Declaración final condena muro de Bush

En una sesión de trabajo que se extendió una hora más de lo previsto, los cancilleres de la Organización de Estados Iberoamericanos superaron las diferencias que se habían registrado el jueves en la reunión de los coordinadores nacionales y acordaron incluir referencias a los derechos humanos de los inmigrantes en la Declaración de Montevideo, texto que los mandatarios firmarán al culminar la XVI Cumbre Iberoamericana.

No obstante, en la reunión de cancilleres, el representante de Uruguay, Reinaldo Gargano, afirmó que la declaración de Montevideo respeta las legislaciones de todos los países firmantes, pero además los tratados internacionales. Las nítidas referencias del gobernante uruguayo parecieron aludir a la polémica que había estallado el día anterior al proponer la delegación de México incluir una mención expresa en el tema migratorio a los acuerdos internacionales como garantía para regular estos procesos.

Como ya se ha informado en la víspera, España se opuso a este agregado al insistir que su legislación ya era lo suficientemente garantista.

La problemática en torno a los flujos migratorios es el tema central de la reunión de jefes de Estado que comenzó ayer en Montevideo.

Según pudo saber LA REPUBLICA la llegada del canciller español, Miguel Angel Moratinos, habría sido un elemento clave para flexibilizar la posición que ese país había mantenido en la reunión anterior, y aceptar la mención de los derechos humanos en el texto definitivo del Compromiso de Montevideo (anexo de la Declaración final que refiere exclusivamente a migración), aunque se mantuvo firme en su posición de no hacer mención a normas internacionales concretas. El texto final, en efecto, no incluye el agregado promovido por México.

De acuerdo a lo indicado por las fuentes «el texto que se pondrá a consideración de los presidentes podría decirse que representa un triunfo parcial para España, ya que ese país no aceptaba que se mencionará a una norma como factor vinculante supranacional, ya que estima que su ley de migraciones es suficientemente buena para asegurar el respeto a los derechos humanos».

La cláusula que había propuesto México rezaba: «Se respetarán los derechos humanos de los migrantes de acuerdo a lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de ONU y otros acuerdos internacionales».

La carta universal apenas se menciona en el punto 13 del Compromiso, donde se afirma que los gobiernos iberoamericanos «fomentarán la realización del derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que todos sus derechos humanos se hagan plenamente efectivos, conforme los términos concebidos en el artículo 28 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos».

Asimismo el punto 10 indica que «los Estados al ejercer su derecho de regular el ingreso y permanencia de personas en sus territorios deben respetar las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados, desde sus respectivos ámbitos jurídicos de aplicación».

Mientras que la aplicación de la norma internacional de acuerdo a las leyes nacionales se reitera en los puntos, como el 15, referente a la entrada y permanencia de los trabajadores extranjeros será de acuerdo «a las vías establecidas en las respectivas legislaciones constituye la mejor garantía para el respeto de los derechos humanos».

Por su parte, el numeral 17 del documento sostiene que «migrar no es un delito, por lo que los Estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante».

Además, el ítem g del ítem 25 -relativo al compromiso que adoptan los gobernantes en esta materia- enfatiza que promoverán «el fortalecimiento de los derechos humanos como un componente central de las políticas y prácticas migratorias de los países de origen de tránsito y de destino, asegurando la protección de los derechos humanos de los migrantes en el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado, independientemente de su condición de migrante, y cualquiera que sea su nacionalidad, origen étnico, género o edad».

 

Nuevo estatuto

Los ministros de Relaciones Exteriores también acordaron ayer solicitar a los gobiernos de España, Chile y Uruguay la creación de un nuevo estatuto por el que se permita la participación en las Cumbres Iberoamericanas de países que no integran la comunidad.

La propuesta es que a estos se les otorgue la calidad de «observadores». Según explicaron las fuentes la intención es contemplar a naciones como Italia, Belice o Estados Unidos, ya que debido a la presencia de inmigrantes latinos o la tradición cultural hacen que estos compartan un sinnúmero de condiciones presentes en la comunidad iberoamericana y de alguna manera pueda considerárseles parte de la misma.

Esta norma será presentada, y eventualmente aprobada, en la reunión de mandatarios a celebrarse el próximo año en Santiago de Chile.

 

Declaraciones especiales

Como es habitual, además de la Declaración Final, mañana los presidentes emitirán una serie de declaraciones especiales referidas a situaciones de actualidad que preocupan o merecen destaque.

En ese sentido, uno de los comunicados se pronuncia en contra de la intención de Estados Unidos de construir un muro en la frontera con México.

En este sentido, se afirma que esa construcción «no detiene la migración indocumentada, el tráfico de migrantes, ni la trata de personas».

Además, manifiestan su «profunda preocupación» por la decisión de Bush que califican de «medida unilateral contraria al espíritu de entendimiento que debe caracterizar la atención de los problemas comunes entre países vecinos». A su vez, se hace un «firme llamado al gobierno de los Estados Unidos para que reconsidere la construcción de un muro divisorio en América».

Mientras que otro lo hace contra el bloqueo a Cuba, y otro considera que el ordenamiento de los flujos migratorios no deben limitar el acceso de los refugiados a la protección internacional.

En tanto que se realizaran expresiones de apoyo a la ampliación del Canal de Panamá y a la integración energética; en reconocimiento a la lucha del gobierno colombiano contra la guerrilla; y a favor de la lucha contra el terrorismo. Asimismo se reiterará el deseo de que Argentina y Gran Bretaña retomen las negociaciones para encontrar una pronta solución al dilatado conflicto por la soberanía de las Malvinas. *