Los blancos proponen crear un archivo nacional de la memoria

La información que se procura obtener es la proveniente de cualquier poder u organismo público que hayan tenido relación con violaciones a los Derechos Humanos en esa etapa.

La iniciativa fue propuesta por la diputada Beatriz Argimón (Correntada Wilsonista) y contó con el respaldo de toda la bancada nacionalista.

El proyecto está relacionado con lo que sucede en aquellas sociedades que le atribuyen a los archivos de «guerra o de dictadura» un rol importante en el proceso de búsqueda de la verdad, indicó Argimón.

Recordó que hace algunos años la Unesco recomendó que la apertura de los archivos «tiene que ir de la mano de un instrumento legal», y por ello el Partido Nacional decidió presentar esta iniciativa.

La finalidad fundamental del archivo será «contribuir a mantener viva la conciencia social sobre la importancia de la vigencia de los Derechos Humanos y del sistema democrático de gobierno, así como también contribuir al conocimiento de la verdad histórica».

Argimón había invitado meses atrás al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y a la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti quienes coincidieron en la necesidad de contar con una ley al respecto.

Por su parte, el jurista Óscar López Goldaracena, expresó ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados el pasado miércoles 8 de noviembre que «los archivos de la época de la dictadura» es un de los asuntos a los que debe enfocar su atención el grupo de labor parlamentario.

En ese ámbito Goldaracena señaló que existe un proyecto en la Cámara de Senadores relativo al acceso a la información que fue presentado por organizaciones sociales en el cual se hace referencia a los archivos de la época de la dictadura.

«Me parece que es perfectamente desglosable ese proyecto, porque una cosa es el derecho al acceso a la información pública y, otra los archivos de la dictadura. Cuanto más tiempo pase sin tomarse una decisión al respecto se corre el riesgo de que esos archivos puedan extraviarse», advirtió el jurista.

Goldaracena considera que «a toda la sociedad uruguaya le asiste el derecho a conocer, y acceder a ese tipo de información», por lo cual debe ponderarse ese derecho colectivo frente al derecho de intimidad e individual». *