El EP denunciará a Tortorella y Real por exoneración al Conrad

La situación se relaciona a una exoneración impositiva por casi 310 mil dólares a la empresa Baluma SA, propietaria del Hotel Conrad, que el 21 de junio el Tribunal de Cuentas de la Nación dictaminó como ilegal.

Dos semanas después que la edila María del Carmen Salazar (Cabildo 2000) confirmara la intención de denunciar a los jerarcas, la bancada encuentrista decidió llevar el tema al plenario de la Junta Departamental y al cierre de este envío, intentaban lograr el apoyo de otros ediles. Aunque una fuente del sector aseguró que «de todas maneras, si no lograban apoyo se presentarían solos en la sede judicial».

Por otro, se confirmó en fuentes judiciales que el fiscal Gilberto Rodríguez analizaba por estas «tomar de oficio» la denuncia publicada por LA REPUBLICA el pasado 11 de setiembre.

Como sea, la suerte judicial de Tortorella y Real parece sellada por estas horas y deberán responder en el juzgado por una resolución denunciada en marzo a este matutino por la edila nacionalista Cristina Pérez. Sin embargo, todo parece indicar que también algunos jerarcas más deberían responder por sus acciones.

Se trata de la ex prosecretaria general y asesora jurídica municipal, Bethel Rodríguez Fontanelli, autora del decreto en cuestión; el asesor jurídico del Departamento de Hacienda, Gabriel Adriasola, autor del sustento jurídico en el que se basó el ex intendente y Nuble Guadalupe, director de Hacienda de la Comuna.

Las fuentes entienden que «todos estos funcionarios fueron partícipes necesarios en la elaboración del decreto municipal y en razón de su cargo estaban obligados a advertir que se trataba de una exoneración ilegal».

La denuncia puede tener un giro sustancial, ya que por lo menos dos personas han manifestado poseer evidencias que podrían hacer presumir una conjunción del interés público con el privado. En marzo el edil frenteamplista Nelson Guerra dijo a LA REPUBLICA que esa exoneración «es un reparto de premios, alguna otra cosa encubierta o tal vez caiga algún billete en la campaña de algún candidato blanco. Tenemos todo el derecho del mundo a sospechar eso, más cuando se hace en este momento y en violación a todas las normas y leyes». Precisamente, ahora la Justicia podría investigar si hubo aportes financieros del Conrad a la campaña política del candidato, y ahora intendente, Enrique Antía.

Importantes dirigentes nacionalistas, como el edil Guillermo Ipharraguerre (Herrerismo) que al momento de la firma del decreto se desempeñaba como Director de Asesoría Jurídica municipal, tomaron distancia esta semana de una decisión que provocará un nuevo escándalo político departamental.