Contratación directa en IMC
Canelones
Una comisión especial de la Junta Departamental de Canelones investigará, entre otros asuntos, la contratación directa por parte del intendente Tabaré Hackenbruch de una empresa de vigilancia perteneciente al funcionario municipal Alberto Morales Barreiro, sindicado como un informante de la Dirección de Inteligencia durante la pasada dictadura militar.
El nombre de Morales aparece varias veces en el libro «Quince años en el infierno», escrito a mediados de la pasada década por el ex agente de Inteligencia José Calace. Según este autor, el actual empresario del área de vigilancia privada se infiltraba en fábricas para «quemar» a los sindicalistas.
Fuentes municipales aseguraron que en 1985, durante el primer período de gobierno de Hackenbruch, una conocida empresa de seguridad ubicada en Montevideo y en la que estaba al frente Morales fue contratada para ejercer tareas de «vigilancia» en el municipio. En el período municipal que culminó el pasado mes de julio, ejerció la suplencia del edil forista Gregorio Camejo.
Ayer, el edil de Asamblea Uruguay Juan Ripoll declaró a LA REPUBLICA que «a través una observación, el Tribunal de Cuentas denuncia a la Junta Departamental que la Intendencia de Canelones ha contratado sin licitar el servicio de vigilancia del ex frigorífico Comargen –en una cifra aproximada a los 120 mil dólares anuales– a la empresa R y M, cuyo propietario es Alberto Morales, funcionario municipal número 26 y ex personero de la dictadura».
«Costará tres veces más vigilar Comargen que el propio predio», destacó el curul, remarcando que «hasta el momento, la única utilidad que se la ha dado fue almacenar sillas de la empresa Laja, lo cual fue objeto de un pedido de informes de la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA)».
Comisión especial
Según explicó el curul frenteamplista, en la pasada sesión de la junta departamental «se pretendió archivar esta carpeta por parte de la minoría del deliberativo: las listas 2005 y la 515 –compuesta por dirigentes afines al ex candidato municipal Eduardo Chiesa–, que desde hace un tiempo votan en bloque».
Ante la observación del Tribunal, la mayoría de la junta «aprobó la creación de una comisión especial integrada por siete miembros a los efectos de determinar este tipo de irregularidades», indicó Ripoll. La referida comisión tendrá hasta el próximo 15 de diciembre para emitir su dictamen al respecto.
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