura militar y las consecuencias que esto trajo aparejado. Más aún el Partido Nacional lo declaró, en las palabras de Ferrerira Aldunate, como enemigo de la democracia».

Añadió que el Poder Judicial es el que tiene que determinar el grado de responsabilidad penal que le corresponde al dictador, y acotó que su fuerza política dejará actuar a la Justicia «la que tomará la decisión que tenga que tomar».

 

«Mala noticia»

En cambio, Batlle opinó que para él y para el país se trató de «una mala noticia», pero no porque «el señor Bordaberry no haya dado un golpe de Estado que sufrimos todos», sino porque el país está siguiendo un proceso sobre el cual desconoce «cuándo y dónde va a terminar». «Uruguay tiene que dedicarse a resolverle el problema a los 196 mil jóvenes que entienden que lo mejor que les puede pasar no es que Bordaberry vaya preso, sino ser empleados del municipio», afirmó Batlle en declaraciones públicas. Por su lado, Sanguinetti dijo que tiene para «la política y las conductas políticas del señor Bordaberry expresiones de rechazo por haber incumplido su juramento democrático y haber contribuido a establecer un sistema de pérdida de libertades y hasta pretender la abolición de los partidos políticos».

«No obstante ello, vemos con preocupación que los parámetros básicos de la política de paz que el país desarrolló y que nos ha permitido hasta hoy transitar cuatro gobiernos democráticos con generosidad y perdón general, puedan estar cambiándose en una mirada hacia el pasado que juzga a unos y no a otros, y entra en un camino de discriminaciones que quizás vuelva a abrir heridas que el país venía cerrando», sentenció Sanguinetti. *