Cónclave en Santiago de grupos de ultraizquierda

Grupos guerrilleros y organizaciones sociales de extrema izquierda de América Latina –entre los cuales están los Fogoneros de Uruguay– iniciaron ayer en Santiago un encuentro internacional que tiene como objetivo compartir experiencias «revolucionarias contra la explotación de los pueblos», según declararon. Al encuentro de tres días «Proyecciones de la lucha revolucionaria», convocado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) –la guerrilla urbana que enfrentó con las armas la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990)– acudieron representantes de una decena de organizaciones de Latinoamérica. Según reveló en rueda de prensa Jorge Gálvez, líder del FPMR, entre los participantes figuran la organización Quebracho y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Argentina; Pachakuti de Bolivia; Fogoneros, de Uruguay; Todas las Voces, de Perú; Fogata, de Venezuela, y el Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador. Gálvez indicó además que también participan representantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), aunque advirtió que «no vamos a exponer a los compañeros colombianos a todo este nivel de represión», por lo que declinó identificarlos. «Ellos son partícipes activos de este encuentro», aseguró el dirigente. De acuerdo con Gálvez, el gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet los ha sometido a un «asedio permanente» al intervenir sus conversaciones telefónicas y seguirlos durante «todos estos días». Gálvez criticó que la noche del jueves el argentino Fernando Esteche, líder de Quebracho, no pudiera ingresar a Chile a través del paso fronterizo Los Libertadores, en la Cordillera de los Andes, y fuera obligado por autoridades chilenas a tomar un bus de regreso a su país. «A pesar de todo esto, la actividad se va a realizar», dijo Gálvez. La cita revolucionaria generó críticas de la derecha chilena, que acusó a los participantes de terroristas y pidió al gobierno que no la autorizara. El Ministerio del Interior, sin embargo, dio su visto bueno, pero anunció que intensificaría el control fronterizo para impedir el ingreso de aquellos que tuvieran juicios pendientes en sus países. *