Una nueva línea para investigar contratos

Desde que la revista Latitud 30-35 publicó un artículo denunciando actos de nepotismo en la administración encabezada por el ex presidente Julio María Sanguinetti, a través de un pedido de informes promovido por el Encuentro Progresista en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, se supo que sólo en 1999 se registraron en la órbita de la OPP, 1.675 contratos de arrendamientos de obra y de servicios.

En otra respuesta de un pedido de informes, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) contestó a la bancada de senadores del Encuentro Progresista que entre 1990 y 2000 se constataron 927 contratos.

En su pedido de informes, el senador Enrique Rubio inquirió sobre «cuántos funcionarios fueron designados por el sistema de alta gerencia previsto por el artículo 714 de la Ley Nº 16.736 (Presupuesto Nacional) al amparo de lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189 (de 30 de abril de 1974) para el desempeño de funciones de alta especialización en puestos técnicos o de asesoramiento, a partir de la vigencia del sistema, en forma discriminada por unidad ejecutora contratante».

Rubio también pregunta «si en todas las designaciones efectuadas a partir de la entrada en vigencia del sistema se verificó la actuación previa de la Comisión Asesora en la materia, prevista en el Artículo 22 del Decreto Ley Nº 14.189, reglamentado por el Decreto 629/92 del Poder Ejecutivo».

«Tecnoburocracia»

En su fundamento de voto, Rubio expresa que «en el marco de la llamada ‘reforma del Estado’, la Ley 16.736, de presupuesto nacional, creó en su artículo 714 un sistema de alta gerencia, que consistió en un régimen de designación de funcionarios contratados para el desempeño de funciones de alta especialización en puestos técnicos o de asesoramiento».

«Estos regímenes de contratación directa, de discrecionalidad prácticamente absoluta, sumados al conjunto de contratos de arrendamientos de obra y servicios con personas físicas han generado una tecnoburocracia financiada por el Estado pero ajena a sus cuadros funcionales estables que es preciso conocer en su dimensión, funciones desempeñadas y en el costo que significan para el erario».

«Todo gobierno para el cumplimiento de sus planes necesita de apoyos para las múltiples tareas de gestión, pero la superposición de mecanismos de designación directa (alta especialización, alta gerencia, contratos de obra o servicios, cargos políticos y de particular confianza) no contribuye a la transparencia del sistema además de expandirlo más allá de lo aconsejable», considera Rubio.