Brovetto: encargatura de Guianze fue con medidas "apegadas a Derecho"

El intercambio de ideas y la sustentación de puntos de vista resultaron reiterativos pues se redundó en las opiniones y análisis expuestos desde el comienzo. No obstante, fue posible oír las sutiles disquisiciones jurídicas del senador Korzeniak, al explicar la diferencia sustancial existente entre designar a un funcionario en determinado cargo y encargarlo provisoriamente o interinamente de cumplir esa función. El legislador socialista expresó que no hubo designación en este caso, ni definitiva, ni interina: se le encargó funciones.

Asimismo, el senador Alberto Breccia pulverizó los argumentos de la oposición con fundamentos sólidos. Pero su intervención se centró luego en la necesidad de una apertura hacia el diálogo entre gobierno y oposición. Propuso «bajar la voz y elevar los argumentos». Esta propuesta fue bienvenida por el senador Abreu quien, aun adhiriendo a la posición de su partido, se mostró partidario de buscar caminos de diálogo. El ministro Brovetto fue más lejos y ofreció formalmente en nombre del gobierno la reanudación del diálogo, proponiendo que el mismo incluyera otros temas pendientes como la integración de los organismos de contralor así como entes y servicios descentralizados.

Cuando parecía que la concordia reinaría entre gobierno y oposición, el líder nacionalista Larrañaga prefirió el camino de la confrontación, y con su vozarrón y su estilo vehemente, no mostró entusiasmo en la posibilidad de retomar el diálogo. En esa postura se mostraron Heber y Moreira, no así Da Rosa, quien aportó también su cuota de cordura y sensatez.

Con una barra inusualmente colmada, a la hora 16.10 comienza la sesión extraordinaria dedicada a la interpelación votada el mes pasado. Antes que nada, Penadés aclara, por las dudas, que esta interpelación no obedece a un capricho opositor ni a la voluntad de entorpecer la gestión del gobierno, sino a la necesidad de defender el estado de derecho, el orden jurídico y la legislación.

La argumentación y toda la fundamentación desarrolladas por el interpelante apuntan a acusar directamente al gobierno nada menos de violar la Constitución y la ley. «Se trata de una flagrante y consciente violación del estado de derecho». La designación de la doctora Mirtha Guianze «constituye un desborde» y viola el requisito constitucional que exige tres quintos de integrantes del Senado para otorgar la venia pedida. «La soberbia parece guiar al Poder Ejecutivo», sostiene dramáticamente el senador Penadés, y le reclama un gesto de grandeza consistente nada menos que en una marcha atrás: que reconozca su error, que lo enmiende dejando sin efecto el nombramiento y buscando caminos de diálogo para llegar a un candidato que concite un mínimo consenso, y reencauzarse, así en el respeto al orden jurídico.

Aun sabiendo que la oposición no cuenta con los votos necesarios para declarar insatisfactorias las respuestas del ministro, Penadés entiende que el «quiebre institucional no es un error. Se trata de un acto arbitrario y de una desviación de poder»; un «avasallamiento del orden constitucional»; una «violación de la Constitución con dolo, con conciencia tanto del Presidente de la República como de la funcionaria designada». De paso recuerda el nombramiento del doctor Bayardo Bengoa (quien luego sería ministro de Justicia durante la dictadura) bajo el gobierno de Pacheco Areco, en 1971; esta alusión puede ser muy irritante para el oficialismo ya que implica comparar a éste con el actual Presidente.

Aunque le consta que la mayoría oficialista respaldará al ministro, reivindica la función de contralor que debe ejercer el Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. Y lanzó un pequeño misil: algunos legisladores oficialistas reconocen en voz baja pero no públicamente la ilegalidad de la designación; esta afirmación causará una firme réplica de Nicolini.

Entre citas de Rousseau y las teorías contractualistas del Siglo de las Luces, el interpelante enumera las disposiciones legales y constitucionales que el Ejecutivo no habría tenido en cuenta.

En primer lugar, el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución por el cual el Ejecutivo debe designar al Fiscal de Corte y debe para ello contar con la venia del Senado otorgada por 3/5 de sus componentes. Y luego, una disposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal por la que se establece que el subrogante debe ser el fiscal civil más antiguo.

Abunda y sobreabunda en consideraciones jurídicas y políticas, reitera antecedentes y cita disposiciones relativas a los fiscales que datan de siglos anteriores. Analiza todas las decisiones del Ejecutivo que requieren venia del Senado, y hace hincapié en que el que está en falta es el gobierno pues tiene la obligación de designar al Fiscal de Corte; y como para ello necesita la venia del Senado, debe proponer otro nombre.

Varios pares del interpelante bostezan; otros despuntan un sueñito. Pero Penadés no se arredra y sigue sosteniendo que toda la actuación de Guianze al frente de la Fiscalía de Corte estará viciada y no tendrá valor en razón de su designación contraria a derecho.

El interpelante explica el rechazo de la oposición a la designación de la doctora Guianze. No se trata de cuestionar su actuación en los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura; lo que se le cuestiona es su adhesión al doctor Peri Valdez y al modo en que éste condujo la Fiscalía de Corte.

Para concluir, pasa a formular las preguntas para que las responda el ministro Brovetto.

 

Brovetto: el PE no innovó

Sobre la hora 18.15, Brovetto salió al cruce de Penadés: «Me veo en la obligación personal, ética y política, de decir que rechazo profundamente, por incorrectas, por infundadas y agraviantes algunas de las expresiones del interpelante. Me refiero a las expresiones señalando que sería un quiebre institucional, el máximo en los últimos años o inclusive que esto es una flagrante violación del Estado de Derecho».

«El tamaño de semejante aseveración debe ser firmemente demostrado, y en el caso particular a que se hace referencia, no sólo no ha sido demostrado más allá de la farragosa presentación si no de falta de argumentos que contestaremos», indicó.

Para Brovetto «cuando se adjudica intención tanto al Poder Ejecutivo, al Presidente, al ministro o a integrantes respectivas se está agraviando al Presidente, a este ministro, a la bancada, y a la democracia uruguaya».

El secretario de Estado puntualizó que las medidas en la designación de la Fiscal de Corte «han sido oportunas y necesarias (para la administración) y estrictamente apegadas a Derecho».

«Son constitucionalmente y legalmente adecuadas», precisó.

Posteriormente, efectuó todo un racconto sobre los antecedentes cronológicos que se adoptaron en la actual administración en lo atinente a los registros públicos, y en la designación del Fiscal de Corte.

Brovetto destacó una de las razones centrales de la nominación de Guianze: «Considerando que servicios de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación son indispensables no sólo para el funcionamiento del Ministerio Público si no para el propio desarrollo del sistema jurisdiccional del país, lo que constituye uno de los servicios esenciales del Estado, y es por lo tanto deber de la Administración encargar provisoriamente a un Fiscal que no esté legalmente impedido el cumplimiento de las funciones correspondientes hasta el llenado de la vacante en forma definitiva».

Añadió que «el Poder Ejecutivo no innovó en relación a las administraciones anteriores».

Cuestionó que la oposición califique el nombramient
o de Guianze como

«un cargo de confianza política partidaria», dejando en claro que se valoraron «estrictos criterios técnicos», tal lo expresado en el mensaje del 25 de abril.

«Se podrá discrepar con la medida por razones políticas o de otra índole pero no puede decirse que se haya apartado del Derecho, que la Administración tiene de ejercer su discresionalidad cuando la legislación o la Constitución no establecen una solución clara, inequívoca ni se lo impide», sostuvo.

Finalmente, Brovetto convocó a la oposición «al diálogo, al diálogo necesario».

Sobre la hora 21.30 el senador Jorge Larrañaga del Partido Nacional instó a todos los partidos políticos y al ministro Brovetto a buscar un candidato de consenso en un plazo hasta el próximo martes.

No bien terminada la intervención del miembro interpelante, tomó la palabra a la hora 18.14 el senador Leonardo Nicolini (MPP) quien consideró que los dichos del legislador Penadés al señalar que hay parlamentarios oficialistas que estiman que es inconstitucional la designación de Guianze, «es un recurso muy bajo».

«Es un recurso muy bajo sostener que miembros de esta bancada de gobierno sostienen o adjudican una inconstitucionalidad en este sentido».

«No he escuchado una sola declaración pública en la cual un miembro de esta bancada haya sostenido eso, y sí he escuchado declaraciones de senadores del Partido Nacional apoyando la designación de Guianze y considerando que era la mejor fiscal para designar en este lugar», agregó.

Nicolini también discrepó con la aseveración de Penadés respecto a que la bancada respaldará al ministro Brovetto en función de «una orden de la Presidencia de la República». *