Lara sostuvo que la Dinara sólo actuó en una veintena de denuncias sobre 53 que él formuló

El senador Julio Lara (Alianza Nacional) sostuvo que el director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) sólo dio curso a algo menos de 20 de las 53 denuncias que formuló sobre embarcaciones que no podían estar pescando corvina en virtud de un acuerdo de cierre de pesquería por el período entre el 25 de octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2005.

«En lugar de haber dado andamiento a la denuncia de las 53 actas, sólo se lo dio a 17 de ellas; por tanto, las restantes 34 fueron dejadas en un cajón y recién en marzo de este año se les dio ingreso, después de que ya había pasado la veda. Aclaro que de las mismas actas se desprende todo esto que estoy manifestando», señaló Lara.

Los conceptos fueron expresados días atrás en la Comisión de Ganadería, Agricultura, y Pesca de la Cámara alta.

«La pesca en el Uruguay se encuentra regulada por la Ley Nº 13.833, de 29 de diciembre de 1969, el Decreto Nº 149/97, y normas complementarias. En nuestro país este recurso es de gran relevancia: nos significa U$S 150.000.000 en exportaciones», agregó.

Explicó que «con fecha 20 de octubre de 2005, por resolución 1/01, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo dispone el cierre de pesquería de corvina por el período comprendido entre el 25 de octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2005. Tengo en mi poder la resolución y me pregunto por qué se realizó el cierre de pesquería. Hay un acuerdo entre los dos países que permite, en el caso concreto de la corvina, la pesca de 36.000 toneladas por país». Pero «después que se llega aproximadamente a esa cantidad, concretamente, cuando se emite esta resolución, el 30 de setiembre ya habían alcanzado la cifra de 34.606 toneladas».

En el período de cierre de la pesquería, cuando esta resolución estaba vigente, las embarcaciones autorizadas correspondientes a la Categoría B, eran 33; sin embargo, fueron 144 las embarcaciones que salieron.

Aludió a la denuncia «realizada por un inspector donde se habla de lo que se pescó; concretamente, se dice que de un total de 1.759 cajas que ingresaron, 959 eran de corvina, violando así la Resolución Nº 1/05 de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Quiere decir que esto no fue por arrastre -como se sabe, en ese sentido el porcentaje permitido es de entre un 3% y 4%- porque prácticamente más del 60% de la pesca que ingresó era de corvina, que era justamente lo que no estaba permitido».

 

Código Penal

Lara precisó que «el artículo 168 del Código del Proceso Penal establece que si un funcionario público detecta una posible maniobra de irregularidad de otro funcionario, se le puede enviar un telegrama colacionado dándole diez días para que actúe. Precisamente fue lo que hice en una segunda instancia -no estamos hablando de una denuncia que radiqué hace un mes, sino hace un año- al enviarle a Montiel un telegrama colacionado, que acá está fundamentado, para que tomara cartas en el asunto donde habíamos detectado la irregularidad. Sin embargo, ni actuó ni me contestó. Esa fue la razón por la cual realicé la denuncia penal». *